Como si fuese poco el contenido que incluyó el Gobierno en el proyecto de ley ómnibus de blanqueo y pago a jubilados, que terminó de aprobar en la madrugada de ayer la Cámara de Diputados, el oficialismo agregó un artículo que transfiere la Unidad de Información Financiera (UIF) a la órbita del Ministerio de Hacienda. La incorporación fue solicitada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado de Cambiemos Luciano Laspina, luego de que el paquete de leyes ya había sido aprobado en general, lo que motivó que los diputados del Frente para la Victoria decidieran abandonar el recinto antes de que finalice el tratamiento en particular de cada artículo. La subordinación de la UIF a la órbita de Hacienda no sólo le quita independencia al organismo encargado de combatir delitos financieros, tal como solicitan los estándares internacionales, sino que es parte del programa de desmantelamiento de atribuciones y capacidades de respuesta que dispuso el macrismo.

El proyecto fue aprobado en general pasada la medianoche, con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. Luego se pusieron en consideración durante casi toda la madrugada los 96 artículos del texto, que incluye el pago de sentencias con quita a los jubilados, actualización de haberes previsionales, la creación de una Pensión a la Vejez, un blanqueo de capitales, moratorias tributarias y la ratificación de acuerdos de Coparticipación con las provincias. El extenso paquete de medidas, que recibió numerosas críticas por presentarse como un solo proyecto, no fue suficiente para el oficialismo, que aprovechó para incorporar cerca de las 4 de la mañana otro artículo. Laspina introdujo el cambio de la UIF. “En línea con las recomendaciones y las mejores prácticas internacionales que así lo aconsejan”, argumentó el diputado.

La modificación no había sido discutida en comisiones, pero sí había sido acordada con el Frente Renovador. “No tenemos una opinión fundada acerca de cuáles son las mejores prácticas internacionales en la materia. No entiendo cómo se puede mencionar esto con liviandad, ni cómo podemos no hacer pasar este tema por las comisiones correspondientes, ni discutirlo seriamente en este recinto. Esto es un manoseo de la UIF en el marco de un blanqueo”, se quejó el diputado Axel Kicillof antes de abandonar el recinto. El artículo fue aprobado con 124 votos a favor y 85 en contra.

El desguace

La gestión de José Sbattella en la UIF, iniciada en 2010, permitió que el 24 de octubre de 2014 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) quitara al país del seguimiento intensivo (“lista gris”) que mantenía tras su última evaluación en 2009. A través del decreto 1936, se asignó a la UIF la representación del Estado ante los organismos internacionales (GAFI, Gafisud y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos). En esa disposición se estableció que el organismo actuará como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal. Para dar cumplimiento a los estándares internacionales, se puso a la UIF por encima del resto de los organismos de estado, como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros. Esta autonomía le permitió un mayor poder de coordinación y supervisión.

Desde que asumió el macrismo, el organismo estatal encargado de combatir el lavado de dinero sufrió una serie de cambios drásticos. La UIF quedó presidida por Mariano Federici, abogado vinculado al estudio de Félix Marteau, que patrocinó bancos acusados de lavado, secundado por María Eugenia Talerico, ex defensora del oficial de cumplimiento del HSBC, que acumula multas millonarias y afronta una investigación por la fuga de más de 3500 millones de dólares hacia 4040 cuentas no declaradas en Suiza. Durante la nueva gestión se cuentan 60 trabajadores despedidos, reestructuración del organigrama y el diseño de un nuevo marco normativo que será presentado este año.

Según adelantó Federici, el objetivo de la UIF será enfocarse en delitos vinculados con el narcotráfico y la trata de personas, lo que deja desprotegido el lavado de dinero proveniente de incumplimientos económicos y financieros de empresas, grupos económicos y corporaciones. “La UIF debe ser un organismo garante de las libertades individuales, de la seguridad jurídica y del clima de negocios para atraer inversiones genuinas al país”, había reconocido Federici, quien se quejó por el exceso de supervisión al sistema financiero. “Estos cambios podrían hacer volver a la Argentina a la lista gris de países que no previenen correctamente el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, alertó Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).