“Sinceramente lo lamento por ustedes, muchachos, pero de la retribución extra de 800 pesos que acordamos por tres meses, el aumento que acaban de anunciar en el transporte ya les comió la mitad”. Así arrancó una reunión entre dirigentes empresarios y sindicales del sector textil este viernes, a pocas horas de que Guillermo Dietrich diera a conocer los nuevos valores del boleto en el autotransporte de pasajero y en los trenes, con aumentos del orden del 100 por ciento. La voz del sector patronal que presentaba su lamento se refería a un pago a cuenta del aumento de paritarias que se resuelva para este año en el mes de junio. Es un ejemplo de los tantos que hay de cómo afecta el tarifazo en el transporte a los trabajadores que deben moverse diariamente entre el segundo o tercer cordón y la Ciudad de Buenos Aires, que pese a no tener otra posibilidad ni opción que viajar diariamente, no podrán gozar de los beneficios de una tarifa social. En el caso del transporte, la tarifa social no contempla a aquellos usuarios cuyos ingresos no superen el doble de un salario mínimo, como en el caso de la luz y el gas. La tarifa social del transporte sólo incluye a jubilados y pensionados con haber mínimo, beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas y ex combatientes de Malvinas.

Los economistas que trabajan para distintas consultoras en la city porteña empiezan a ajustar las proyecciones de inflación en función del impacto que se espera que tenga esta corrección masiva de los precios relativos de los servicios básicos. De forma aun moderada, nadie arriesga una inflación proyectada para el año menor a un rango del 35 al 40 por ciento. Todos creen, pero ninguno lo confiesa en público, que es más probable que se acerque a 50. El aumento del transporte y del gas anunciado el viernes le pondría un piso de siete puntos a la inflación de este mes, por la incidencia de casi cinco puntos que le aportaría el aumento de tarifas. De ese modo, la suba acumulada en los índices de precios al consumidor del cuatrimestre alcanzaría un nivel del 18 a 20 por ciento (aun cuando marzo, que todavía no se conoce, hubiera dado una variación relativamente baja, del tres al tres y medio por ciento). Es decir que el primer semestre se estaría devorando largamente la proyección oficial de inflación para todo el año (20 a 25 por ciento). No son pocos los economistas cercanos al Gobierno –pero distantes del equipo económico de Prat-Gay– que ya advierten la ausencia de una política de contención de las subas, por no hablar de un más pretencioso rótulo de “plan antiinflacionario”.

Uno de los agravantes de esta situación es que la suba de las tarifas de los servicios públicos está afectando en medida mucho mayor a los hogares de menores recursos relativos que al resto de la población. Una inequidad que el mecanismo de tarifa social está mostrando que apenas sirve como leve atenuante, pero que de ninguna manera compensa la desigualdad provocada. Ya se mencionó más arriba la ausencia del plan de tarifa social sobre la masa de trabajadores que deberá pagar diariamente el doble por sus traslados de ida y vuelta a sus labores. Pero el caso del gas es otro ejemplo de ineficacia de la tarifa social como mecanismo compensador.

Como ocurrió con las tarifas eléctricas a partir de febrero, también en el caso del gas los hogares de menor consumo serán los que paguen mayores aumentos, tal como recordó un análisis del portal especializado El Inversor.com este viernes. Allí se puntualiza que las categorías de usuarios R1 y R2 (con consumos anuales de hasta 500 metros cúbicos en el primer caso, y de 500 a 1000 metros cúbicos en el segundo) pagarán por el gas un 525 por ciento más. Los usuarios de la categoría R3 (que consumen más de 1000 metros cúbicos anuales) sufrirán subas que oscilan entre 178 y 375 por ciento, siempre según el mismo estudio. En esas tres categorías se encuentran abarcados prácticamente la totalidad de usuarios residenciales de gas por redes. Un informe que, pocas horas después, dio a conocer el Ministerio de Energía y Minería señala que el total de usuarios residenciales y comerciales abastecidos por la red de gas natural del país es de 8 millones 240 mil hogares o establecimientos. De ese total, el propio Ministerio estimó que serán 350 mil los hogares alcanzados por la tarifa social: apenas el 4,5 por ciento del total. Una proporción marcadamente menor a la que tendrá que afrontar los megaincrementos de 375 a 525 por ciento en la factura del gas por estar en el escalón de hogares con bajos consumos.

Se observa, así, que pese a la magnitud del tarifazo, el gobierno nacional no promovió un mayor alcance de la tarifa social más allá de los alcances que ya tenía durante la gestión de gobierno anterior. En el caso del transporte, apenas le “otorgó”, como “beneficio”, un aumento menor al que aplicó a los boletos en general. El pasaje en el autotransporte, para los beneficiarios de tarifa social, pasó de 1,80 pesos a 2,70 pesos en los tramos más cortos. Es decir, un aumento del 50 por ciento para quienes el gobierno reconoce como “sectores más vulnerables”. En las tarifas de gas, pese al tremendo aumento para los hogares de menor consumo, los beneficiarios de tarifa social apenas se ampliarán en 80 mil hogares, según el cálculo del propio Ministerio encabezado por el ex Shell Juan José Aranguren: de 270 mil beneficiarios, “saltarán” a 350 mil.

Uno de los diversos estudios realizados en el sector privado para medir la incidencia de los incrementos de las tarifas es el de Instituto de Estudios de Consumo Masivo, ligado a una de las entidades representantes de los supermercadistas chinos. Según ese trabajo, difundido ayer, destaca que los incrementos en las tarifas de agua, gas, transporte público y combustibles previstos para abril, generarán pérdidas en los salarios del 5,3 al 15,4 por ciento entre distintos segmentos socioeconómicos de la población. Miguel Calvete, presidente de la entidad, explicó que las subas en los precios de la canasta escolar (29,5 por ciento en promedio), los incrementos en la canasta de Pascua (24,8 por ciento) y en las tarifas de energía incidieron notablemente en la inflación ponderada para el mes de marzo, que el instituto estimó en el 3,9 por ciento.

Un problema adicional que surge en cada uno de esos estudios de las consultoras privadas es que no hay certeza de que una situación recesiva vaya a ponerle freno a los ajustes de precios. “Los empresarios siguen mirando la tasa de rentabilidad entre sus precios y sus costos antes que sus ventas, entonces aumentan los precios cuando ven que hay tendencia inflacionaria para no perder margen de rentabilidad, según la explicación que usualmente se escucha, aunque el mercado esté parado. ¿Cómo se explica, si no, que los precios de algunos modelos de autos hayan aumentado un 8 por ciento este primero de abril, en un momento crítico para el sector como el actual?”, señaló un consultor con trato diario con empresarios manufactureros.

Pero no se trata sólo del precio de los autos. La suba en febrero de la electricidad y ahora del gas terminó abarcando al conjunto del sector industrial, cualquiera sea su fuente de energía. Esta semana, la Unión Industrial Argentina le llevó al gobierno la preocupación por más de siete mil establecimientos en situación crítica por el fuerte impacto de la suba en la factura de energía en su presupuesto, al punto de poner en riesgo su continuidad. El gobierno nacional prometió dar una respuesta y atención al problema. Pero la misma receptividad habían tenido representantes de sector pyme semanas atrás, al entrevistarse con Francisco Cabrera, ministro de Producción, y la respuesta o solución jamás llegó. El deja vu es inevitable: los más veteranos ya recuerdan haber pasado por instancias similares, con Martínez de Hoz en dictadura o con Cavallo en democracia. Lo que hoy es pérdida de mercados por caída de poder adquisitivo y achicamiento de empresas por imposibilidad de afrontar la suba de costos, muy pronto se transforma en cierres de plantas y desocupación. La historia, y una política económica repetida, así lo indica.