El abono básico de Cablevisión tuvo un incremento de 68,6 por ciento en los últimos doce meses, al pasar de 230,17 pesos, en abril de 2014, a los actuales 388 pesos; un incremento que excede cualquier índice inflacionario. “Los aumentos de Cablevisión son desmesurados y sin justificación. Además, nunca respetan la obligación de informales a sus clientes con 60 días de anticipación cualquier cambio en los contratos”, explicó a Página/12 Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc).

En 2010, el Estado intervino para regular el precio de este servicio a través de la resolución 50 de la Secretaría de Comercio, la cual fue frenada por la Justicia a través de una medida cautelar luego de un reclamo del Grupo Clarín. En septiembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del multimedio al sostener la cautelar hasta que se resolviera la cuestión de fondo. La semana pasada, el máximo Tribunal tuvo otro “gesto” hacia Cablevisión al rechazar una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que Cablevisión devolviera el excedente cobrado a sus clientes. “El reciente fallo de la Corte señaló que una resolución de Defensa de la Competencia no era aplicable a los reclamos contra Cablevisión y lo hizo extensivo a Cencosud. La Corte se equivoca porque permite que grupos económicos concentrados hagan abuso de la falta de responsabilidad empresaria y uso de su posición dominante”, remarcó Bassano.

La resolución 50 incluía una fórmula que contemplaba la estructura de costos de las empresas de cable y, en función de esos guarismos, fijaba un precio para la prestación del servicio. La Secretaría de Comercio modificó periódicamente el valor de la prestación, a través de otras resoluciones, acorde a la variación de precios oficial. En septiembre de 2014, el abono básico de Cablevisión debía costar 152 pesos, pero los clientes de esta empresa recibieron en sus facturas un costo de 283,08 pesos, es decir un 86 por ciento más que lo dictaminado por Comercio. La empresa del Grupo Clarín nunca cumplió con lo dictaminado por la resolución 50.

La puja judicial entre el Gobierno y Clarín posee varios capítulos. Frente a los aumentos constantes de precios en el abono del cable, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia resolvió en 2010 –mismo año del dictado de la resolución 50– que Cablevisión debía retrotraer los valores cobrados y devolverle el dinero a sus clientes. Pero la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la CNDC “carece de atribuciones resolutivas para adoptar medidas preventivas o sancionatorias”. El fallo obtuvo los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Elena Highton de Nolasco votó en disidencia, remitiéndose al dictamen de la Procuración General.

El 26 de agosto de 2013, la procuradora Alejandra Gils Carbó afirmó que el rechazo a la intervención de la CNDC “implica desconocer una atribución legal que fue instituida para proteger los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores (artículos 42 y 43, Constitución Nacional). En otras palabras, ello contribuye a consolidar la situación de asimetría en la que se encuentran los usuarios y consumidores”.

Para la Procuración, la CNDC recurrió a la facultad prevista en el artículo 35 de la Ley de Defensa de la Competencia que le da atribuciones para “determinar la existencia de una lesión a los derechos de los usuarios y consumidores”. El máximo tribunal interpretó lo contrario, al sostener que quien debería fijar dichas medidas preventivas es el tribunal de defensa de la competencia, institución no creada hasta el momento.

“Con este fallo, la Corte le está quitando legitimidad a todo lo que haga el Estado para preservar los derechos de los usuarios y consumidores”, sostuvo el titular de Aducc, Osvaldo Bassano, quien viene denunciando reiteradamente los aumentos de Cablevisión.

El Grupo Clarín facturó, en 2014, 19.616 millones de pesos. De ese total, Cablevisión obtuvo ventas por 14.214 millones de pesos, es decir el 72,5 por ciento del total de ingresos generados por el grupo. La rentabilidad neta del multimedio, que todavía sigue sin adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue el año pasado de 804 millones de pesos, un 68 por ciento superior a la rentabilidad obtenida en 2013. Los aumentos en el precio del abono, durante el último año, han sido claves para explicar el incremento de la rentabilidad neta.

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