Producción: Javier Lewkowicz

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Vuelta a la estigmatización

Por Nicolás Dvoskin *

El proyecto de ley de “reparación histórica a los jubilados” propone la creación de una “Pensión Universal a la Vejez” en reemplazo de las actuales moratorias. Al respecto, proponemos un breve recorrido por la historia de las pensiones a la vejez no contributivas en el país.

A principios del siglo XX empezaron a crearse sistemas contributivos gestionados por sindicatos, originalmente para trabajadores de cuello blanco, extendidos masivamente por Juan Perón. El peronismo también tuvo una importantísima política de protección no contributiva, asistencial, pero institucionalmente separada.

Durante los años de la proscripción, el sistema de protección social creado por el peronismo para trabajadores formales no fue muy criticado. Distinto fue el caso de la política asistencial, duramente cuestionada, y así la protección no contributiva salió de la escena. Es cierto, el desempleo era bajo, pero aun así había muchos ancianos sin cobertura. Había que proteger a todos, pero desde la lógica contributiva. En todo caso, las utopías del desarrollismo entendían que las protecciones no contributivas no serían necesarias.

En 1969 Juan Carlos Onganía estatiza el sistema previsional y lo pone bajo el control del Ministerio de Bienestar Social (MBS), a cargo de sectores vinculados a la iglesia. A principios de los 70 asume Francisco Manrique en el MBS y cambia parcialmente la impronta. Se empiezan a reivindicar protecciones no contributivas para algunos sectores postergados, siempre bajo una lógica asistencial y separada de la seguridad social ordinaria. Algo de eso también hay en el Programa de Seguridad Social que lanza López Rega en noviembre de 1973. Es decir, a principios de los 70, cuando empiezan a advertirse los límites del desarrollismo y se agotan sus utopías, la agenda no contributiva vuelve levemente a escena.

Con la última dictadura todo esto desaparece, pero en los 80 regresa. El legado económico y social de la dictadura es trágico: bajan fuertemente los salarios reales, con lo que cae la recaudación. Una reforma más inclusiva está en agenda durante el gobierno de Alfonsín, pero queda relegada.

En los 90 crecen la pobreza, el desempleo y la precariedad. No sólo quedan excluidos muchísimos ancianos no cubiertos; quienes sí lo están cobran haberes irrisorios. Además, la población activa aportante es cada vez menor. Al mismo tiempo, retorna el asistencialismo, pero en clave neoliberal, basado en la focalización y las contraprestaciones. La política social se vuelve masiva en 2002 con el Plan Jefas y Jefes. En 2004 sus beneficiarios son divididos en dos: de un lado el Plan Familias, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, del otro distintos programas del Ministerio de Trabajo. Los inempleables de un lado, los empleables del otro. En el marco del Plan Familias se lanza una línea llamada Plan Mayores, para ancianos sin cobertura, pero tiene pocos adeptos.

Así llegamos a 2005 y a las moratorias. En lugar de separar al sistema contributivo de uno no contributivo, asistencialista y sólo para pobres, se incluye a todos bajo una lógica contributiva ficcional. En vez de otorgar a los ancianos un plan social, se permite que se jubilen declarando una deuda de aportes -en algunos casos total, en otros parcial-. La ANSeS instaba a que afirmen que habían trabajado y recibían una jubilación mínima menos una cuota de regularización a saldar en cinco años. Así, la cobertura previsional pasó del 50 en 2001 al 90 por ciento en 2010 y al 97 por ciento en 2014.

Las moratorias fueron una farsa, es cierto, pero necesaria para adaptar las necesidades del siglo XXI a lógicas legitimadoras del pasado. El Plan Mayores fracasó, en parte, porque fue pensado como plan para pobres con una gran carga estigmatizadora. Esta ficción permitió romper con la estigmatización. Claro está, reprodujo la legitimación del sistema contributivo, pero puso fin a una tradición más que centenaria, que consistió en separar a los pobres y segmentar institucionalmente a la protección social.

Lo que propone el gobierno es volver a la segmentación. Para trabajadores formales, jubilación ordinaria. Si faltan aportes, al plan social, a la jubilación para pobres. Sostienen que es injusto darle al que aportó el mismo beneficio que al que no lo hizo. Pero, ¿acaso quienes no aportaron lo hicieron por voluntad propia? Un varón que se jubila hoy con 65 años tenía 40 en 1991. Le tocó atravesar su edad de madurez laboral durante los 90. Es muy probable que haya caído en el desempleo o en la informalidad. Hoy quiere jubilarse y el gobierno le dice que la reparación histórica para consigo es una jubilación de segunda.

Si las moratorias abrieron contradicciones en el sistema, la nueva propuesta las resuelve volviendo hacia atrás, a la estigmatización de la pobreza y a la responsabilización individual. Vuelve a la protección social neoliberal en nombre de la supuesta justicia para con quienes sí pudieron aportar, que son aquellos que simplemente tuvieron la suerte de no quedar desempleados o precarizados.

* Doctor en Ciencias Sociales, Becario posdoctoral CEIL-Conicet, Docente UNM, Miembro de la Sociedad de Economía Crítica.

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La mujer en el laberinto

Por Ezequiel Barbenza * y Rodrigo Ruete **

En 2009, Uruguay incorporó a la jubilación de las mujeres el reconocimiento de un año adicional de servicios por cada hijo nacido vivo o por cada hijo adoptado. Esta experiencia debería ser tomada en cuenta por el Congreso argentino, donde se debate una reforma que da en el corazón del sistema previsional y que tiene a la mujer como protagonista.

Uno de los principales desafíos de la última década en América Latina fue la ampliación de la cobertura de las prestaciones de seguridad social para revertir el sistema de exclusión que impusieron las políticas neoliberales de los años 90. La situación de la mujer frente a las desigualdades del mercado laboral repercutió directamente sobre el sistema de seguridad social. Su incorporación al mercado laboral se dio en el marco de la precarización y la feminización en las ramas de los servicios y se vio caracterizada por la tercerización, la desregulación y el ajuste estructural, lo que provocó, además, la fragmentación y la desigualdad en las estructuras sociales.

El panorama en el sistema previsional no era más alentador. La convivencia de un sistema público de carácter residual con un sistema privado de capitalización individual (AFJP) generó que casi la mitad de los adultos mayores con la edad suficiente no pudieran acceder al derecho jubilatorio, situación que impactó en mayor medida en las mujeres.

Para acceder a la jubilación, la ley exige 65 años para el hombre y 60 para la mujer, pero a los dos se les pide la misma cantidad de aportes: 30 años. La mujer debe reunir la misma cantidad de meses cotizados aunque está expuesta a una mayor precarización laboral y a cargo de los cuidados familiares.

Frente a este problema, el Gobierno de Néstor Kirchner lanzó un plan de inclusión previsional que implementaba una moratoria para el pago de los aportes y contribuciones faltantes. En septiembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner lanzó la segunda etapa de la moratoria. Con estas moratorias, el total de jubilaciones y pensiones del SIPA aumentó 106 por ciento desde 2003, pasando de 3.195.954 a 6.579.475 en diciembre de 2015. En la primera moratoria el 73 por ciento fueron mujeres (con un promedio de ocho o diez años de aportes), y en la segunda, esa cifra ascendió al 86 por ciento. Estos resultados fueron de gran impacto en la reducción de la pobreza e indigencia entre adultos mayores, superando en las mujeres una desigualdad histórica.

La inclusión jubilatoria fue además un acto de justicia. Ante los dos grandes paradigmas de seguridad social –el plenamente contributivo o Bismarckiano y el de piso de protección social financiado fiscalmente tipo Beveridge– el modelo argentino se declaraba contributivo asistido. El 50 por ciento de los ingresos de la seguridad social provienen de aportes y contribuciones y el resto de impuestos como el IVA, el cigarrillo o los combustibles. Por lo tanto, hasta la moratoria muchos adultos mayores –especialmente muchas mujeres– financiaban con sus impuestos las jubilaciones de los trabajadores registrados, pero no participaban del derecho a la jubilación.

En septiembre de este año se cerrarán los periodos habilitados para la moratoria. Frente a esto, es necesario definir cuál será la estrategia a seguir para evitar la caída de la cobertura. El gobierno de Mauricio Macri eligió otro camino: una Pensión Universal para el Adulto Mayor, para todas las personas de 65 años de edad o más. De esta forma, el proyecto de ley demora, por esta vía, en 5 años la jubilación de la mujer que no tuviera aportes suficientes.

Además, esta pensión consistirá en el pago de una prestación mensual equivalente al 80 por ciento del haber mínimo garantizado del Sistema General (SIPA), generando dos subsistemas diferentes entre jubilados de primera que están en la mínima o sobre ella y pensionados de segunda para quienes, sin importar la cantidad de aportes que tuvieran, y mientras estos no sean suficientes para cubrir los 30 años, estarán siempre un 20 por ciento por debajo de la mínima jubilatoria. Además, este proyecto determina la incompatibilidad con la pensión derivada -a la que se accede por viudez-, contradiciendo su carácter de Universal. Curiosamente y como para compensar que está bajo la mínima, establece que la mujer mayor de 65 años pueda seguir trabajando sin incompatibilidad.

Del debate en la Cámara de Diputados surge un tercer camino en este laberinto: que las mujeres mantengan abierto el canal de la moratoria por tres años más y que también puedan adherirse a la Asignación Universal para el Adulto Mayor, lo que complica aún más el panorama. Lamentablemente, no se incorporó en el debate el camino de Uruguay del aporte ficto por hijo, aun cuando existen proyectos presentados como el del diputado Eduardo Santín.

La ventaja de flexibilizar las condiciones de acceso por vía de moratorias radica en abandonar el paradigma bismarckiano, sin generar distinciones entre jubilados. Lo mismo sucede para el reconocimiento de aportes ficto por hijo, pero solo para el universo de mujeres que fueron madres, quienes adquieren una compensación por los cuidados familiares, pero no modifican los rasgos de una sociedad patriarcal que asigna esos roles. La Asignación resuelve la universalidad de la cobertura, pero genera esquemas estamentados que replican en el sistema previsional las mismas desigualdades del mercado de trabajo.

Con toda esta complejidad, debemos superar las acciones aisladas y elaborar un plan que tenga una mirada integral desde la transversalización de género para hacer cumplir los compromisos internacionales que en la CEDAW y en la OIT nuestro país ha asumido, pero mucho más importante aún, para reparar una situación de desigualdad de la mujer que nos interpela. De esa forma, estaríamos saliendo del laberinto previsional como enseña Marechal: por arriba.

* Docente UNAJ, mesa de economía del Movimiento Evita.

** Rodrigo Ruete, Universidad Rey Juan Carlos.