Producción: Tomás Lukin

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Señal de alerta

Por Ariel Lieutier *

El empleo atraviesa una compleja situación en Argentina. Por eso, no es casual que la instalación del tema “despidos” en la agenda pública, la movilización sindical del 1° de mayo, y la aprobación de la Ley Anti-despidos (luego vetada), hayan sido las señales más claras de vitalidad de la oposición al nuevo gobierno. El oficialismo hizo un esfuerzo tardío por intentar mostrar números que refuten la emergencia laboral, pero trastabilló cuando sus números mostraron no solo una caída del empleo en los últimos meses sino también que el empleo había crecido en 2015.

A la fecha, no hay datos actualizados del total del empleo que incluya a los trabajadores no registrados. Las fuentes que lo relevan son las del INDEC que no tienen fecha de publicación para este año. Quedan, entonces, las cuatro fuentes que consignan el empleo registrado. Tres de ellas se basan en registros de la Seguridad Social (la serie del Ministerio de Trabajo-SIPA, los datos que releva la AFIP y los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo SRT) y la EIL, una encuesta a empresas formales de más de 10 trabajadores en grandes ciudades.

Cada una de las series mide cuestiones distintas, y por lo tanto sus datos son diferentes. No obstante, de su análisis conjunto se desprende que el empleo creció durante 2015 hasta alcanzar su pico -para algunas series en noviembre para otras en diciembre-, para luego caer. Es importante destacar que estas caídas no responden a un efecto estacional.

Los datos del SIPA, sólo para trabajadores privados registrados, muestran que el punto máximo se alcanzó en noviembre. Desde entonces se destruyeron 84 mil puestos de trabajo. La serie de AFIP (que además de los privados incluye a los empleados públicos de algunas jurisdicciones) muestra una caída entre diciembre de 2015 (máximo alcanzado) y abril de 2016 de 0,7 por ciento sin considerar la estacionalidad. La información de la SRT, que incorpora a todo el empleo público, donde se registra mayor cantidad de destrucción de puestos, muestra una caída de 1 por ciento respecto a diciembre de 2015. En tanto, la EIL, muestra una merma de 0,3 por ciento sin estacionalidad, aunque por sus características es la menos sensible a las variaciones en el nivel de empleo, tanto cuando crece como cuando cae.

Es importante señalar que el comportamiento del empleo registrado en los diferentes sectores económicos no fue homogéneo. Para el sector privado, según los datos SIPA del Ministerio de Trabajo de la Nación, en 7 sectores se destruyeron 100 mil puestos de trabajo, mientras que en los restantes 8 se crearon 16 mil puestos (el resultado neto arroja una destrucción de 86 mil puestos). El sector que más puestos destruyó fue la construcción, con 50 mil. Además, tiene un profundo impacto distributivo ya que este sector representa una extendida inserción laboral para los sectores populares. Lo sigue la industria, con 20 mil puestos. Esta caída implicó una interrupción del proceso de recuperación del empleo industrial, que tuvo lugar durante 2015 (luego de caer desde 2013).

Paralelamente, del lado de los sectores donde creció el empleo se encuentran algunos servicios y la agricultura. Es temprano para hablar de tendencias, pero el mercado de trabajo, de manera muy incipiente, parece haber reaccionado en consonancia con los cambios en la orientación de la política económica.

Por último, cabe señalar, que el nivel de empleo está estrechamente vinculado a la actividad económica. Esto no implica que necesariamente se ajuste instantáneamente a los cambios en la actividad, pero la evidencia muestra que este acomodamiento puede ser muy veloz.

La acción de las políticas públicas puede accionar para que estos ajustes, se demoren o no sean tan abruptos, pero hasta el momento el mercado de trabajo ha reaccionado más rápidamente, y con mayor contundencia, que las autoridades.

Por ello, es importante destacar que la caída en el empleo que muestran los datos disponibles se dio en un contexto en el que la merma de la actividad recién empezaba a manifestarse con intensidad, y que se profundizó en los meses siguientes. Por lo tanto estas tendencias no deben minimizarse y constituyen una señal de alerta. Los 84 mil trabajadores que en sólo 5 meses se sumaron al drama que significa no tener empleo son el testimonio patente de ello.

* Economista del Instituto de Trabajo y Economía - Fundación Germán Abdala / www.itegaweb.org

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El ejército de reserva

Por Leandro Salgado *

Las políticas de ajuste llevadas adelante por el gobierno desde diciembre de 2015 traen aparejado un peculiar diagnóstico del mercado laboral. Desde esa perspectiva el empleo se mantuvo estancado en los últimos años ya que los altos costos laborales (léase salarios elevados) impiden a los empresarios contratar nuevos trabajadores. La falta de oportunidades, en la lógica que subyace tal visión, debería haber forzado a los trabajadores a aceptar menores salarios, pero la posibilidad de conseguir empleo en el sector público habría mantenido los salarios artificialmente altos a costa de un gasto público aparentemente excesivo. La solución elegida, entonces, consistió en disminuir abruptamente los salarios mediante tres mecanismos: devaluación, paritarias inferiores a la inflación y despidos en el sector público.

El primero de los mecanismos, la devaluación, implicó una inmediata caída de los salarios medidos en dólares. De un día para el otro el trabajo argentino pasó a valer un 40 por ciento menos que el de los trabajadores del resto del mundo. La pérdida de valor del peso implicó el encarecimiento de los productos importados con la consecuente caída del poder de compra del salario. En el mismo sentido, la quita de retenciones a la exportación de granos con la que se acompañó a la devaluación hizo aumentar su precio en pesos, encareciendo productos alimenticios básicos como el pan. El aumento generalizado de las tarifas terminó de configurar un panorama de inflación anualizada de entre 42 y 50 por ciento.

Sin embargo, la devaluación y el aumento de los precios no son suficientes para explicar la gran pérdida de poder adquisitivo. Esa situación podría haber sido compensada mediante las paritarias. Sin embargo, las negociaciones salariales de 2016 promovieron aumentos muy debajo de la inflación y, en los pocos casos que estuvieron más cerca, serán otorgados en varias partes diluyendo su efecto con la inflación del resto del año. Un análisis apresurado podría atribuir la razón de que los gremios hayan aceptado paritarias tan bajas a la falta de datos oficiales sobre la inflación, aunque en los últimos ocho años las negociaciones se han basado siempre en datos extraoficiales logrando en casi todos los casos aumentos similares, y a veces superiores, a la suba de precios. El motivo de las bajas paritarias parece estar más vinculado al tercer mecanismo desplegado por el gobierno: el temor a los despidos.

La política de despidos en todos los niveles del Estado estuvo maquillada con la no renovación de contratos anuales que en su mayoría enmascaraban relaciones laborales permanentes. La señal de ajuste fue replicada por las firmas privadas, que primero suspendieron las nuevas contrataciones y luego dejaron de renovar los contratos vencidos. El surgimiento de nuevos desempleados, dispuestos a aceptar salarios más bajos con tal de recuperar el empleo, permitió a los empresarios endurecer su postura durante las paritarias. Los sindicatos también perdieron poder de negociación, ya que su preocupación pasó a ser la de cuidar los puestos de trabajo de sus afiliados.

Cuando la principal preocupación del Gobierno es que bajen los salarios, la estrategia elegida es el disciplinamiento de los trabajadores mediante la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo. En la jerga económica se conoce a este mecanismo como la formación de un “ejército de reserva” de desempleados que no tienen otra opción que competir entre ellos aceptando menores salarios y peores condiciones de vida.

Las políticas de ajuste, impopulares incluso entre las clases altas, suelen determinar la caída en la pobreza de parte de los sectores medios y, en sus versiones más extremas, marcan la diferencia entre la vida y la muerte en los grupos más vulnerables de la sociedad. No sorprende, por lo tanto, que en democracia se las suela presentar como “necesarias medidas de austeridad” en “períodos extraordinarios de crisis”. Sucedió en Argentina con el Rodrigazo, la salida de la hiperinflación y con la profunda recesión que marcó el agotamiento de la convertibilidad. La crisis es el argumento esgrimido actualmente en Grecia y España para sostener el enfriamiento de la economía, a pesar de que sus tasas de desempleo superan el 20 por ciento. Es también la justificación de la política de ajuste iniciada por el gobierno macrista en diciembre de 2015. Los datos, no obstante, distan mucho de respaldar la hipótesis de una crisis previa a la asunción del nuevo gobierno que justifique la magnitud del ajuste. El macrismo recibió un país con una economía imperfecta, susceptible de numerosas correcciones y que debe avanzar aún más en la inclusión y la disminución de la pobreza, pero difícilmente sumida en una crisis que justifique el despiadado ajuste del que somos víctima las y los trabajadores de todo el país.

* Investigador del Centro Cultural de la Cooperación.