Fútbol para Todos aparece como uno de los objetivos del ajuste fiscal que anticipa la mayor parte de la oposición para 2016 en caso de imponerse en las elecciones. En particular, dirigentes del PRO le apuntaron con el argumento de que River-Boca tuvo una audiencia de tres millones de televidentes, mientras que 37 millones pagan con sus impuestos algo que no ven. No es un pensamiento novedoso. La misma lógica aplican para Aerolíneas Argentinas. La sociedad en su conjunto soporta los costos de una compañía que da pérdidas y que utiliza sólo una porción reducida de la población. Es la filosofía que en los ‘90 llevó, por ejemplo, a desmantelar los ferrocarriles. Bajo el supuesto de que el déficit fiscal es la causa central de los problemas de la economía, la medicina es podar gastos innecesarios. Y las partidas que habría que recortar son invariablemente las que dan beneficios a sectores populares. En ese camino, seguramente tampoco se salvarían Tecnópolis, el canal Encuentro o PakaPaka. Es la concepción del achicamiento, que lleva a la exclusión de millones de personas del usufructo de bienes materiales y culturales. No se plantea generar opciones que atiendan los intereses de los 37 millones que no ven fútbol –si es cierto que apenas una porción minoritaria de argentinos se engancha con la pelota–, sino igualar bajo los parámetros del mercado: quien tiene recursos, accede al consumo, y quien no puede pagar, se queda afuera. En la Ciudad eso se vio con la disparada de la tarifa del subte, muy en contraste con la política nacional, de subsidiar a los pasajeros de trenes y colectivos. Detrás del debate sobre el nivel y la orientación del gasto público aparece otro más profundo, el de la distribución del ingreso. Para qué se usan los recursos del Estado. Esa discusión lleva a mirar la otra cara de la moneda, la de las fuentes de ingresos del Tesoro. En tiempos preelectorales, ambos se están dando con intensidad. Como se indicó al comienzo, los sectores mejor rankeados de la oposición afirman que la próxima administración deberá achicar el nivel de erogaciones y también eliminar impuestos “distorsivos” que supuestamente interfieren en la marcha del sector privado. Tanto Mauricio Macri como Sergio Massa prometieron que de llegar a la presidencia eliminarán retenciones a las exportaciones del campo, pese a que año tras año se suceden cosechas record. Otra idea que comparten es suprimir, en un caso, o disminuir la incidencia, en otro, del Impuesto a las Ganancias sobre la cuarta categoría. Ambas acciones implicarían una transferencia de miles de millones de pesos en favor de sectores de ingresos medios a altos. Los fondos que se ahorrarían en Fútbol para Todos, privatizando Aerolíneas o acotando los subsidios a los servicios públicos, para seguir con el ejemplo, terminarían en esas manos.

El Gobierno avanzó esta semana con una rebaja de Ganancias para los trabajadores que ganaban de 15 mil a 25 mil pesos brutos entre enero y agosto de 2013. Introdujo en esta oportunidad elementos progresivos en la aplicación del gravamen para que los salarios más altos soporten una carga mayor. Sin embargo, las buenas intenciones chocan con la necesidad de ordenar el funcionamiento general del impuesto, ya que mantener la vinculación con lo que ocurría a nivel salarial hace dos años provoca situaciones incongruentes. Miguel Bein, quien quedó señalado en la presentación del anuncio oficial por haber participado de la confección de la tablita de Machinea, otro engendro que ocasionaba desajustes incluso peores, cuestionó esa relación con los sueldos de 2013. “Esta situación genera enormes inequidades que conducen a casos extremos, donde dos personas que hoy cobran un sueldo bruto de 25 mil pesos mensuales tributan cero si en 2013 cobraban 15 mil y 17 por ciento si cobraban 15.001 pesos”. Estas falencias dan aire a sectores conservadores para plantear reformas impositivas más amplias con una orientación regresiva. Por ejemplo, insisten en que habría que habilitar mecanismos de ajustes por inflación de los balances para disminuir el peso de Ganancias sobre las empresas. El Gobierno ha sabido resistir esas presiones, lideradas por las principales cámaras patronales. Pero en doce años de gestión nunca encontró el espacio político suficiente para avanzar con una reforma integral del sistema tributario que profundizara las transformaciones progresistas que impulsó en muchos otros aspectos.

El tributarista Alfredo Iñiguez, del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (Ciepyc), explica que aspirar a una reforma de ese tipo es necesario en términos teóricos, ya que el sistema actual presenta todavía un sesgo contrario a un modelo de valorización productiva, pero señala que para lograrlo hay que calibrar las relaciones de fuerza con los sectores del establishment que se resistirían a esos cambios. El mejor ejemplo es lo que pasó con la Resolución 125, que finalmente no logró pasar esa valla.

En lugar de una reforma general como la que impulsó el Frente Amplio en Uruguay cuando comenzó su mandato –aunque la situación allí era mucho más precaria–, el kirchnerismo fue avanzando con medidas puntuales para generar un esquema tributario más equitativo. Los derechos de exportación, la recuperación para el Estado de los aportes a la seguridad social que antes iban a las AFJP, los impuestos internos a los autos de alta gama y la imposición sobre las personas físicas por las ganancias de capital en transferencias de empresas y distribución de dividendos fueron los pasos más importantes. Defender el Impuesto a las Ganancias a los altos ingresos, como existe en la mayoría de los países, también va en esa cuenta, más allá de las correcciones de diseño que haya que practicar. Profundizar en esa línea lleva a la discusión sobre las rentas financieras no gravadas, como las obtenidas por personas físicas mediante acciones, bonos, plazos fijos u otros instrumentos financieros. El Gobierno nunca dio ese paso para no afectar opciones de ahorro distintas al dólar, más en un contexto de fuga de divisas permanente y de la existencia de un mercado paralelo. En este punto las opiniones se dividen entre quienes consideran que igualmente habría que avanzar, sobre todo con acciones y bonos, penalizando la especulación de corto plazo con alícuotas más altas, y quienes lo creen inconveniente bajo las actuales circunstancias.

En cambio, desde sectores progresistas existe consenso en disminuir la presión del IVA sobre sectores populares. Una opción es aplicar devoluciones del gravamen a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, otros beneficiarios de planes sociales y jubilados con el haber mínimo a través de la tarjeta de débito con la que cobran todos los meses. También hay propuestas para reducir el peso de Ganancias sobre las pymes industriales a condición de que reinviertan utilidades, crear un impuesto a la herencia de base nacional y redefinir el impuesto a los Bienes Personales para extender su alcance. Son alternativas posibles si lo que se pretende es llevar más allá lo hecho la última década, para que el fútbol siga siendo para todos.