La conducción unipersonal de la Corte Suprema de Justicia decidió dar un golpe económico en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá pleno impacto en la gestión del próximo a cargo de Mauricio Macri. Ricardo Lorenzetti resolvió desfinanciar el organismo encargado de pagar las jubilaciones, otras prestaciones sociales, la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Argenta, que facilita el crédito de un grupo social vulnerable. El camino para la restauración conservadora que deje atrás los años del populismo de un intervencionismo estatal asfixiante, como lo definió un reciente editorial de La Nación en homenaje al discurso de Alfredo Martínez de Hoz, lo ha inaugurado Lorenzetti.

En el encuentro con periodistas motivado para brindar por el fin de año, el titular de la Corte informó acerca del fallo que prohíbe al Estado Nacional continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable entre las provincias con destino a la Anses, justificando la oportunidad en que “los jueces no podemos guiarnos por los tiempos electorales”. No dijo que en realidad él estuvo guiado por los tiempos de Carlos Fayt, juez que a partir del 11 de diciembre dejará el cargo. Ante esa circunstancia, Lorenzetti no iba a contar con las firmas suficientes para asestar el golpe a las finanzas de la Anses puesto que Elena Highton de Nolasco no acompañaba el fallo, como quedó registrado en la página 41 donde sólo están las rúbricas del dueño de la Corte, Juan Carlos Maqueda y Fayt.

El fallo tiene implicancias económicas, financieras y políticas. Al declarar inconstitucional la norma que reorienta una porción del dinero de los impuestos coparticipables hacia la Anses, a partir de demandas impulsadas por Santa Fe, San Luis y Córdoba –a las que se sumará el resto de las provincias–, el sistema de seguridad social perderá ingresos por un total de 100 mil millones de pesos de un presupuesto anual de 620 mil millones de pesos. Si la Anses va a tener menos recursos, menos prestaciones estará en condiciones de otorgar, consecuencia básica que Lorenzetti no desconoce.

No sólo desfinanciará al organismo de seguridad social, sino que también impactará negativamente en la suma futura que recibirá cada uno de los jubilados. Los haberes suben cada seis meses a partir de una fórmula de movilidad aprobada por ley. El fallo de Lorenzetti reduce uno de los componentes de ese cálculo que arrojará variaciones menores, probablemente por debajo de la tasa de inflación, afectando el poder adquisitivo de los jubilados.

Una parte de la fórmula utilizada para la movilidad jubilatoria depende de la evolución de los recursos tributarios del sistema, que a partir de ahora se verán reducidos. El impacto pleno no se observará en el ajuste de marzo, pero sí en el de septiembre del año próximo. Esto es así porque el cálculo de la movilidad se basa en un promedio entre las variaciones producidas en los recursos tributarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y el índice general de salarios determinado por el Indec o la variación del Ripte –índice basado en la Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables– publicado por la Secretaría de Seguridad Social. De ambos se aplica el más favorable.

Como el anunciado “sinceramiento” de las variables que pretende instrumentar el gobierno de Macri, que significa ajuste sobre el salario real, el saldo de cualquiera de las dos fórmulas sería inferior a la inflación. De ese modo se resentiría el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, al tiempo que aliviaría la carga de la seguridad social sobre el gasto público.

El puntapié inicial de Lorenzetti para la restauración conservadora no está limitada a bajar jubilaciones y el gasto público, obsesión de economistas de la ortodoxia. El fallo también apunta a debilitar la sustentabilidad del sistema de seguridad social basado en la solidaridad intergeneracional. No sólo decidió afectar el flujo futuro de dinero hacia la Anses, sino que dispuso la devolución de los fondos a las tres provincias demandantes desde 2006. Es una deuda acumulado de 90 mil millones de pesos, que subiría de 400 mil millones (con intereses) al extender la sentencia al resto de las provincias. La clave de ese reconocimiento de la deuda, que lo más probable es que gran parte de consolide en bonos (un golpe al inmenso esfuerzo social de desendeudamiento), se encuentra en la sugerencia que Lorenzetti le hace a la Anses: si en estos años no alcanzaban los recursos para mejorar las jubilaciones en lugar del recibir el 15 por ciento de la masa coparticipable, debería haber liquidado activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para atender sus necesidades de financiamiento. Como abogado no tiene por qué saber la diferencia entre un flujo de dinero y un stock de activos, pero esa debilidad conceptual podría haberla eludido consultando especialistas financieros que le hubieran explicado que ese camino hubiera sido inviable.

Incorporar como sugerencia vender activos del FGS para compensar la merma de ese 15 por ciento de recursos coparticipables comulga con el interés de los grupos económicos que ansían recuperar sus acciones en poder de la Anses, participación que le permite al Estado nombrar directores que facilitan la fiscalización de empresas que tienen posiciones dominantes en el mercado o tienen mucha influencia en sectores sensibles de la economía. La liquidación de esos activos es uno de los objetivos del gobierno de Macri. Lorenzetti ha realizado su aporte brindando argumentos para concretarla. Francisco Cabrera, ministro del Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, presidente de la Fundación Pensar –think tank macrista– y futuro ministro de Producción, reveló el año pasado en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, que una gestión un gobierno de Macri impulsaría “vender en bloque las acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (activos recuperados luego de la estatización del sistema previsional y eliminación de las AFJP) a fondos de pensión internacionales, que podrían colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías y así obtener beneficios para sus inversores”. Cabrera había detallado que el dinero en efectivo que ingresaría al FGS (como resultado de las ventas) significaría un ingreso neto de divisas y se podría reinvertir con una estrategia de renta fija, ya sea deuda corporativa, papeles comerciales o hasta inclusive un bono de infraestructura. Es una estrategia de especulación financiera en beneficio del sector privado con activos previsionales. Lorenzetti avanzó sobre esa lógica y sugirió que esos recursos se deberían destinar a cancelar la deuda con las provincias o a financiar el ahora deteriorado presupuesto de la Anses. La propuesta de liquidación de patrimonio estratégico del Estado deberá superar los límites aprobados por una reciente ley aprobada en el Congreso que exige dos tercios de los votos para autorizar la venta de esas acciones.

El inicio de la restauración conservadora Lorenzetti la presentó con una estrategia de distracción: pronunciar definiciones de consenso acerca de la política de juicios contra represores de la dictadura y convocar a debatir un nuevo régimen de coparticipación federal, mientras disponía un golpe económico y financiero al desfinanciar el organismo encargado de pagar jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo.