En poco tiempo más todos los argentinos deberán afiliarse a alguna AFJP. La opción entre reparto y capitalización dejará de existir. El nuevo sistema jubilatorio, que reemplazará al creado por Domingo Cavallo en 1994, será mixto. Eso quiere decir que una porción de los aportes previsionales irá obligatoriamente a una AFJP, mientras el resto será administrado por el Estado. Roberto Lavagna y Carlos Tomada se pusieron de acuerdo la semana pasada en las líneas fundamentales del proyecto, después de discutir bastante en una decena de encuentros. Los equipos técnicos de ambas carteras trabajarán desde hoy en el perfeccionamiento de la iniciativa. Una de sus tareas será elaborar una serie de cálculos para determinar su viabilidad y establecer el alcance exacto de algunas decisiones, como la existencia de una jubilación proporcional a la cantidad de años aportados, cuando éstos sean inferiores a treinta.
Néstor Kirchner recibirá de sus ministros de Economía y Trabajo el boceto del proyecto en unos 15 días, según confirmó Tomada a Página/12. Ese día, los ministros darán una conferencia de prensa para informar el contenido de la propuesta. Primero, claro, deberán esperar la aprobación presidencial. La aclaración que hicieron a este diario funcionarios que participan de la confección del proyecto es necesaria porque Kirchner, al comienzo de su gestión, asumió una posición de confrontación total con las AFJP. Su idea inicial era terminar con el régimen de capitalización, dando lugar a una estatización absoluta del sistema jubilatorio. Sin embargo, sus colaboradores lo habrían convencido de flexibilizar ese criterio.
Lavagna les comentó la semana pasada a dirigentes de la CTA, a quienes recibió en su despacho, que en el nuevo esquema previsional dos terceras partes de los aportes serán derivados al Estado, mientras que el tercio restante irá a una AFJP. En rigor, la decisión sobre la distribución exacta de los aportes dependerá de los cálculos actuariales que preparan los equipos técnicos. Pero en el “ayuda memoria” que acordaron Lavagna y Tomada se estableció una primera definición: no habrá cambios con respecto a las contribuciones patronales, que seguirán derivándose al Estado. Lo que se dividirá entre una cuenta pública y otra privada será, entonces, el aporte personal.
No importa en qué sistema se encuentre el trabajador en este momento, cuando cambie la ley, todos los argentinos girarán una parte de su aporte previsional al Estado y otra a una administradora privada. Su única elección será de AFJP. El Estado manejará “cuentas de ahorro individuales con rendimiento garantizado”. Cada persona tendrá una cuenta, que registrará su historia de aportes a lo largo de su vida laboral. El dinero que se vaya acumulando se mantendrá actualizado en función de un índice que todavía se tiene que elaborar.
Hay diferentes posibilidades para la confección de ese mecanismo de ajuste. Una es la inflación, pero el Gobierno casi la descartó por ser “muy volátil”. Una segunda alternativa es manejarse con un índice salarial, como el CVS. Y una tercera opción es utilizar como parámetro una tasa de interés internacional o un mix de tasas internacionales y nacionales. No es una decisión menor cuál de estos mecanismos se adoptará finalmente. El que asegura al futuro jubilado un mejor poder de compra es el Indice de Precios al Consumidor, pero eso entraña mayor costo fiscal.
Pero la clave es que las cuentas de ahorro administradas por el Estado tendrán un “rendimiento garantizado”. La cartera laboral propuso, además, que haya un ingreso mínimo, para asegurar que aquellos que hayan aportado poco tengan igualmente una jubilación digna. También habrá un techo. Y una jubilación proporcional para los que no alcancen a completar treinta años de aportes. Lavagna aceptó ese esquema. Y dijo que un aspecto central del proyecto es que “no debe haber un sistema para ricos y otro para pobres”. Este será su argumento para defender el régimen mixto, donde todos aportarán al Estado y al sistema de capitalización. La jubilación se compondrá por lo acumulado en el Estado y en la AFJP.
Mientras las cuentas manejadas por un fondo público tendrán un rendimiento garantizado, las gerenciadas por las AFJP seguirán operando como hasta ahora: el dinero que reciban lo invertirán en distintos activos financieros buscando obtener la mayor rentabilidad posible. Pero, como ya se vio, sus apuestas pueden resultar ruinosas, como en el caso de las inversiones en títulos públicos que cayeron en default.
Los fondos que los actuales afiliados a las AFJP hayan capitalizado hasta el momento en que se sancione la nueva ley previsional quedará separado en una cuenta aparte. Las empresas deberán seguir administrándolo, sin cobrar ningún tipo de comisión por esa tarea. La comisión podrán aplicarla a los nuevos fondos, que se acumularán en otra cuenta. Pero el Gobierno hará cambios sustanciales al método de cálculo de las comisiones, buscando una baja significativa de éstas.
En primer lugar, el Estado asumirá la tarea de contratar los seguros de vida e invalidez, que actualmente realizan las AFJP. La sospecha oficial es que las administradoras inflan a través de los seguros los costos de las comisiones. Por otra parte, se establecerá un techo a los cargos que las AFJP podrán cobrarles a sus afiliados. Y, seguramente, éstos se aplicarán sobre el flujo de aportes, en lugar del stock, como es en este momento. La diferencia es importante. Hoy, las AFJP cobran la comisión cuando les llega el dinero girado por sus afiliados. Con el cambio que estudia el Gobierno, la comisión será sobre el rendimiento que se obtenga por la inversión de los aportes. En ese caso, si las AFJP invierten bien ganarán más. Hoy no asumen ningún riesgo.
Las AFJP rechazarán ese cambio. Tampoco estarán conformes con que el Gobierno les deje un tercio de los aportes personales. En este momento, los descuentos previsionales a los afiliados a las AFJP son de 7 puntos del salario. Pero cuando se sancione la ley, el Gobierno los llevará al nivel de 11 puntos que tenía hasta hace dos años. Si de esos 11 puntos a las AFJP les quedan 3,6, el negocio se les achicará notablemente. Por otro lado, no hay que olvidar que las administradoras tendrán como clientes a todos los trabajadores y se librarán de la discusión sobre el retorno al sistema de reparto.
Desde ámbitos del progresismo, en tanto, el proyecto oficial también recibirá duros cuestionamientos. El primero será que las AFJP tendrán un mercado cautivo, y que, otra vez, se tomará una decisión sobre los fondos jubilatorios sin que sus beneficiarios puedan elegir. Además, se criticará que el nuevo sistema no será universal. Lavagna y Tomada tendrán que analizar todos estos aspectos con Kirchner, quien tendrá la palabra final. Para el Presidente hay un problema: en su plataforma de campaña prometió la libre opción entre reparto y capitalización.