El pasado 25 de marzo se constituyó la comisión bicameral investigadora de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país, con el propósito de investigar el esquema que habría facilitado la fuga de capitales y la evasión impositiva a través de una filial del banco HSBC en la ciudad suiza de Ginebra.

En efecto, hacia fines del año pasado, en el marco del convenio para evitar la doble imposición firmado entre la Argentina y Francia, la AFIP recibió por parte del país europeo información acerca de la existencia de 4040 cuentas no declaradas de titulares nacionales durante los años 2006 y 2007 en aquel banco. Luego, el ente recaudador realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia argentina, al tiempo que puso la información en manos del Poder Legislativo Nacional.

Habiendo transcurrido un mes desde la conformación de la bicameral, es un momento adecuado tanto para trazar un balance sobre lo realizado hasta la fecha como para analizar las perspectivas a futuro.

En primer lugar, vale destacar la buena predisposición y el espíritu colaborativo demostrado por los representantes de los diversos organismos del Estado que fueron invitados hasta el momento: el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Germán Feldman.

El valor trascendental de la exposición de los funcionarios fue indicar que el comportamiento de ciertos conglomerados empresarios y bancos extranjeros fue y sigue siendo lesivo para el bienestar de los argentinos. Así, acumular ganancias, sacarlas del país presionando contra las reservas internacionales y en muchos casos evadir los tributos correspondientes, fue no solo la causa principal de las graves crisis periódicas del pasado reciente, sino que también lo es de recortar y frenar el desarrollo de la Argentina actualmente.

Ahora bien, si la actitud de los representantes de los organismos estatales se caracterizó por ser abierta, receptiva y colaborativa, lamentablemente no podemos decir lo mismo de las autoridades del banco investigado.

De hecho, tanto el presidente de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, como su vicepresidente, Miguel Angel Estévez, se excusaron de contestar las numerosas preguntas que los diputados y senadores les hicieron amparándose erróneamente en el secreto bancario, figura a la cual no pueden acudir, dado que el artículo 6 de la Ley 27.094 que dio origen a este cuerpo legislativo establece que “en ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional (...) en cuanto se trate de informes, testimonios, documentos o antecedentes de la materia objeto de la investigación”.

De este modo, el banco no hizo más que reforzar el fuerte estado de sospecha existente sobre su accionar en la Argentina. Además, la mezcla de arrogancia y sorpresa de sus autoridades ante las preguntas de los legisladores puso de relieve la íntima convicción que tiene el poder económico de sentirse al margen de los poderes constitucionales, sobre todo de aquellos elegidos por el voto popular.

¿Cuáles serán los siguientes pasos? La comisión comenzará a citar desde hoy a las empresas que poseían cuentas no declaradas en la filial ginebrina del HSBC, empezando por las tres primeras que aparecen en el listado que fuera remitido por el Estado francés: Cablevisión, Central Térmica Güemes y Telecom Argentina.

Es imprescindible que el trabajo de la comisión arribe a determinar si existe un comportamiento habitual y sistémico de la banca extranjera que opera en el país y de empresarios poderosos con capacidad de asignar recursos en contra de los intereses argentinos. Y en tal caso, proponer los cambios legislativos necesarios a la regulación vigente en materia cambiaria y financiera que permitan obturar estas formas de funcionamiento del capital.

En este punto, es clave el rol de las fuerzas políticas de la oposición. Hasta el momento, las mismas le han reclamado a los organismos reguladores controles más enérgicos, pero al mismo tiempo su principal propuesta de campaña electoral es liberalizar el mercado de cambios en moneda extranjera.

Esta contradicción es insostenible. Debemos tener claro que el control y la regulación del capital monopólico y trasnacionalizado debe ser una política de Estado. Solo así podremos garantizar la plena vigencia de las instituciones democráticas y el desarrollo económico de la Argentina.