La ley Argentina Digital fue sancionada el 16 de diciembre de 2014, luego de un amplio debate parlamentario cuyo resultado fue una serie de modificaciones introducidas tanto a pedido de la oposición, en aquel momento conformada por el PRO, la UCR, y el Peronismo Federal, y el propio Frente para la Victoria (FpV) en su rol de oficialismo. Uno de los aspectos más discutidos fue la definición de la autoridad de aplicación. El proyecto que había enviado al Parlamento la (ex) presidenta Cristina Fernández de Kirchner no especificaba cuál sería el organismo encargado de regular el futuro de las telecomunicaciones del país. En el fragor del debate, antes del dictamen de mayoría en la Cámara alta se definió la creación de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), un órgano con control parlamentario y la participación de la propia oposición. El decreto de intervención firmado por Macri, Marcos Peña y Oscar Aguad vulneró el espíritu democrático con que fue aprobada la ley Argentina Digital, y en particular la creación de la Aftic.

La creación de la autoridad de aplicación para regular el mercado de las telecomunicaciones fue adatado a imagen y semejanza de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la otra ley vectora del área de las comunicaciones. Dentro del directorio del organismo rector de las telecomunicaciones participa la oposición, además de contar con el control de la Sigen, la AGN y de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

La Aftic tenía por mandato legal funcionar de manera descentralizada del Poder Ejecutivo y autárquica. Todo esto, que resultó bien recibido por los legisladores republicanos del PRO durante el debate parlamentario, fue echado por tierra primero con el decreto que puso al Afsca y Aftic bajo la órbita del ministerio de Comunicaciones, y ahora con la intervención decretada por la alianza de Gobierno. En el debate en el Senado, fue la actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien ponderó las modificaciones en el órgano de control.

Tanto la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como Argentina Digital rompieron con los esquemas de intervención que se habían diseñados para la vieja ley de radiodifusión, con el Comfer (1980), como la también añeja ley de telecomunicaciones, con la CNC (1972). Ambas intervenciones obedecían a dos momentos dictatoriales de la Argentina.

El debate en la Cámara alta había comenzado con un prejuicio: que Argentina Digital era una carta en blanco para Telefónica y Telecom, ya que se les permitía ingresar en el mercado audiovisual. Sin embargo, el espíritu de la norma apuntó a que los grandes jugadores -las telefónicas y Cablevisión- abrieran sus redes para que otras empresas lograran ingresar en el mercado. Ese fue (y es) el núcleo central de la norma. No por nada se incluyó en el articulado referencias explícitas a la neutralidad de la red, entendida como la posibilidad de “asegurarles a los usuarios de Internet el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet, sin ningún tipo de restricción ni discriminación”. Este fue uno de los principales puntos objetados por Telecom y Telefónica.

En las últimas semanas, las empresas monopólicas del sector venían reclamando cambios en el marco normativo, al igual que los integrantes de la Alianza Cambiemos. Por eso no debe llamar la atención que en el decreto de intervención, en su artículo 8º, se permita la participación dentro de la intervención de organismos privados con trayectoria en el sector de las telecomunicaciones. Esta es una puerta abierta para que ingresen en un futuro diseño normativo las empresas concentradas del sector, léase Telefónica, Telecom y el Grupo Clarín.

En un reportaje de Página/12, publicado el 15 de diciembre, el director de Relaciones Institucionales del Grupo Telefónica, José Luis Rodríguez Zarco, reclamó una mayor apertura comercial del sector. El empresario ya tuvo una reunión con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. La pretensión de la compañía española es eliminar las barreras para ofrecer televisión digital.

Los motivos de la intervención son que la Aftic todavía tiene por resolver muchos de los objetivos fijados por la propia ley Argentina Digital. El otro motivo, esbozado desde siempre por el PRO, es que la norma “nació vieja”, al no unificarse con el otro gran marco regulatorio, la ley de SCA. Es decir, el gobierno de la Alianza Cambiemos sostiene que no existe un marco para la convergencia tecnológica. En principio, eso no es así, ya que la norma introdujo la posibilidad de que las empresas telefónicas ofrezcan servicios de video on demad, algo que había quedado descartado en la norma de servicios de comunicación audiovisual.