Roberto Lavagna, sin ningún colaborador que lo acompañara, recibió a principios de la semana pasada a una nutrida delegación de la CTA. Fue una reunión reveladora, por varios aspectos. La charla estaba pautada para una hora, pero el ministro, enfrascado en la discusión, terminó postergando otras audiencias y extendió el encuentro a dos horas y media. El debate fue intenso, pero de allí terminaron surgiendo tres definiciones importantes. La primera fue que el ministro compartió la posición de sus invitados de que habría que modificar la proporción de liquidación de divisas de las petroleras, para que traigan al país el 70 por ciento de los dólares que reciben por sus exportaciones. En segundo lugar aseguró que estudiará una asignación universal por hijo que podría ser, en una primera etapa, de 30 pesos mensuales. Y en tercer lugar se comprometió a revisar las escalas salariales del sector público.
“Ustedes ven todo mal”, se quejó de entrada Lavagna al recibir en el Palacio de Hacienda a miembros de la mesa de conducción de la CTA. Allí estuvieron, entre otros, Víctor De Gennaro (secretario general), Edgardo De Petri, Pablo Micheli (secretario general de ATE) y el economista Claudio Lozano (diputado electo). El reproche del jefe de Economía se extendió por un rato, en otra muestra de que las críticas a su gestión no le resultan indiferentes. Lavagna es orgulloso y protestón, según lo definen quienes comparten con él la tarea cotidiana. También es cerrado en sí mismo y poco afecto a armar grandes equipos de trabajo, lo que a veces traba la toma de decisiones. Esa característica del “estilo L” se puso en evidencia al recibir solo a los dirigentes de la CTA.
El primer debate giró en torno de la distribución del ingreso. Lozano opinó que los aumentos de salarios y jubilaciones que dispuso el Gobierno son “instrumentos viejos para modificar la estructura de distribución, en un contexto de tanto trabajo informal y de tanto desempleo. Los retoques salariales no tienen capacidad de afectar con seriedad la cuestión distributiva”.
El piso del salario está dado en este momento por los 150 pesos del Plan Jefas y Jefes de Hogar, y eso es mucho menos de lo deseable. La propuesta de la central sindical es conformar un seguro universal de empleo y formación de por lo menos 380 pesos, que se convertiría en un verdadero salario mínimo. La segunda pata de la estrategia para que los sectores populares recuperen posiciones en el reparto del ingreso es extender la asignación por hijo que cobran los trabajadores formales a todos los argentinos y, junto a ello, que el Estado entregue un subsidio a los mayores en edad de jubilarse que no perciben ingresos.
Lavagna aceptó el argumento de que se necesita una política universal, que alcance a los desempleados, para mejorar la distribución del ingreso. Y allí dio la primera sorpresa de la reunión. Pidió detalles sobre la propuesta de la asignación por hijo y para los mayores, y prometió estudiarla. De manera tácita, el ministro reconoció que el Presupuesto 2004 contempla ingresos menores a los que efectivamente se conseguirían. El Gobierno lo hizo para tener libertad para manejar esos recursos. Si los hubiera reconocido, hubiera tenido que someterse a una discusión sobre cómo utilizarlos. Una especulación es que Lavagna quiere disponer de esos fondos para un eventual pago en efectivo a los acreedores, en caso de que sea necesario para destrabar la negociación por la reestructuración de la deuda.
Pero el Gobierno, en sus primeros seis meses, también ha separado una parte del superávit fiscal para dar aumentos de salarios y jubilaciones. De allí que sea importante que el jefe de Economía haya mostrado interés en analizar la asignación por hijo y para mayores, porque podría ser un eventual próximo destino de una parte del excedente fiscal. Una opción que llegó a mencionarse en la reunión con la CTA es que, en una primera etapa, el subsidio por hijo podría establecerse en 30 pesos mensuales, que es la mitad de lo que sugieren los dirigentes gremiales. De todos modos, Lavagna fue muy contundente al afirmar que su primera tarea es “defender el superávit fiscal”. El planteo marcadamente fiscalista llamó la atención de los hombres de la CTA. Y eso abrió toda otra discusión sobre cuál debe ser la prioridad del Gobierno. El argumento del anfitrión fue que puede hacer políticas activas sólo si primero tiene oxígeno. Es decir, la secuencia es primero asegurarse el superávit y después estudiar qué hacer con él. En este esquema, Lavagna se mostró poco interesado en preparar ahora una reforma tributaria.
En cambio, el ministro sí aceptó como una sugerencia válida que las petroleras cambien la proporción de liquidación de divisas. En la actualidad, las empresas del sector pueden mantener en el exterior el 70 por ciento de los dólares que reciben por sus exportaciones, mientras que el resto deben canjearlo por pesos en la Argentina. Lavagna dijo que “esto habría que modificarlo”. La pregunta es si se animará a reabrir una pelea que ya le dio bastantes dolores de cabeza cuando apenas asumió como ministro.
La visión de Lozano, transmitida a Página/12, es que “el superávit comercial entre diciembre del 2001 y junio del 2003 fue de 26 mil millones de dólares. Si se descuentan los pagos que realizó el país, quedó un saldo neto de 14 mil millones. Y sin embargo no hubo acumulación de reservas ni se financiaron actividades, porque lo que hubo fue fuga de divisas”. La conclusión del economista es que “la Argentina no puede darse el lujo de permitir esa fuga sino que lo que tiene que hacer es captar las divisas para financiar una nueva estrategia productiva”.
De Gennaro y Micheli reclamaron, en otro tramo del encuentro, por los salarios de los trabajadores estatales. En rigor, el ministro fue quien empezó la charla con ese tema, suponiendo que sería el motivo por el cual la CTA le había solicitado la audiencia. Luego comprobó que la agenda era mucho más amplia.
Pero, de entrada, Lavagna lanzó el argumento de que los empleados estatales están mejor remunerados que los del sector privado. En respuesta, los gremialistas exhibieron estadísticas que demuestran que el 50 por ciento de la planta estatal cobra sueldos que, en promedio, son de 680 pesos mensuales. Pero hay un 0,5 por ciento de funcionarios que percibe haberes superiores a 5 mil pesos. Es por esa elite que el promedio general sube, pero dentro de ese promedio hay situaciones muy diferentes. El compromiso de Lavagna fue analizar una redistribución de ingresos de la masa salarial, pero advirtió que debe estudiarse la cuestión legal porque existen derechos adquiridos.
El gesto final de Lavagna, tras tantas discusiones, fue incorporar a ATE a una comisión de política salarial del sector público que empezará a funcionar esta semana, a la que sólo había sido invitada UPCN.