El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró ayer que la Corte Suprema de Justicia debería resolver el tema de la validez de los aumentos de tarifas para poder empezar a generar certidumbre. “El recurso está presentado. Como Gobierno tomamos la misma posición que frente a todos los casos, que es no interferir, no criticar ni presionar. Pero sería bueno que la Corte resuelva el tema, al menos que decida si admite o no el per saltum solicitado”, sostuvo. Las declaraciones de Garavano se dan en un contexto en que se multiplican los amparos judiciales en contra de los tarifazos, los cuales incluso derivaron en una corrección en los topes de facturación para la luz a un 400 por ciento. Las desprolijidades en la aplicación de aumentos de los servicios y las dificultades para acceder a la tarifa social obligaron al Gobierno a rever la modalidad de la facturación. Según pudo saber este diario, se analiza aplicar la tarifa social por zonas o barrios.

La Procuración del Tesoro presentó el pedido de per saltum semanas atrás ante la Corte. Garavano afirmó que el máximo tribunal lo tiene en estudio y que espera “que haya una definición sobre si se lo acepta o no, que eso es lo primero, antes de la feria judicial, para generar certidumbre”. El funcionario se refirió a los amparos judiciales, los que, sostuvo, “generan una situación bastante irregular sobre quién paga, quién no paga”. “Además, tienen una deficiencia técnica, más allá de que hay jueces que las estén otorgando”, agregó Garavano, quien afirmó que sintió “lo mismo que la gente” cuando recibió la factura de gas. “Pagaba mil y pico de pesos y me llegó la boleta de más de 5 mil en dos cuotas”, afirmó el ministro.

Pero no todos tienen la posibilidad de afrontar una boleta de 5 mil pesos por un servicio, con lo cual los reclamos se multiplican y la Justicia en la mayoría de los casos valida el pedido. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba suspendió anteayer el aumento del precio del gas en toda la provincia por tres meses, mientras que la Justicia Civil y Comercial aplicó una medida similar en el partido bonaerense de San Martín para el servicio eléctrico. En el caso cordobés están las decisiones judiciales más relevantes en contra del aumento, junto a la suspensión que tuvo lugar en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. En una decisión unánime, la Cámara cordobesa ordenó retrotraer tarifas al 31 de marzo. El aumento del gas fue frenado además en el norte de Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el municipio de La Matanza, la Justicia suspendió el tarifazo en electricidad, gas y agua. Además, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín frenó los aumentos de tarifas en la luz al dar lugar a un amparo presentado por el intendente Gabriel Katopodis.

El Gobierno y las distribuidoras obtuvieron un fallo favorable en Santa Fe. La Justicia rosarina rechazó ayer una medida cautelar interpuesta por usuarios y comerciantes locales contra dos incrementos de la tarifa eléctrica impuestos por la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El juez en lo Civil y Comercial Néstor García fundamentó su resolución en que la suspensión del nuevo cuadro tarifario -solicitada por los demandantes- conllevaría mayores perjuicios para la compañía que su aplicación para los usuarios del servicio.

A este berenjenal legal se suman las dificultades que encuentran los usuarios para acceder a la tarifa social, debido a la cantidad de requisitos que hacen en muchos casos imposible obtener el beneficio. Desde el Gobierno sostienen que el uso de medidores no es una solución que permita discriminar usuarios en barrios de bajos recursos. En esos lugares el medidor suele ser compartido por varias familias. Una de las soluciones que estarían en estudio es aplicar de manera discrecional la tarifa social por zonas de bajos recursos, aunque dentro de esos barrios pueda haber un consumidor con altos ingresos que quede incluido en el beneficio.