El paquete de ley ómnibus que impulsa el Gobierno obtuvo media sanción de Diputados con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones, y fue girado al Senado, en donde comenzará a debatirse en comisión a partir del martes próximo. Durante el debate en el recinto se incorporaron algunos cambios que se negociaron en paralelo a la discusión parlamentaria.

La iniciativa contó con el apoyo del Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos por una Argentina y siete diputados del Frente para la Victoria. Tres de estos últimos decidieron abandonar el FpV y formar el bloque Misiones. Se trata del ex gobernador Maurice Closs y de los diputados Jorge Franco y Silvia Risko. También votaron a favor el misionero Daniel Di Stéfano, la tucumana Miriam Gallardo y los entrerrianos Carolina Gaillard y Lautaro Gervasoni.

En uno de los puntos más solicitados por referentes de la oposición, el texto aprobado excluyó del blanqueo a los familiares directos –el cónyuge, los padres y los hijos menores o emancipados– de los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes y los parlamentarios del Mercosur. La ley habilita blanquear fondos no declarados hasta la fecha de su entrada en vigencia en lugar del 31 de diciembre de 2015, como se establecía en el proyecto original. En cuanto a la moratoria previsional, se les brindará a las mujeres tres años más y a los hombres uno (prorrogable por otro más) para que ingresen, lo que posterga de hecho la entrada en vigencia de la pensión universal incluida en la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Sobre la cartera de la Anses, además de limitar la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a un mínimo de 7 por ciento de su cartera, se le prohibió que pueda invertir en activos extranjeros. En materia impositiva, dado que se combino no eliminar en 2019 el impuesto a los Bienes Personales, la tasa de ese gravamen para ese año se estableció en 0,25 por ciento. Por pedido de los gobernadores de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, quienes solicitaban que se extienda de 90 a 120 días la moratoria, se incluyó un apartado que promete que la autoridad de aplicación tendrá en cuenta esa situación y extenderá eventualmente los plazos.

El Senado debatirá entre el martes y el miércoles en un plenario de comisiones de Derechos y Garantía y de Presupuesto y Hacienda el proyecto de ley aprobado, con el objetivo de llevarlo al recinto el próximo 29 de junio.