Las corporaciones agropecuarias retornaron al Ministerio de Agricultura. Mauricio Macri eligió para ocupar esa cartera a Ricardo Buryaile (UCR), un ganadero de Formosa, que durante el conflicto por las retenciones móviles ocupaba la vicepresidencia de Confederaciones Rurales Argentinas, la patronal que lo catapultó primero a la Cámara de Diputados y ahora el Poder Ejecutivo macrista. “Si no se discuten las retenciones, deberíamos disolver el Congreso. Si el voto es lo que dice simplemente la Casa Rosada, estaríamos en un régimen como el de (Alberto) Fujimori”, había dicho Buryaile el 18 de junio de 2008, en plena efervescencia ruralista para bajar la ley que consagraba las retenciones móviles. El exabrupto no le impidió que al año siguiente accediera a una banca como integrante del Grupo A, y a la presidencia de la Comisión de Agricultura. Ahora, su primera meta en el ministerio será lograr que los exportadores y grandes productores liquiden la soja retenida.

El viceministro de Agricultura será Ricardo Negri, un técnico de Aacrea que en abril de este año pasó a integrar la Fundación Pensar. En sus escritos, Negri sostiene como bases la productividad empresaria, volumen y eficiencia. De los pequeños productores, poco y nada.

Macri tenía pensado colocar en Agricultura a otro representante de las corporaciones agrarias, al titular la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. Buscó defenderlo a capa y espada. Sin embargo, no era del agrado del círculo rojo “agropecuario” del presidente electo, las grandes empresas exportadoras, cerealeras, ganaderos. Es decir, aquellos empresarios a los que les debe dar respuesta. Etchevehere, además de una causa penal por evasión tributaria y otra por reducción a la servidumbre de dos peones rurales, también acumuló críticas entre sus pares. En esta puja, quedó claro que parte del “consenso” que buscará Macri implica escuchar a su “círculo rojo”.

Para el ruralista de CRA designado ministro de Agricultura, los grandes exportadores tienen en silos y silobolsas producto por aproximadamente 5000 millones de dólares, y no 8800 millones como había señalado anteayer Etchevehere. Los dueños de esos granos estarían dispuestos a “colaborar” con el nuevo gobierno. Eso quiere decir liquidar la soja de manera inmediata pero no a cualquier precio. Estos grupos son los que están terciando para concretar la devaluación del peso. Sólo Cargill, Bunge y Dreyfus pueden almacenar más de 2.000.000 de toneladas de granos. Sin embargo, en sus declaraciones públicas, Buryaile se cuida de instalar la competitividad del sector solamente por la vía devaluatoria.

“Es un factor, pero no el único. Porque si hay inflación la ganancia competitiva que genera una devaluación se pierde rápidamente y vamos a volver al mismo problema. Lo primero que hay que hacer es recomponer la relación del Gobierno con los productores agropecuarios”, sostuvo en un reportaje realizado por InfobaeTV.

La actividad empresaria de Buryaile es la ganadería, heredada de su rama familiar materna, los Nicora, “beneficiados históricamente por los procesos de concentración de la tierra”, sostuvo a Página/12 Benigno López, del Frente Nacional Campesino. Buryaile impulsó el desalojo de diez familias de uno de sus campos, de 38 hectáreas (de un total de 20.000), donde vivían campesinos de entre 20 y 80 años bajo la protección de la ley veinteañal, en la localidad de Colonia Santa Rosa. Hubo un juicio que finalmente fue ganado por las familias ocupantes del predio.

“Desde que se inició en el gremialismo defiende la concentración de la riqueza, los privilegios impositivos para las corporaciones de los agronegocios, la economía de mercado. Creo que es un ministro de los terratenientes y las entidades patronales”, agregó López.

Al igual que el ADN del PRO, Buryaile está en contra de los precios sostén como instrumento para garantizar rentabilidad a las economías regionales. En su acervo, está más clara la idea de recuperar mercados a partir de un conjunto de medidas, como la competitividad del tipo de cambio, lo que implica una devaluación, baja de impuestos, quita de retenciones, eliminación de tributos provinciales y municipales y la eliminación de los registros de operaciones a la exportación. La Federación Agraria ha reclamado históricamente los precios sostén para las economías regionales. Ahora estarán ante el desafío de sentarse a negociar con un representante de CRA.