Mié 03.12.2003

ECONOMíA  › CRITICAS A LA REFORMA PREVISIONAL DE LAVAGNA

Un proyecto que no gusta nada

Diputados cercanos al Gobierno salieron ayer a criticar en duros términos el proyecto de reforma previsional que consensuaron el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su par de Trabajo, Carlos Tomada, y que ahora está a consideración del presidente Kirchner.
Como reveló el martes Página/12, luego de decenas de reuniones, Lavagna y Tomada acordaron la creación de un sistema que mantiene las cuentas de capitalización, pero en su mayoría bajo administración del sector público. Así, todos los trabajadores deberían afiliarse a una AFJP, pero un tercio de los aportes irían obligatoriamente a la administradora privada, mientras que los dos tercios restantes serían manejados por el Estado, que colocaría el dinero en “cuentas de ahorro individuales con rendimiento garantizado”. En el caso de que los años de aporte fueran inferiores a 30, entonces la jubilación cobrada sería proporcional a la cantidad de años aportados.
“La propuesta es una copia del proyecto del Libro Blanco (presentado por el Ministerio de Trabajo durante la presidencia de Duhalde, el cual era bien visto por las AFJP). La obligatoriedad impuesta a los trabajadores a afiliarse a una AFJP es inconstitucional y habilitaría la presentación de recursos de amparo”, afirmó la diputada del ARI María América González. “Impulsar este proyecto sería inducir al Presidente a cometer un gravísimo error. No creo que el presidente Kirchner apruebe una propuesta así”, agregó.
Por su parte, el diputado electo Claudio Lozano sostuvo que “sorprende que luego de las manifestaciones oficiales sobre la posibilidad de volver al sistema de reparto y del reconocimiento sobre los déficit administrativos de las AFJP, hoy leamos que existe la posibilidad de entregarles un nuevo negocio a las administradoras.”
Para Lozano, “esta vez el negocio no sería del 11 por ciento de los salarios de los aportes que así lo elijan sino del 3 por ciento de los salarios de la totalidad de los trabajadores”.
“Lo más grave es que este proyecto rompe definitivamente la condición de solidaria que siempre tuvo el sistema de reparto, al individualizar las cuentas de cada aportante”, completó el director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

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