Las corridas cambiarias, bancarias y los golpes de mercado han sido desde la recuperación democrática un recurso del poder económico para intentar condicionar a los gobiernos. “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo.” La dolorosa confesión de Juan Carlos Pugliese en 1989, cuando el gobierno de Alfonsín se desmoronaba en una de esas corridas, volvió a escena esta semana. La sacó del baúl de los recuerdos la polémica surgida por la publicación de un decreto del Poder Ejecutivo que estableció que la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazó a la ex SIDE, tiene como una de sus obligaciones prevenir esas acciones desestabilizadoras, con protocolos de intervención definidos e indispensable participación judicial. La norma enfatiza que la AFI producirá conocimiento e información para entregar a los organismos competentes para realizar las denuncias que corresponda.

El mercado del dólar ilegal es la base de operaciones en la actualidad para intentar golpes de mercado. Allí se confunden quienes constituyen la pata financiera de la economía negra –estructuras al margen de la ley que prestan servicios para dolarizar y fugar ganancias no declaradas al fisco o traer divisas al país para negocios en pesos también a espaldas de la AFIP– y agentes del llamado círculo rojo, grandes empresas y bancos, que utilizan esa vía para impactar sobre la cotización del dólar que no administra el Banco Central: el contado con liquidación y el blue, buscando réditos políticos o cambiarios.

Los movimientos en ese mercado son esencialmente especulativos y cargan con los sobreprecios de toda operación marginal. Buscar racionalidad económica allí no tiene mayor sentido, por más esfuerzos que hagan algunos medios y supuestos especialistas para explicar subas o bajas del blue de ochenta centavos en una semana sin que nada pasara en el mundo real. Es usual ver a esos sectores utilizar el mismo argumento para interpretar un aumento o una caída del dólar paralelo. Un ejemplo son los operativos de control sobre las cuevas de la city, que una vez provocarían una disparada del blue y otra lo harían retroceder.

El dólar blue, el contado con liquidación y el dólar Bolsa –estos últimos son mecanismos para hacerse de dólares a través de bonos y acciones– comenzaron a cobrar fuerza cuando el Gobierno empezó a restringir el acceso a las divisas, a raíz de la estrechez de moneda dura para atender los múltiples requerimientos de la economía (pago de importaciones, cancelación de deuda pública y privada, remesas de utilidades, acumulación de reservas del Banco Central, entre otras). Allí extendieron su actividad en el plano cambiario las redes financieras que manejan la plata de la economía ilegal.

Esa estructura está compuesta por distintos agentes, como corredores de Bolsa, operadores en comercio exterior, casas de cambio, mutuales, financieras, empresas que por su actividad manejan volúmenes considerables en efectivo y transportadoras de caudales, entre los infaltables. Todos ellos presentan una cara legal para desenvolverse en el mercado, pero su negocio más rentable es ocultar el dinero de terceros al Estado. El primer eslabón de esas verdaderas asociaciones ilícitas son las cuevas que florecen por todo el país, con epicentro en la city porteña. La experiencia recogida por las inspecciones de organismos públicos indica que en torno a casas de cambio suele haber una cueva. Estas actúan como prestamistas a tasas usurarias, cambian cheques y compran y venden moneda extranjera.

Una fuente de liquidez de las cuevas para poder operar es el efectivo que proveen aquellos que recaudan billetes. Un caso bajo investigación judicial, por una denuncia de la Procelac, involucra a la firma INCCarrefour. La sociedad vinculada a los supermercados Carrefour supuestamente vendía efectivo a la firma Indocredit, una de las empresas del grupo Transcambio, cuyas operaciones como casa de cambio fueron suspendidas por el Banco Central por transar en el mercado paralelo. Las averiguaciones judiciales indican que por cada peso vendido, el que compra paga hasta 30 centavos. Agencias recaudadoras como Pago Fácil también aparecen denunciadas como proveedoras de efectivo luego de operativos de control, en tanto que existen sospechas sobre constructoras y ferias textiles, entre otros sectores cuyas operaciones no están blanqueadas. Otro actor que ejercería la misma función de financiar a las cuevas son asociaciones mutuales que se ofrecen para la gestión de cobranzas y en realidad se dedican al descuento de cheques.

El segundo circuito del dólar ilegal es el que maneja volúmenes más significativos a través del contado con liquidación. Recurren allí empresas y particulares que buscan dolarizar y fugar ganancias al exterior, mediante una compleja red de sociedades fantasma en paraísos fiscales o plazas más cercanas como Montevideo, que sigue ejerciendo una función trascendente en la triangulación de capitales, según advierten fuentes oficiales. Estas transacciones son una de las fuentes de fondeo de divisas que luego alimentan a las cuevas, además de otras más pedestres como el contrabando o los arreglos con operadores turísticos. Sociedades de Bolsa y operadores en comercio exterior también repatrían divisas en negro para aquellos que quieren hacer inversiones en pesos.

Los montos que se mueven en el contado con liquidación con plata negra y en el mucho más reducido segmento del dólar blue no llegan a representar una décima parte de las operaciones formales a través del mercado único y libre de cambios, por donde pasan las operaciones de comercio exterior. Sin embargo, la cotización del blue y del contado con liqui tienen gran visibilidad mediática, y por ende ejercen una marcada influencia en la formación de expectativas económicas. Eso los convierte en un canal para operaciones políticas y para generar presión a favor de una devaluación por parte de sectores económicos concentrados. El Gobierno sospecha de bancos y grandes empresas exportadoras como propulsores de corridas en el mercado paralelo, tal como ocurrió luego de la designación de Carlos Zannini como compañero de fórmula de Daniel Scioli. Esos días las reservas del Banco Central estaban en pleno crecimiento y la economía mostraba señales claras de reactivación, pero alcanzó con esa noticia para que empezara a gestarse otro intento de desestabilización cambiaria.

El Gobierno viene padeciendo movidas de este tipo casi de manera ininterrumpida desde antes de la primera elección de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta en 2007. Esa experiencia le fue haciendo comprender que la mejor defensa para no sucumbir a un golpe de mercado como le pasó a Alfonsín es dotar al Estado de las capacidades legales y operativas para enfrentar esos ataques. El camino de la negociación y la transacción demostró no dar resultados, como lo comprobó el ex presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, en una experiencia frustrante que desembocó en la devaluación de enero de 2014. Desde entonces el Ejecutivo viene dando pasos decididos en una línea que también supo ir construyendo los últimos años, con medidas trascendentes como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central o la profundización de las acciones contra el lavado de dinero. Esa estrategia se profundizó este año, el último de CFK, lo cual se refleja en la cantidad de operativos contra agentes del mercado cambiario paralelo. En el primer semestre ya se hicieron 46 procedimientos, frente a 30 de todo 2014 y 13 de 2013.

Evitar las movidas desestabilizadoras con el blue y el contado con liquidación requiere inevitablemente ir contra el primer eslabón, el de la economía negra que le da sustento. El Ministerio de Economía, el Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, la UIF y la Procelac están trabajando coordinadamente en esa tarea. Sumar a la Agencia Federal de Investigaciones para que aporte información de inteligencia es un paso en la misma dirección. La resistencia que expresan sectores políticos, mediáticos y económicos demuestra su importancia. El poder económico no quiere que lo regulen, por esa razón también clama por la “independencia” del Banco Central. Una reforma a la Ley de Entidades Financieras y una mejor tipificación de la Ley Penal Cambiaria para potenciar los controles y las sanciones serían los pasos por venir. Pugliese tal vez hubiera podido defenderse mejor con esos instrumentos.