La propuesta de la alianza Cambiemos para el sector agropecuario es la desregulación, tanto para el comercio de granos como para controlar la situación laboral de los cientos de miles de peones rurales. Su iniciativa central es entregarle nuevamente la fiscalización a Gerónimo “Momo” Venegas y a las patronales del sector, tal cual ocurría previo a la creación del Renatea, en diciembre de 2011, que depende del Ministerio de Trabajo. La vuelta del control a Venegas figura en la Propuesta 13 publicada por la Fundación Pensar, el think tank del PRO. Los tareferos de Misiones y Corrientes, históricamente postergados, sufrieron las políticas de los 90 junto a los pequeños productores yerbateros. El planteo de desregulación del macrismo puso en alerta a los peones y pequeños productores de yerba.

En el período 1991-2001, un peón cobraba 9,81 pesos diarios (255 pesos mensuales) cifra que no se movió durante los diez años, mientras que los productores pasaron de recibir 0,19 pesos por hoja verde producida (1990) a 0,07 pesos (2000), es decir, casi tres veces menos. Al mismo tiempo, los molinos, altamente concentrados, multiplicaron por tres sus ingresos.

La relación cambió con la fuerte intervención del Estado a partir de 2003, con la aplicación de paritarias, protección social, el surgimiento del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) y la creación del Renatea.

En las economías regionales en general y en el sector yerbatero en particular, la desregulación del período 1991-2003 significó la exclusión de aproximadamente 40.000 familias de productores y trabajadores del sector. La situación derivó en una protesta durante dos meses, entre junio y julio de 2001, de productores y trabajadores en la plaza principal de Posadas, Misiones, con acampes y un famoso tractorazo que quedó grabado en la memoria colectiva de los misioneros.

La desregulación del sector se inició con la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, a partir del decreto 2284/1991, firmado por Menem, Cavallo y el resto del gabinete menemista. En la misma norma se procedía a desregular todo el comercio interior de bienes y servicios y el comercio exterior (Junta de Granos y Carnes). A partir de ahí, los distintos eslabones de la cadena yerbatera quedaron regulados por el mercado.

La superficie sembrada tuvo un fuerte impulso en manos de grandes productores integrados al sector industrial. Es decir, grandes empresarios que pasaron a ser dueños de la tierra, la hoja verde, el secadero –como es la situación de Ramón Puerta– y el molino. Los grandes productores y molinos invirtieron en grandes extensiones de tierra desplazando a los pequeños productores, que no tenían integración con los secaderos o la molinería. Según datos del Ministerio de Economía, sólo 10 molinos procesan el 80 por ciento de la producción yerbatera.

La consecuencia directa de los diez años de desregulación fue que la hoja verde pasó de valer 0,19 pesos a 0,07 pesos. Al mismo tiempo que los tareferos y productores perdían poder adquisitivo, además de las condiciones precarias en las que trabajaban (y en muchos casos lo siguen haciendo), la hoja molida, producida por los sectores concentrados, aumentó de 0,88 pesos (1990) a 2,46 pesos (2000), es decir se multiplicó por tres. De esta manera se acentuó la distancia entre los ingresos de los grupos concentrados y los pequeños productores y los tareferos. Entre la cadena de comercialización (grandes supermercados) y la molienda se llevan casi el 70 por ciento de la rentabilidad del sector.

“La presencia del Estado, con políticas activas como las paritarias y la regulación, con la creación del INYM y la ley del peón rural, se mejoró la distribución del ingreso entre los pequeños productores y tareferos”, sostuvo a Página/12 Martín Ibarburen, responsable del Renatea Misiones.

A partir de la intervención del Estado desde 2003, el precio de la hoja verde pasó de 0,20 pesos a los 4,15 pesos de la actualidad. En 12 años el precio de la materia prima comercializado por pequeños productores se multiplicó por 20 y si se lo compara con lo que se pagaba en 2001 (0,07) se multiplicó por 60. El salario de los trabajadores yerbateros disminuyó en la década del 90 al pasar de los 0,03 pesos a los 0,02 pesos por kilo de hoja verde. En diez años, el jornal del peón general se mantuvo en 9,8 pesos diarios. “Incluso nos pagaban menos, y ni siquiera nos daban plata, cobrábamos con mercadería al final de la jornada”, explicó Antenor Alvarez, titular del sindicato de tareferos de Misiones.

Entre 2001 y 2015, el salario del tarefero registrado se multiplicó por 30, al pasar de los 0,02 pesos a 0,60 pesos. El jornal diario saltó de los 9,81 pesos a casi 300 pesos, es decir, 7700 pesos mensuales según lo aprobado en octubre de 2015 por la Comisión Nacional de Trabajadores Agrarios (CNTA). “En estos años se avanzó mucho, sería un retroceso enorme volver al Renatre, manejado por Venegas y la Sociedad Rural. En poco tiempo se hicieron más fiscalizaciones que las realizadas por el Momo en diez años, gracias a la nueva ley del peón rural. No podemos retroceder”, sostuvo Roque Pereira, integrante del sindicato de tareferos. Entre 2013 y 2015, el Renatea incrementó la cantidad de trabajadores registrados en un 20 por ciento. Es decir que se incorporaron más de 1700 tareferos al mercado formal, situación opuesta a lo que sucedía cuando Venegas manejaba el Renatre y tercerizaba en una empresa privada la supuesta fiscalización.

–¿Alguna vez escucharon hablar de la Uatre y el Momo Venegas? –preguntó este diario a dos tareferos, José y Nelson.

–Sí. Los de Uatre venían y arreglaban con los patrones. Por ahí alguien hacía la denuncia y le decían al patrón “ése te denunció”. Y se iban y nosotros nos quedábamos igual –respondió José.

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