La conjunción de diagnósticos negativos exagerados acerca de las variables económicas que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con afirmaciones falaces sobre el impacto de las primeras medidas económicas difundidas por el equipo liderado por el ministro Alfonso Prat-Gay y la insólita eliminación de todos los indicadores estadísticos del Indec-Todesca, facilitan el maquillaje u ocultamiento del extraordinario ajuste sobre el salario y las jubilaciones del gobierno de Mauricio Macri. La fábula de la crisis para justificar medidas regresivas de la distribución de la riqueza no es sólo un recurso de marketing electoral o de la gestión de gobierno, sino que está respaldada por documentos teóricos de economistas. Esas investigaciones académicas postulan la necesidad de una crisis para poder avanzar en profundas reformas regresivas en términos sociales. Y si no se presenta la crisis, como fue el intento fallido del establishment durante el año pasado, la tarea es construir el sentido de la existencia de una crisis o, en forma más fulminante, instrumentar medidas (megadevaluación, tarifazo, shock inflacionario, despidos) para provocar una crisis culpando de ella a la herencia recibida.

Vale reiterar para grupos con Síndrome CCLD (Capacidad de Comprensión Lectora Diferente), que se manifiesta en síntomas que impiden incorporar contextos e ignoran otros escritos publicados en esta misma columna, que la economía argentina enfrentaba diversas tensiones en los frentes cambiario, inflacionario, laboral, fiscal y del sector externo. Pero el abordaje de esas tensiones no requería inventar o construir una crisis y menos asegurar que había una única vía para encararlas, como pretenden los representantes de la ortodoxia y sus voceros amarillos. Lo que sucede es que para implementar el programa de ajuste necesitaban de un escenario de crisis que no fue y, por lo tanto, sólo les quedó la estrategia de distorsionar la evolución de variables clave, como reservas internacionales, inflación, empleo público, crecimiento económico, déficit fiscal y desocupación.

El presidente en comisión del Banco Central, Federico Sturzenegger, es conocedor y divulgador de la teoría que postula la necesidad de una crisis para habilitar socialmente un ajuste. En su primer libro publicado con Mariano Tommasi, destacado economista de la Universidad de San Andrés y uno de los 200 intelectuales y figuras de la cultura que firmaron una carta pública invitando a la población a votar por Macri en el ballottage, The Political Economy of Reform (1998, Massachusetts Institute of Technology, London, England) incluyó la investigación de Allan Drazen y Vittorio Grilli. Estos dos economistas escribieron “The benefits of crises for economic reforms”, publicado por primera vez en National Bureau of Economic Research (Cambridge, diciembre 1990). Es un texto de justificación teórica del ajuste. Un documento típico de economistas convencionales: ecuaciones matemáticas y regresiones econométricas para demostrar el postulado ideológico-político enunciado. Luego de desmalezar las ecuaciones, se arriba a la conclusión de Drazen y Grilli: “Las pérdidas de bienestar asociadas a distorsiones económicas y crisis permiten a las sociedades aceptar medidas que serían imposibles de hacerlo en circunstancias menos críticas. En otras palabras, las crisis pueden elevar el bienestar si son la única manera de inducir importantes cambios de la política económica”. La propuesta es provocar una crisis para poder aplicar un ajuste con respaldo social. No es cinismo de economista sino la producción teórica en función de diseñar e implementar el ajuste.

Esa teoría fue aplicada con el nivel del tipo de cambio. La fuerte devaluación de Macri, que aún no ha alcanzado la plenitud de acuerdo a la evolución de la paridad en la última semana, tuvo su explicación estructural en el atraso cambiario y en la existencia de una brecha con la cotización ilegal denominada blue. Pero fue fomentada con la supuesta inexistencia de reservas internacionales disponibles en el Banco Central. El ajuste cambiario era justificado por la crisis de reservas. El aspecto más notable de este relato ficcional fue que quienes aseguraban que la caja estaba vacía y que los yuanes eran papelitos de colores cambiaron el discurso cuando pasaron a ser funcionarios de Economía y del BC. El objetivo ya estaba cumplido: conseguir legitimidad social y política para una fuerte devaluación. Luego, con un pase mágico, las reservas del Banco Central dejaron de ser negativas y volvieron a sumar unos 25 mil millones de dólares, como ha estado informando diariamente la entidad monetaria conducida por Federico Sturzenegger, y los papelitos yuanes sí eran reservas y pudieron ser canjeadas una parte por dólares (unos 3100 millones). Con el shock inflacionario la mejorar de la competitividad pretendida con la devaluación quedará en la nada, en cambio se ha pulverizado de ese modo el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, principal objetivo de esa medida regresiva.

El desborde de las cuentas públicas es otra de las sentencias que se reiteran para preparar el terreno del ajuste. La cifra que se repite sin ningún respaldo documental es que el déficit fiscal heredado alcanza el 7 por ciento del Producto Interno Bruto. Economistas de la city y analistas de grandes medios repiten esa cifra. El aspecto inquietante es que también lo hace el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Las estimaciones más rigurosas no registran semejante porcentaje. El último informe de la consultora Econométrica, del radical antikirchnerista Mario Brodersohn, afirma que el déficit fiscal (neto de rentas de la Anses y BCRA) cierra 2015 en 4,7 por ciento del PIB, pero la eliminación de retenciones, como el nuevo mínimo de Ganancias para personas físicas, lo elevaría a casi 5,5 por ciento del PIB en 2016. Estiman que “la parcial quita de subsidios a amplios sectores del GBA, permitirá reducirlo a 4,0 por ciento del PIB” en este año. El déficit fiscal no es del 7 por ciento.

El reciente Informe de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional de Avellaneda también indica que la situación fiscal no presenta el “descalabro” que denuncian las consultoras de la city, para proyectar que el déficit fiscal para 2015 fue de 3,9 por ciento del PIB, “en línea con el proyectado por el FMI para los países en desarrollo (4,1 por ciento) y no muy distinto al esperado para los países de América Latina”. Explica que durante el 2015, para reactivar la actividad económica, el gobierno de CFK fortaleció la política fiscal expansiva como herramienta contracíclica. En consecuencia el déficit se incrementó en 1,5 puntos del PBI en relación al exhibido en 2014.

Los especialistas de la Universidad Nacional de Avellaneda apuntan que es erróneo inflar el porcentaje del déficit, eliminando los ingresos de la Anses y el BCRA en el cómputo del resultado fiscal. Explican que de esa forma se reducen los ingresos de manera errónea, sin respetar las formas de imputación contable que sugiere el FMI y utilizada por la mayoría de los países del mundo. Destacan que “una cosa es cuestionar las formas de financiamiento del sector público y otra, engrosar el déficit eliminando discrecionalmente una fuente de ingresos genuina”. Inflar el déficit fiscal para mostrar cuentas públicas en crisis sólo tiene el objetivo de justificar el ajuste.

En realidad, en los primeros 30 días del gobierno de Mauricio Macri hubo un expansión del déficit por la eliminación de retenciones, disminución de impuestos a autos de alta gama, más subsidios a la lechería, la no aplicación de Ganancias en el medio aguinaldo de los trabajadores que ganan hasta 30 mil pesos, y el bono de fin de año de 400 pesos para titulares de AUH y jubilaciones mínimas. Cuando Prat-Gay presente los números fiscales argumentará sobre la magnitud del déficit que ayudó a aumentar, vía para implementar el ajuste que ha comenzado de la peor manera con el empleo público.

El macrismo recibió como herencia una economía con inmensos desafíos y tensiones pero desendeudada con el sector privado, con una tasa de desempleo baja y una actividad económica con signo positivo pese al contexto internacional adverso. El inédito apagón estadístico, las declaraciones desmesuradas de funcionarios y la construcción de una crisis sólo vienen a justificar y a conseguir legitimidad social, facilitada por un impactante blindaje mediático, para instrumentar un ajuste regresivo sobre el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y sectores medios. Los masivos despidos de trabajadores del Estado es el primer paso.

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