El Estado nacional reintegrará a todas las provincias el 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables destinados a financiar el funcionamiento de la Anses. La determinanción se implementó ayer a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extiende el alcance de los fallos de la Corte Suprema de la semana pasada. Las órdenes del máximo tribunal estaban limitadas a Santa Fe, San Luis y Córdoba, pero habilitaban al resto de las provincias a realizar el mismo reclamo. El decreto firmado por Cristina Fernández y todos sus ministros cuestiona la determinación de los magistrados. Pero argumenta que tomó su decisión para evitar una situación de inequidad entre las jurisdicciones subnacionales y limitar el incremento de las deudas e intereses con esas provincias. Los veinticuatro distritos recibirán su parte de los 57.700 millones de pesos detraídos a lo largo del año. Con el objetivo de evitar que la medida ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema de la seguridad social y, fundamentalmente, la movilidad jubilatoria, el texto publicado en el Boletín Oficial ordena que el Tesoro Nacional cubra de ahora en adelante la diferencia con ingresos impositivos de libre disponibilidad. Restringe así la discrecionalidad fiscal del próximo gobierno, que podría deshacer las medidas referidas al financiamiento garantizado para la Anses con un nuevo DNU. El decreto debe ser ratificado por la Comisión Bicameral Permanente y aprobado por el Congreso dentro de los próximos diez días hábiles.

Durante seis años el Gobierno rechazó judicialmente los planteos de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y San Luis y evitó que el resto de las provincias inicien sus respectivos reclamos. Conocida la determinación contraria de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo no sólo acató las órdenes firmadas por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda sino que universalizó los beneficios a todas las jurisdicciones. “Es de estricta justicia para con el conjunto de las provincias extender los efectos de los fallos al conjunto de ellas, en pleno acatamiento a la decisión de la Corte Suprema y previendo además la debida protección al sistema para que no se resientan las prestaciones que tiene a su cargo, mientras tanto se discuta un nuevo régimen federal que suplante al actual”, reza el decreto. Cuando se implemente, la decisión ofrecerá un importante envión financiero de fin de año para los gobernadores. Los fondos que recibirán oscilan entre los 12 mil millones de pesos para Buenos Aires y los 700 millones para Tierra del Fuego.

El DNU no avanza sobre el stock de deuda acumulada por la detracción del 15 por ciento entre 2006 y 2014. Son aproximadamente 400 mil millones de pesos que Nación deberá devolver a las provincias, para los cuales el máximo tribunal dispuso un período de negociación de 120 días. Esas conversaciones quedarán a cargo del gobierno de Mauricio Macri, pero algunos gobernadores ya anticiparon que esos fondos podrían ser abonados con bonos, obras o utilizados para cancelar deudas de las provincias con Nación. El futuro jefe de Gabinete, Marcos Peña; el designado ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el próximo titular del Palacio de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, encabezarán esas negociaciones que también contemplan el desafío de acordar un nuevo esquema de Coparticipación Federal.

La medida impactará sobre los ingresos de la Anses, que son utilizados para cálcular la actualización automática de las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo. Un ejercicio hipotético con los datos para 2014-2015 arroja que, si la Anses hubiera dejado de percibir la totalidad del 15 por ciento de la coparticipación, la movilidad en septiembre de 2015 hubiera sido 4,6 por ciento. La cifra es 7,9 puntos porcentuales menos que el 12,5 por ciento observado este año. “Del modo en que han sido dictadas, sus implicancias más temprano que tarde, se deben extender al conjunto de todas las provincias. Ello está llamado a producir un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social, afectando incluso los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos, condicionando de ese modo a la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social”, advierte el DNU en referencia a las potenciales consecuencias del fallo de la Corte Suprema.

Por eso, el decreto difundido ayer busca garantizar que el cese en la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables no desfinancie a la Anses. Con ese objetivo, el artículo tercero del decreto ordena al Tesoro Nacional “cubrir con cargo a rentas generales una suma equivalente a los montos que se dejen de detraer”. Se trata de aquellos ingresos tributarios que no tienen una asignación específica. La puesta en marcha de esos cambios garantiza los ingresos de la seguridad social pero limita el margen de maniobra del próximo gobierno.

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