La distribuidora Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) cambiará a partir del martes próximo la forma de facturar el agua corriente. Según confirmó ayer el director general de la compañía, Martín Heinrich, los clientes no residenciales pagarán por metro cúbico consumido y no por superficie, para lo cual se iniciará la instalación de medidores de agua. Se trata de 140.000 nuevos medidores que la empresa instalará en un plazo de entre 18 y 24 meses. Los cambios están enfocados a instituciones sin fines de lucro, como colegios y universidades públicas, hospitales, clubes de barrio y sociedades de fomento, entre otras. Los clientes residenciales también podrán solicitar, como opción, el medidor e ingresar en este plan de medición por consumo durante el bimestre.

En las últimas semanas, consorcios, hogares y negocios empezaron a recibir boletas con incrementos de hasta 375 por ciento. Heinrich sostuvo que a los usuarios se les aplicará en las próximas semanas una reducción del 50 por ciento en el cargo fijo, uno de los dos componentes de la factura, definido según los coeficientes zonal y de edificación, tarifa general diaria, superficie cubierta del terreno y Aporte Universal Diario. El cargo variable depende del consumo por bimestre. Si el usuario no tiene medidor, el concepto se determina en forma análoga al cargo fijo. Con respecto a la tarifa social, el director de Aysa admitió que existe un bajo número de pedidos para acceder al beneficio, de aproximadamente cien mil usuarios contra tres millones por la tarifa de luz. Los usuarios se quejan por la falta de información oficial y lo extremadamente engorroso de reunir todos los requisitos para hacer la presentación, que Heinrich intentó relativizar.

En el caso de los usuarios no residenciales, la modificación en el mecanismo de facturación está enfocada a empresas, comercios y clubes de barrio de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y permitirá asociar la tarifa con el nivel de consumo. Los cambios se conocerán la semana próxima a través de una resolución de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Según argumenta la empresa, el objetivo es mejorar la situación de las compañías, ya que muchas firmas con grandes superficies se vieron afectadas tras la suba de tarifas, a lo que se suman un incentivo al uso racional del agua.

Heinrich dijo que sólo un tercio de los 300.000 usuarios no residenciales hoy tiene medidor. La incorporación de unos 140.000 medidores “es un objetivo que cumpliremos en un plazo de entre los 18 y 24 meses. Si no sumamos los medidores que faltan en un máximo de dos años, no facturaremos el consumo”, aclaró. También el usuario residencial podrá solicitarlo. Aysa cuenta con 2,5 millones de clientes residenciales y sólo el 12 por ciento posee un medidor. Estos deberán solicitarlo y el cargo de la instalación correrá por cuenta de la empresa. El directivo explicó que la medición del consumo tiene algunos problemas de aplicación. En particular, detalló que en el caso de los edificios, sólo se podrá medir el consumo de toda la unidad y no de cada departamento. El consorcio deberá prorratear la facturación.

Para las casas también puede implicar un perjuicio el cambio de sistema. “Si a una casa de consumo promedio de 40 metros cúbicos le instalamos un medidor, pasaría a pagar un 30 por ciento más. Esto es porque el sistema actual no está pensado para incentivar la medición por consumo”, sostuvo Heinrich en una entrevista periodística (Radio del Plata). Los usuarios no residenciales y residenciales que tengan o quieran un plan de medición podrán ver en su factura un gráfico con la evolución del consumo por bimestre.

Tal como sucedió con el resto de los servicios públicos, los aumentos en las tarifas no son claros y los aumentos llevaron a cuadruplicar lo que se pagaba anteriormente. Mucho menos claras son las condiciones y criterio para acceder al beneficio de la tarifa social. Esta situación se refleja en el número de hogares y personas que accedieron a esa tarifa preferencial en otros servicios respecto a los que lo lograron con el agua y cloacas. Las distribuidoras eléctricas registran más de 3 millones de usuarios incluidos en la tarifa social, las de gas cuentan con 1,5 millones de clientes adheridos a ese beneficio y más de 3 millones se acogieron a esa tarifa para medios de transporte. En el caso del agua, son poco menos de 100.000 usuarios beneficiados. “Hasta ahora sólo hubo 100.000 solicitudes aprobadas y 4000 no aprobadas”, reconoció Heinrich en declaraciones radiales.

De acuerdo con lo publicado en la Web de la empresa y de Presidencia, la nueva tarifa promedio para usuarios de Aysa, que abastece a Capital Federal y alrededores, pasará de 132 pesos por bimestre por el servicio de agua y cloacas a 524 pesos. En tanto, la denominada Tarifa Social Federal implicará una factura mínima para un hogar desde 83 pesos bimestrales por suministro de agua potable o desde 166 pesos por bimestre para los servicios de agua y cloacas. Por su parte, más de un millón y medio de hogares seguirá recibiendo un descuento del 25 por ciento sobre el valor de sus facturas y todos aquellos hogares que actualmente cuenten con tarifa social continuarán abonando el mismo monto hasta su vencimiento. Según dijo Heinrich, para acceder a esa tarifa el hogar deberá presentar una declaración jurada en la especifique contar con ingresos inferiores a los 10.000 pesos, equivalente a dos salarios mínimos, aunque eso no se especifica en la página de Aysa (ver los requisitos en la imagen de esta nota).

El trámite para usuarios residenciales para acceder a la tarifa social implica completar un formulario que tiene carácter de declaración jurada, donde se le requerirá información referida a cuenta de servicios de Aysa, cantidad de integrantes del hogar con nombre apellido y DNI, ingresos del hogar, gastos en salud y vivienda y en servicios. Las cartas que recibieron los usuarios detalla además: últimas facturas de electricidad, gas, servicios de telefonía fija y celular, Internet y televisión por cable, pagos de cobertura médica, recibo de expensas, ABL e impuesto Inmobiliario, recibo de alquiler y comprobante por créditos hipotecarios o planes de vivienda. Las instituciones sin fines de lucro deberán presentar copia de última factura de Aysa, acta constitutiva de autoridades o comisión directiva, comprobante de reconocimiento legal como institución de bien público, estatuto social, últimos tres balances y una nota de sus autoridades detallando actividades desarrolladas por la institución.

Los requisitos para el acceso a la tarifa social, según la página oficial de Aysa.