Hasta ahora la propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas recibió el visto bueno de nueve grupos de fondos buitres que tienen en su poder un tercio del valor nominal de los títulos públicos todavía en default. Los acreedores carroñeros que acepten la propuesta antes de fin de mes serán los primeros en recibir el pago en efectivo. El desembolso llegará apenas se logre la derogación del marco normativo que impide ofrecerles un tratamiento privilegiado. Si todos los demandantes aceptan los términos del gobierno de Mauricio Macri sería necesario emitir nueva deuda externa por 15 mil millones de dólares, una cifra equivalente a la mitad de las reservas internacionales. Más allá de la resistencia de los fondos más agresivos como Elliott Management o Aurelius, el ministro Alfonso PratGay indicó ayer que buscarán conseguir esos recursos a través de una única operación de endeudamiento bajo legislación extranjera en el mercado internacional. Esa colocación se verá facilitada por el bajo nivel de deuda heredado del kirchnerismo. Durante una conversación con medios gráficos antes de partir a China para una reunión del G-20, el funcionario confirmó que las negociaciones con quienes rechacen la propuesta inicial seguirán abiertas sin fecha de vencimiento. El titular del Palacio de Hacienda no descartó la posibilidad de mejorar las condiciones de pago para esos demandantes siempre y cuando ese camino no sea vetado en la discusión parlamentaria.

“Este es el último obstáculo que tenemos para acceder al mercado financiero internacional y lograr fondos para el desarrollo”, consideró ayer PratGay acompañado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Desde la perspectiva del equipo económico la prioridad no está en alcanzar una solución que contemple al 7,6 por ciento de los acreedores que rechazaron el canje. Aunque pretenden convencer al mayor número posible de “holdouts”, el objetivo urgente es lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y facilitar el retorno al mercado en mejores condiciones para la Nación, provincias y grandes empresas. En el actual escenario recesivo inducido por el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo y donde ni la devaluación ni el promocionado shock de expectativas generaron el ingreso de dólares anunciado, el endeudamiento es presentado desde el gobierno como la alternativa ineludible para impulsar el crecimiento.

“Este en un tren que no se para. Estamos negociando con todos los acreedores. Encontramos una salida y ojalá que se suban todos, el que no quizás lo haga más adelante. Queremos que entren todos pero para nosotros es un éxito haber cambiado la manera que nos ve el juzgado”, señaló el ministro PratGay. El viernes pasado el juez Thomas Griesa accedió a levantar el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda en el exterior cuando Argentina “elimine los obstáculos legales” para implementar la oferta y efectivamente realice una pago al bloque de acreedores que hayan aceptado la propuesta oficial antes de fin de mes.

Ese desembolso, confirmaron los funcionarios, se financiará con una emisión de deuda externa. La colocación, posiblemente canalizada a través de la plaza inglesa o neoyorquina, no se limitará a financiar el pago del primer grupo sino que apuntará a la cifra global: son alrededor de 15.000 millones. Equivalen a la mitad de las reservas internacionales del Banco Central y alcanza a tres cuartas partes del monto global reclamado por esos litigantes en tribunales alrededor del mundo.

Por eso, para “recuperar el acceso al crédito internacional” Prat-Gay y Caputo consideran que las únicas condiciones son la derogación de la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano y la autorización para emitir nueva deuda. “Cuando eso suceda vamos al mercado internacional con la seguridad de que si le pagamos a quienes aceptaron la propuesta antes del 29 de febrero se levanta la medida cautelar del juez Griesa. Después podemos seguir negociando con los fondos que no hayan aceptado”, explicó el ministro.

El encuentro de PratGay y Caputo con los medios tuvo lugar en el salón Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda, a metros de donde horas antes había tenido lugar una asamblea por 13 trabajadores despedidos de la Secretaría de Política Económica (ver aparte). Durante esa extensa conversación, el funcionario criticó la aproximación al litigio del gobierno saliente. Celebró, en cambio, la celeridad con la que su estrategia y la oferta realizada permitieron modificar la intransigencia del juez.

Dependiendo del camino judicial elegido la propuesta del nuevo gobierno les reconoce a los buitres entre 1,5 y 3 dólares por cada dólar aunque esa rentabilidad es mayor si se contempla el precio de remate al que adquirieron sus acreencias después del default. Bajo esas condiciones los demandantes recibirán entre 70 y 100 por ciento de sus reclamos judiciales. El kirchnerismo ofrecía pagarles 30 centavos por cada dólar de valor nominal de sus bonos, la misma fórmula que aceptó el 92,4 por ciento de los acreedores. “El Congreso es quien nos autorizará”, concluyó el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de mejorarles la propuesta a los buitres originarios como Elliott, Aurelius y Blue Angel.