Los nueve principios básicos para guiar las reestructuraciones de deuda soberana aprobados la semana pasada por la Asamblea General de Naciones Unidas serán incorporados a la legislación Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que enviará un proyecto al Congreso para declarar de orden público esos lineamientos antibuitres. Además de limitar el margen de maniobra de los fondos carroñeros, la iniciativa impulsado por el país a través del G-77 más China legitima el derecho de los países para llevar adelante reestructuraciones de deuda que les permitan volver a crecer y garantiza que los inversores de buena fe no se vean afectados por el accionar predatorio del sistema financiero. En la ONU, el proyecto recibió un respaldo contundente de la comunidad internacional: 136 votos a favor, 41 abstenciones, 6 en contra.

Como lo nueve principios no son vinculantes, como sucede con cualquier declaración del organismo multilateral, el Gobierno argentino decidió sumarlos a la ley local. La adopción de los lineamientos está contemplada en la propia resolución de Naciones Unidas que invita a todos los Estados a “respaldarlos y promoverlos”. Por eso, el proyecto de ley propicia su declaración de orden público. Bolivia está analizando avanzar en el mismo camino y la diplomacia argentina está trabajando para que otras naciones latinoamericanas y africanas hagan lo propio.

La inexistencia de un régimen internacional para regular las reestructuraciones magnifica los efectos nocivos de una crisis de deuda soberana, habilita el accionar predatorio del sistema financiero y establece criterios contradictorios respecto de cómo llevar adelante esos procesos. A ese escenario se le suman las decisiones de los tribunales estadounidenses a favor de los fondos buitre que, según advierten en el equipo económico, vuelve prácticamente imposible una reestructuración: “Al brindar un instrumento coercitivo a demandantes carroñeros para cobrar la totalidad de sus acreencias, desalientan la participación de otros acreedores en un futuro canje ya que nadie aceptará una quita sabiendo que puede obtener el ciento por ciento del valor de su título tras litigar, aun cuando lo hubieran adquirido a precio de remate”, explicaron desde el Palacio de Hacienda.

La ausencia de un mecanismo aceptado globalmente redunda en una situación de inseguridad jurídica y económica para los Estados, sus acreedores y la comunidad internacional como se observa en el caso griego. Además de su disputa judicial alrededor del mundo, Argentina impulsó el debate en distintos foros internacionales como la ONU que el año pasado comenzó a discutir la elaboración de un marco jurídico para las reestructuraciones de deuda soberana. Tras un año de trabajo impulsado por el país, la el organismo adoptó los principios que representan un paso intermedio en la construcción del marco regulatorio global.

La buena fe, la sustentabilidad de los acuerdos, la transparencia, la imparcialidad de las partes, el respeto de la inmunidad soberana y el trato equitativo entre los acreedores forman parte de los principios. El último punto establece que, cuando el acuerdo sea aceptado por una mayoría calificada (como sucedió en el caso argentino donde el 92,4 por ciento aceptó la propuesta del país), ese convenio no podrá verse afectado por una minoría no representativa. El texto recibió un limitado pero poderoso rechazo: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Israel y Canadá fueron los únicos países que votaron en contra.

Si bien no tienen consecuencias judiciales directas sobre el caso argentino, quienes trabajaron en su redacción consideran que la codificación de lineamientos constituyen un instrumento poderoso que los tribunales no pueden ignorar. De todos modos, la decisión de sumar los nueve principios a la legislación local podría tener implicancias materiales sobre futuros intentos de colocación de títulos en el exterior. Dentro de la legislación de Nueva York no existe ninguna prerrogativa para garantizar el cumplimiento de esos principios. Por el contrario, las decisiones de Griesa los violan. Por lo tanto, una hipotética emisión de deuda externa argentina en la principal plaza financiera del mundo pasaría a ser incompatible con la ley argentina.

Hoy ese no es un objetivo de política pero sí forma parte de la expresión de deseo de los principales candidatos presidenciales. Incluso sin los nueve principios básicos dentro del cuerpo legislativo argentino, la disputa con los buitres y la parcialidad de los tribunales estadounidenses vuelve prácticamente imposible endeudarse utilizando las leyes de ese país como impone la lógica del sistema financiero internacional. De hecho, en un contexto hostil para el país la colocación del Bonar 2024 (el bono en dólares emitido en abril) se hizo con bajo la ley argentina sin que ese factor limite la demanda de fondos de inversión extranjeros.