El Gobierno realizará una oferta para los fondos buitre más agresivos, durante la última semana del mes. A ese entendimiento llegaron los funcionarios del equipo económico y los representantes legales de los demandantes. Las oficinas neoyorquinas del abogado mediador impuesto por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack, fueron el escenario del extenso convite entre los acreedores carroñeros y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. La oferta incluirá a los fondos denominados “me too” (yo también, en inglés) que obtuvieron el tratamiento extraordinario previsto en la sentencia original de Griesa aunque su reclamo todavía se encuentra en proceso de apelación.

El grupo de litigantes encabezado por Elliott Management representa aproximadamente la mitad del 7,6 por ciento de los bonos que no fueron ingresados al canje. Los bonos en su poder alcanzan un valor nominal de 2943 millones de dólares. Pero, gracias a la fórmula validada por las cortes estadounidenses y los intereses acumulados, el monto de las sentencias suma 9882 millones de dólares.

“Queremos pagar el capital pero no queremos que ese capital se ajuste de la manera en la que estima la sentencia”, indicó Prat-Gay en conferencia de prensa, al reiterar que el gobierno buscará acordar una quita sobre los diferentes intereses (contractuales, judiciales y post sentencia) que abultan el monto a pagar. “No les hacemos un favor a los argentinos al pelearnos con los buitres”, lanzó desde Buenos Aires el ministro de Hacienda y Finanzas, al cuestionar la política desplegada por el kirchnerismo.

“Como conclusión de esta primera reunión, el gobierno argentino se comprometió a elevar una propuesta de solución a la disputa judicial en la semana del 25 de enero, esperando que al mismo tiempo ellos presenten su propia propuesta de negociación”, reza el escueto comunicado difundido ayer por el Palacio de Hacienda. “Estamos satisfechos que después de mucho tiempo finalmente nos juntamos. Vamos a avanzar con una propuesta y esperamos que la evalúen”, explicó Caputo anoche al finalizar el encuentro que se extendió durante más de cuatro horas en Manhattan. La prolongación, explicó el funcionario a los medios apostados fuera de las oficinas de Pollack, se debió a que mantuvo dos conversaciones: una con los buitres originales y otra con representantes legales de los me too.

“Vamos a negociar con dureza. Queremos resolver el problema de la forma más rápida y justa posible. Es una de las tantas trabas que ahogó a la economía a lo largo de los últimos tiempos. Nos autoinfligimos la exclusión de proyectos de inversión propios y extranjeros que deberían estar en la Argentina”, consideró el funcionario al referirse a las implicancias del litigio con los acreedores. A diferencia del 92,4 por ciento de los tenedores de bonos defolteados, los demandantes que bloquearon el mecanismo de pago de la deuda rechazaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010.

Para el gobierno de Macri, lograr un entendimiento es condición necesaria para rehabilitar el acceso al mercado de crédito internacional sin riesgo y a menor costo. Sin embargo, la lógica de las agencias calificadoras de riesgo evidencia cómo siempre existen requisitos adicionales para mejorar las perspectivas financieras de los países “desobedientes”. Por eso, el cierre de la disputa es solo un eslabón más en el proceso donde se inserta el compromiso de reducción del déficit fiscal, achicamiento del Estado y la instalación de un régimen de metas de inflación.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario presentó a los buitres como inversores genuinos que adquirieron sus títulos antes del default cuando los propios demandantes reconocen la adquisición de esos papeles post-crisis de 2001, incluso después del primer canje de 2005. Una clausura de la disputa requerirá que la totalidad del 7,6 por ciento de los tenedores de los papeles todavía en default también alcancen un acuerdo con el país. La suma nominal total ronda los 5700 millones de dólares pero su valor varía ya que son más de 150 tipos de bonos distintos, denominados en diferentes monedas cuyas cotizaciones se mueven todos los días. Si bien el Gobierno privilegió la negociación neoyorquina, el universo es heterogéneo y está desperdigado en otros tribunales de Estados Unidos, Europa y el Ciadi del Banco Mundial. De hecho, una porción significativa de esos papeles ni siquiera fue presentada ante un juez y, aunque se supone en poder de los buitres, se desconoce quién los tiene. Si todos los tenedores de bonos en default accedieran a la fórmula pari passu que consiguieron NML, Dart y Aurelius, los fondos más agresivos, el monto a desembolsar trepa hasta los 20.000 millones de dólares.

La intención del equipo económico es cancelar la mayor parte emitiendo nueva deuda externa, un escenario viable dado el bajo nivel de endeudamiento en dólares heredado del kirchnerismo. Simétrica relevancia al acuerdo financiero con los tenedores de los bonos todavía en default reviste la modificación del plexo normativo vigente. Para implementar un plan de pagos donde se ofrezcan mejores condiciones que las entregadas en los canjes se deberá cambiar la ley Cerrojo y la más reciente Ley de Pago Soberano.