El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, sostuvo la semana pasada que las entidades agropecuarias de la (ex) Mesa de Enlace no deberían volver al Consejo de Administración del Senasa, tal como están reclamando de manera insistente, en especial CRA. “Fueron cómplices del ocultamiento del brote de aftosa ocurrido en nuestro país en el año 2000”, sostuvo el ministro. La entidad que actualmente conduce Rubén Ferrero publicó en su sitio web un texto en el que calificó de “falaces” los dichos del ministro. “CRA expresa que no sólo no ocultó el ‘brote’ sino que fue uno de los mayores denunciantes y luchadores, desde su rol, para su erradicación”, indicó la patronal agropecuaria. Sin embargo, Página/12 accedió a un acta reservada del Senasa del 9 de agosto de 2000 en donde el organismo de control, integrado en aquel momento por CRA, la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y varios industriales, se comprometían a mantener en silencio cualquier información sobre el brote de aftosa descubierto en aquel año. El secreto dentro del organismo se mantuvo hasta el 7 de marzo de 2001.

“La presente sesión a la cual especialmente invitado asiste el señor secretario de Agricultura, doctor Antonio Berhongaray, tiene por objeto imponerlo de la situación sanitaria existente ante la presencia de animales susceptibles a la fiebre aftosa, que habrían ingresado ilegalmente desde la república de Paraguay (...) Pudo detectarse hacienda de origen desconocido y sospechosa de actividad viral, lo que motivaría la necesidad al decomiso y sacrificio de los animales como así también al despoblamiento de fronteras y a la vacunación estratégica”, puede leerse en el acta reservada del Senasa con fecha 9 de agosto de 2000.

Párrafo seguido, dicho documento reservado agregó: “Razones de estado obligan a que dicha circunstancia se mantenga en un ámbito de reserva a fin de preservar el status sanitario reconocido internacionalmente” (ver facsímil).

Los firmantes de esa acta reservada por parte del sector privado, que ahora reclama volver al órgano de control, fueron: Roberto Gay (CRA), Rubén Alberto Volando (FAA), Horacio Francisco Gutiérrez (SRA), Gonzalo Alvarez Maldonado (Coninagro). Por parte de las industrias cárnicas, firmó Mario Ravettino, hoy titular del Consorcio de Exportadores ABC, y por las industrias alimentarias, Natalio Tassara y María Rosa Rabanal. Por las industrias pesqueras lo hizo Homero Canepa. El presidente del Senasa en aquella época era Oscar Alejandro Bruni y su segundo, Víctor Eduardo Machinea.

Para el 30 de agosto de 2000, el gobierno de la Alianza seguía sosteniendo que en el país no se estaba vacunando contra la aftosa. Sin embargo, el Senasa de aquella época, integrado por los ruralistas que debían ser controlados, ya habían admitido en su acta reservada el inicio de la vacunación.

Otro de los ruralistas que formaron parte de esas reuniones reservadas del órgano de control es el actual titular del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva): Gonzalo Alvarez Maldonado. El vice del Ipcva es Ravettino.

El silencio oficial sobre la aftosa duró hasta el 7 de marzo de 2001. “Habiéndose mantenido en un ámbito de reserva la emergencia sanitaria y tomando en cuenta la opinión de expertos, la exposición pública y la trascendencia internacional, el Consejo de Administración del Senasa recomienda por unanimidad se declare a partir de la fecha los diferentes focos que ocurran.” El diario La Nación había titulado el 12 de marzo de aquel año “Inminente admisión de que hay focos de aftosa”.

A partir del decreto 237, del 27 de marzo de 2009, el Senasa dejó de contar con un órgano de administración y las entidades agropecuarias y representante industriales pasaron a formar un órgano consultivo no vinculante.

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Facsímil del acta del Senasa del 9 de agosto de 2000 con las firmas de los ruralistas.