Lun 13.06.2016

ECONOMíA  › EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES RECONOCIó PARCIALMENTE EL VíNCULO CON LA CONSULTORA ESTADOUNIDENSE

Asoma el plan McKinsey para las comunicaciones

El organismo informó que Arsat tiene a consideración una propuesta de contratación de la firma, pero se negó a dar detalles. Página/12 aporta más datos de una iniciativa que terceriza el diseño de la política pública del sector.

› Por Fernando Krakowiak

El Ministerio de Comunicaciones reconoció su vínculo con la consultora McKinsey, aunque intentó desmentir que esté asesorando en el diseño de un nuevo marco regulatorio para el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al afirmar que la compañía estadounidense trabaja sólo para la estatal Arsat. De ese modo, también evitó tener que dar más detalles sobre el acuerdo. “Se le hace saber que uno de los organismos que están bajo la órbita de esta jurisdicción, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat) tiene a consideración de su directorio una propuesta de contratación para la realización de un Plan Estratégico de Negocios por parte de la consultora McKinsey & Company. Sin embargo, y dado el carácter de sociedad anónima de la referida empresa, no se encuentra en poder de este Ministerio de Comunicaciones otra información al respecto”, respondió el organismo conducido por Oscar Aguad ante un pedido de acceso a la información pública presentado por la investigadora del Centro de Producciones Radiales (CPR), María Lujan Tilli. Página/12 reveló el pasado 22 de mayo la propuesta de trabajo de McKinsey donde queda claro que su aporte va mucho más allá de un asesoramiento a Arsat. De hecho, la consultora no sólo diseñó esa propuesta sino que además realizó una extensa presentación ante funcionarios del gobierno, a la que también accedió este diario, sobre el sector de las comunicaciones y los desafíos estructurales a resolver para avanzar en el diseño de un nuevo marco regulatorio. Del texto, no se desprende una tarea de asesoría puntual sino una tercerización del diseño de la política pública de comunicaciones a manos de una empresa privada.

El pedido de información que realizó CPR el pasado 24 de mayo solicitaba datos sobre la propuesta de colaboración presentada por la consultora estadounidense McKinsey, el texto de la propuesta y el convenio firmado con el gobierno. En su respuesta, el Ministerio de Comunicaciones primero afirma desconocer la propuesta que presentó McKinsey. “Se le hace saber que esta jurisdicción no cuenta con información referida a una supuesta propuesta de colaboración presentada por la consultora estadounidense McKinsey en marzo, titulada ´Apoyando al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)”, dice la carta firmada por el director general de Asuntos Jurídicos Juan Manuel Mocoroa, aunque en el párrafo siguiente reconoció la existencia de una propuesta de contratación de McKinsey que está a consideración del directorio de Arsat. La firma estadounidense presupuestó 875.000 dólares por 16 semanas de trabajo, unos 12,5 millones de pesos, y sus analistas comenzaron a realizar las tareas de consultoría en marzo.

El 22 de mayo Página/12 informó que la propuesta de colaboración de McKinsey comenzaba con un breve mensaje dirigido al secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo. “Estimados Oscar, Mario y Rodrigo, de acuerdo a lo acordado en nuestro último encuentro, cumplimos en hacerle llegar la propuesta de trabajo para acompañar al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio de TIC, incluyendo como parte fundamental del esfuerzo repensar la estrategia y definir un plan de negocios para Arsat”. Allí queda claro no sólo que el Ministerio de Comunicaciones está al tanto de la propuesta sino que la misma va mucho más allá de la definición de un plan de negocios para Arsat.

Esta situación también quedó evidenciada en la extensa presentación realizada por directivos de McKinsey ante funcionarios en la que no sólo definieron los objetivos del plan sino también la situación actual del sector de medios, telecomunicaciones y tecnología en la Argentina. La exposición estuvo a cargo de Francisco Ortega, director de la oficina de Buenos Aires de McKinsey; Rodrigo Diehl, especialista en el área de TIC dentro de la consultora; y Luis Enríquez, especialista en temas regulatorios de los sectores de telecomunicaciones y energía.

Objetivos del plan

Los hombres de McKinsey dejaron en claro en la presentación los objetivos del proyecto:

1) Definir la visión y los objetivos para la Argentina en el desarrollo del sector de Tecnología, Medios y Comunicaciones, de manera que se convierta en un motor de desenvolvimiento, crecimiento e innovación para el país

2) Definir las principales palancas e iniciativas del futuro marco regulatorio, que permitan alcanzar la visión y los objetivos definidos;

3) Integrar todos los elementos del marco regulatorio en un modelo consistente que otorgue previsibilidad al sector a mediano y largo plazo;

4) Resolver desafíos que enfrenta el sector, entre los que se menciona la necesidad de favorecer el crecimiento en telefonía móvil, aumentar la banda ancha de alta velocidad, promover el acceso a dispositivos y equipamiento de primera generación, fomentar inversiones en el sector privado y público;

5) Definir el rol que Arsat deberá tener para apoyar el desarrollo de la infraestructura y del sector (y desarrollar un business plan para Arsat para los próximos 3-5 años)

6) Definir un plan de implementación que considere a los principales actores involucrados.

El único cambio respecto de los objetivos que habían explicitado en la propuesta de trabajo inicial fue que incluyeron el desarrollo del plan de negocios de Arsat como parte del quinto objetivo y de ese modo los redujeron de siete a seis.

El sector de TIC

En la presentación, se mostraron algunos datos donde se observa el efecto multiplicador del sector de las TIC sobre la economía y se citó el caso de Corea del Sur como “un ejemplo que podrá servir de inspiración”. De hecho, se destacó que ese país asiático tiene la mayor penetración de la banda ancha del mundo (100 por ciento), un porcentaje altísimo de utilización de e-learning entre los estudiantes (99,6 por ciento), ocupa el quinto lugar en el ranking de la OCDE de preparación para el e-governance y está en el top 5 de actitud para e-commerce.

En lo que refiere al caso argentino, detallaron la evolución de la facturación del sector de telecomunicaciones y medios por tipo de servicio, la porción de mercado de los principales jugadores en telefonía fija y móvil, banda ancha y televisión paga y la penetración de esos servicios en comparación con otros países de la región. En este último punto, destacaron que Argentina registra la mayor penetración en todos los servicios, pero advirtieron que “las tarifas presentan desbalances importantes entre servicios lo que afecta los economics (rentabilidad) del sector”.

McKinsey remarca, por ejemplo, que las tarifas de la telefonía fija son “muy bajas” (5 dólares versus 9 en Chile) y las de la telefonía móvil son “bajas” (10 dólares versus 40 dólares en Estados Unidos). También destacan que “la baja rentabilidad de las telcos en el negocio fijo no permitió liberar recursos para invertir en el móvil” y subrayan que “Argentina ha asignado menos espectro a telefonía móvil que otros países de la región”, lo que deriva en una baja cobertura de servicios de LTE y problemas en el servicio. Además, agregan que los precios de los productos de tecnología de consumo son mucho más altos que en otros países, poniendo como ejemplo que los smartphones cuestan un 163 por ciento más que en Estados Unidos.

Luego agregan que el proyecto debe dar respuestas a una serie de preguntas entre las que sobresalen las siguientes:

- ¿Cuáles son los objetivos de política pública y cuál es el mejor “modelo” del sector para alcanzarlo?

- ¿Cómo definir mecanismos para corregir los precios (y restaurar la rentabilidad del sector) de una manera políticamente viable?

- ¿Cuáles deberán ser las reglas para la convergencia de fijo-TV-móvil y contenido?

- ¿Qué mecanismos (ejemplo, reducción de tarifas de importación) permitirán aumentar la accesibilidad y penetración de smartphones, PCs y tablets?

También se incluye un apartado titulado “Algunas de las preguntas que deberemos responder para definir el marco regulatorio de medios” y luego se puntea una serie de interrogantes como, por ejemplo: ¿Habrá restricciones en contenido o contenido local?, ¿qué obligaciones existen para los que distribuyen el contenido?, ¿existen diferencias entre modos de delivery (diarios, TV, radio, Internet), ¿qué rol juega el gobierno tanto en subsidios como en control y financiamiento de creadores y distribuidores de contenido?, ¿existen limitaciones en concentración y en ownership (propiedad)?

Plan para Arsat

La presentación de McKinsey formula una descripción detallada de los “activos relevantes” de Arsat:

- Satélite Arsat-1: 24 transponders banda Ku y cobertura en Cono Sur.

- Satélite Arsat-2: 36 transponders (26 banda Ku y 10 banda C) y cobertura en norte y Sudamérica.

- 25 mil kilómetros de fibra óptica desplegados, cerca de la mitad de los 58 mil planeados.

- Aproximadamente el 25 por ciento del espectro radioeléctrico de 3G y 4G.

- Data center: Único en el país con certificación Upstream Tier III, 600 raks que ocupan aproximadamente 1600 metros cuadrados (4 salas de 365 metros cuadrados y una sala de máxima seguridad de 150 metros cuadrados) y servicios al sector público y privado de housing, hosting y nube.

En la presentación se preguntan, “¿qué rol deberá tener Arsat en el despliegue de infraestructura?” y “¿qué inversiones deberán realizarse?”. Héctor Huici, secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, aseguró en abril que se evalúa la posibilidad de incorporar capital privado en la empresa para dinamizar esas inversiones, aunque también está la opción de favorecer la colonización empresaria de la infraestructura a través de la firma de contratos.

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