“A mí me metieron preso, sacaron una ley para destruirme el gremio, se quedaron con una institución que era el Renatre, que pasó a llamarse Renatea. Para sanear esto tenemos que volver a la normalidad, todas las cosas que eran del gremio tienen que volver a su lugar de origen.” Gerónimo “Momo” Venegas no perdió el tiempo y al día siguiente del ballottage le reclamó, en una entrevista radial, a su socio político Mauricio Macri la restitución del organismo que se encargaba de la fiscalización laboral, en conjunto con las patronales agropecuarias. Su pedido coincide con la propuesta número 13 de la Fundación Pensar para el sector agropecuario. “Nosotros trabajamos con Macri no para buscar un cargo sino para sacar a esta gente”, agregó el titular del gremio de los peones rurales.

El Renatre que añora Venegas fue creado por Eduardo Duhalde en 2002. Su modus operandi fue crear una base de datos ficticia de peones rurales para inflar los números de los trabajadores registrados. Para ello se valió de registraciones compulsivas, que incluían personas que nunca se habían desempeñado como peones rurales y empleadores falsos.

En su primer año de vida, el registro gestionado por el Momo emitió 71.114 libretas. En 2008, las libretas eran 644.365, mientras que los trabajadores realmente registrados por la cartera laboral ascendían a 359.659, un 44 por ciento menos de lo que declaraba el Momo.

Al comparar los dos registros, quedaba en evidencia la manipulación de Venegas. Sin embargo, el manejo de las registraciones se hizo más evidente con el cambio de situación a partir de que el Estado recuperó su potestad para controlar el trabajo rural. Del total de trabajadores con libreta en 2014, el 84 por ciento contaba con aportes registrados por la AFIP.

“El Renatre funcionaba bien, era tripartito, estaban los trabajadores, las empresas y el Estado, con la fiscalización”, agregó ayer el Momo. De esta afirmación se desprenden dos temas. Por un lado, la tarea de controlar la situación en los campos había sido tercerizada a la empresa Gregard S.A., vinculada con el propio Duhalde. Entre 2010 y 2011, esta sociedad recibió contratos por 10,8 millones de pesos. Esta situación fue relevada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

El ex presidente Duhalde y su mujer, Hilda Beatriz González, fueron desde 2004 hasta 2007 los máximos responsables de Finca Las Casuarinas, al ocupar los cargos de presidente y director suplente hasta que cedieron sus lugares a Leonardo Lavanda y Elba Araceli de Robles (Boletín Oficial 01/06/2007). Ambos eran los responsables de Gregard S.A.

El segundo aspecto del discurso de Venegas que debe leerse entre líneas es su vínculo con el sector empresario. La Sigen reveló el siguiente dato: entre 2008 y 2012, sobre un total de 2145 certificados de deudas por multas por un valor de 9,7 millones de pesos, el ex Renatre había gestionado el cobro de tan sólo 566 multas (2,1 millones). En la práctica, benefició a las empresas con una transferencia de recursos por multas nunca cobradas.