El gobierno de Mauricio Macri inició ayer una nueva etapa de endeudamiento con la colocación de unos 15.000 millones de dólares para pagar a fondos buitre. La licitación despertó un fuerte interés de los inversores, que consideraron una buena alternativa la tasa de interés de hasta casi el 9 por ciento en dólares que ofreció el equipo económico liderado por el ministro Alfonso Prat-Gay. Las propuestas superaron los 67.000 millones dólares, casi cuatro veces y media el monto pretendido por el gobierno. Ese nivel de oferta tiene una explicación y no es la que el gobierno buscará trasmitir acerca del interés inversor en Argentina. Como la adjudicación será a prorrata, los bancos inflaron sus ofertas para asegurarse más bonos en la distribución final.

Si bien el resultado oficial se conocerá hoy, la colocación, según había adelantado el propio PratGay, habría privilegiado obtener una menor tasa y resignar plazo. De hecho, se incluyó durante la licitación un tramo a tres años –el más corto era a cinco– para mostrar al público que se consiguió en promedio un costo de emisión menor al esperado. Con esta operación la Argentina comienza a desandar la política de desendeudamiento del gobierno anterior (ver nota aparte), que le dejó a la actual administración una holgada situación crediticia.

Tras más de una década sin salir a los mercados internacionales y de una política con eje en el desendeudamiento, el macrismo abrió ayer el juego a los negocios financieros. Con el objetivo de pagar las sentencias arbitrarias obtenidas por los fondos buitre en el juzgado de Griesa y, en paralelo, conseguir liquidez para gastos corrientes, el gobierno hizo su primera licitación de bonos por la pretende captar 15.000 millones de dólares. Se trata de la colocación más abultada de los últimos veinte años para la economía de un país en desarrollo. La operación fue dilatada porque debió contar con el respaldo previo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York para evitar eventuales embargos del dinero recaudado. Esa Corte dio el visto bueno, aunque no descartó que se mantenga el riesgo de litigio con holdouts minoristas.

“Somos positivos por el resultado a alcanzar, pero por el momento no podemos dar cifras”, se limitaron a decir desde la cartera de Hacienda. El Gobierno anunciará hoy la tasa de interés de corte (real) y los montos que fueron adjudicados en cada uno de los tramos –3, 5, 10 y 30 años– de vencimiento. El cronograma estableció que las propuestas se recibieron ayer, mientras que hoy se realizará la colocación formal. El objetivo es que el viernes de esa semana se deposite el dinero (unos 10 mil millones de dólares) en las cuentas de los buitres y holdouts que aceptaron el acuerdo del gobierno. El resto de los fondos que no se apliquen al arreglo con los demandantes carroñeros tendrán como destino cubrir gastos presupuestarios, según había confirmado desde Nueva York el secretario de Finanzas, Luis Caputo.

Back to black

La vuelta a la matriz neoliberal de endeudamiento que propone el gobierno de Macri despertó un importante interés de inversores externo. De acuerdo con datos que dejó trascender el oficialismo, la propuesta recibió ofertas por un monto global de 67.000 millones de dólares. La colocación tuvo su debut, por un tema de husos horarios, en la plaza financiera de Londres y continuó hasta la costa oeste de los Estados Unidos. El equipo económico había elegido ambos mercados para hacer el road show (gira promocional) con la oferta para captar a los potenciales inversores. Los coordinadores a nivel global de la operación fueron los holdings bancarios Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, quienes recibirán en conjunto 27 millones de dólares en concepto de comisiones por la colocación, mientras que BBVA, Citigroup y UBS actúan como encargados conjuntos de los libros.

Como explicó el sábado este diario, JP Morgan y Deutsche fueron los empleadores de los encargados del equipo económico de liderar la emisión (el ministro Alfonso Prat Gay y Luis Caputo), y el HSBC que está siendo investigado por facilitar la fuga y ocultamiento de capitales de por lo menos 4040 cuentas de argentinos en su sucursal Ginebra.

El elevado nivel de ofertas refleja varias situaciones. Por un lado, están las cuestiones técnicas. Generalmente, cuando la colocación ya fue arreglada con un grupo de bancos o entidades financieras para asegurar un piso de emisión, la suscripción suele ser mucho más elevada que el verdadero monto con que se quiere quedar el emisor. Esto se hace para asegurarse la asignación prevista en la prorrata frente a muchos demandantes para una misma colocación.

El otro factor que explicó la demanda es meramente especulativo. La tasa de interés que ofreció el gobierno para esta colocación es atractiva en comparación con la que se puede obtener en otros mercados emergentes. Al iniciarse la operación global, el equipo económico dio a conocer una guía de rendimientos que propone una tasa del 6,75 por ciento para los bonos a 3 años, del 7,5 por ciento a cinco años, del 8,0 por ciento a 10 años y del 8,85 a 30 años. El objetivo del macrismo era mostrar haber obtenido una tasa promedio por debajo del 8,5 por ciento que obtuvo la administración anterior con la colocación de deuda de YPF. Para ello decidió a último momento sumar una serie super corta a tres años, con la cual logró bajar el promedio, aunque todavía no se conoce el reparto de los montos según el plazo. Sobre esos rendimientos de tasas testigo habrá que ver cuál será la tasa de corte. Esta tasa implica tener en cuenta el recorte del precio que aplique el mercado sobre el monto nominal, que equivale a decir cuánto se requiere emitir para obtener un monto objetivo. El acercamiento a los mercados y los guiños al sector financiero también permitieron un mayor interés. La calificadora de riesgos Moody’s mejoró la nota asignada para la deuda soberana argentina y la quitó del nivel de default (Caa1). Esto permite que varios fondos de inversión puedan adquirir los bonos, ya que en muchos casos se encuentran impedidos por razones contractuales a adquirir papeles con una calificación tan negativa como la que las agencias de rating mantuvieron para la Argentina durante los últimos años.

La cartera económica concretará la adjudicación hoy y este viernes se depositaría el pago a los buitres que aceptaron el acuerdo, tras lo cual el juez Griesa podría destrabar los cobros embargados para los tenedores de deuda reestructurada. Por orden del controversial magistrado, más de 2000 millones de dólares en pagos de servicios de deuda performing (vigente) todavía contabilizada como reservas podrían llegar a las cuentas de destino.