Los representantes legales de los fondos buitre y el gobierno de Mauricio Macri volvieron a reunirse ayer en Nueva York. No se hicieron las propuestas que había anunciado el equipo económico sino que se trató de otro “encuentro preliminar” en las oficinas de Daniel Pollack, el abogado mediador impuesto por el juzgado de Thomas Griesa. La oferta para el grupo más agresivo de acreedores se presentará antes que termine la semana y estará a cargo del secretario de Finanzas, Luis Caputo. El monto pretendido por los acreedores alcanza los 10 mil millones de dólares. Las autoridades argentinas anticiparon que reconocerán los cuestionados términos de las órdenes del magistrado neoyorquino y concentrarán sus esfuerzos en lograr una quita sobre los “intereses punitorios”.

“La propuesta del Gobierno, aún en elaboración, se presentará ad referéndum de la aprobación del Congreso”, indicó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado. El visto bueno del Parlamento es necesario para habilitar un acuerdo en mejores condiciones financieras que las recibidas por el 92,4 por ciento de los acreedores que reestructuraron sus pasivos en default y permitir la emisión de deuda externa para pagarles. Caputo mantuvo ayer un extensa reunión con los abogados buitres supervisado por Mario Quintana, responsable de la coordinación interministerial de la Jefatura de Gabinete.

En el universo de acreedores con quienes negocia el equipo económico figuran los demandantes originales encabezados por Elliott Management de Paul Singer y los “me too”. Representan alrededor de la mitad del 7,6 por ciento de tenedores de bonos que rechazaron los canjes y optaron por la vía del hostigamiento judicial. Por eso, el hipotético acuerdo con esos buitres redundaría en el levantamiento al bloqueo legal para el mecanismo de pago de la deuda externa en Estados Unidos pero no representa una solución integral al conflicto. Cuando se contempla la totalidad de los títulos que no fueron ingresados a los canjes de 2005 y 2010 la erogación necesaria para una clausura el conflicto podría superar los 20.000 millones de dólares. La intención del gobierno de Macri es financiar el acuerdo emitiendo nueva deuda externa. Entienden que es fundamental para la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional.

A comienzos de enero, el funcionario precisó que los títulos en poder de todos los buitres neoyorquinos representan un valor nominal de 2943 millones de dólares. Bajo los términos de la reestructuración aceptada por la mayoría de los acreedores, los buitres hubieran recibido alrededor de 900 millones de dólares. Una abultada ganancia si se contempla que esos bonos fueron adquiridos a precio de remate, incluso después del default de 2001-2002. En cambio gracias a la fórmula validada por las cortes estadounidenses y los intereses acumulados, el monto de esas sentencias asciende, según los números manifestados por el responsable de Hacienda y Finanzas, hasta 9882 millones de dólares.

Abandonada la discusión sobre los términos de las órdenes validadas por Griesa, el Palacio de Hacienda indicó ayer que “el Gobierno quiere lograr una quita a los intereses punitorios que pesan sobre la deuda con los bonistas”. Los tribunales incluyen junto al pago de los intereses contractuales hasta el vencimiento del bono, un interés judicial anual que ronda el 9 por ciento. Esa penalidad es inferior para quienes tienen una sentencia de pago como los “me too”. La tasa post sentencia está en sintonía con la que paga el Tesoro norteamericano por sus bonos: alrededor de 0,25 por ciento. Sobre esos números girará la disputa.

La modificación del plexo normativo que impide proceder de esa manera reviste una importancia equivalente a las conversaciones en Estados Unidos. El gobierno no solo deberá modificar la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano sino que además requiere obtener el visto bueno para emitir nueva deuda. El titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, están encargados de negociar con gobernadores, diputados y senadores las adhesiones necesarias que le permitan validar esa y otras iniciativas económicas.