El Gobierno promulgó ayer la ley ómnibus que habilita el pago de sentencias y retroactivos a jubilados, una actualización de haberes provisionales y el blanqueo de capitales. La publicación de la norma en el Boletín Oficial es el primer paso formal para poner en marcha esas iniciativas. La pretensión de la Casa Rosada es que el “sinceramiento fiscal”, como denomina al blanqueo de capitales, esté operativo a partir de los primeros días de agosto. Para eso, los organismos involucrados como la AFIP, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera deberán publicar sendas resoluciones que permitan instrumentar las distintas vías para la regularización de los activos no declarados.

En el Ministerio de Hacienda y Finanzas esperan que se regularicen entre 40 y 60 mil millones de dólares, incluso algunos funcionarios cercanos al presidente Macri estiran esa cifra a 100 mil millones. Desde la lógica propuesta por el Gobierno, los ingresos fiscales producidos en el blanqueo serán destinados a financiar el aumento de las prestaciones de los jubilados de mayores ingresos y el pago de los acuerdos que alcance la Anses con quienes reclaman por la mala liquidación de sus haberes. La meta es terminar con la litigiosidad. Sin embargo, como los índices elegidos para la actualización de los haberes están por debajo de los montos validados por la vía judicial a partir del fallo Elliff de la Corte Suprema es improbable lograr la terminación de las demandas.

Al blanqueo y la “reparación histórica” para los jubilados, la legislación promulgada en el Boletín Oficial suma el lanzamiento de una reforma integral del sistema provisional, la creación de un régimen de regularización de deudas tributarias, la eliminación gravámenes a los activos de las personas de mayor patrimonio (Bienes Personales) y de las empresas que los poseen pero no los aplican a la actividad productiva (Ganancia Mínima Presunta).

Otro de los puntos cuestionados de la ley es que habilita la (re)privatización encubierta de participaciones accionarias en poder del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Asimismo, el texto incluye la legitimación de los acuerdos firmados con los gobernadores para una restitución paulatina del 15 por ciento de la coparticipación que se le asignaba a Anses.

Blanqueo

La intención oficial es que el blanqueo esté operativo desde los primeros días de agosto. En el Banco Central, la AFIP y el Palacio de Hacienda están convencidos que el “sinceramiento” será encabezado por individuos antes que por sociedades. Por eso, aunque la amnistía tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2017, la puesta en marcha en dos semanas garantiza a esos blanqueadores un plazo de cinco meses con el esquema más accesible de penalidades ya que a partir del año próximo se incrementará el costo. La exteriorización de capitales permitirá declarar bienes o divisas que fueron ocultados a la AFIP. Deberán pagar una tasa general del 10 por ciento, aunque en el caso de los inmuebles se reduce al 5 por ciento. Las sumas de dinero blanqueadas en efectivo hasta 305.000 pesos pagarán 0 por ciento y hasta 800.000 pesos el 5 por ciento. La operatoria no exige el ingreso del dinero al país sino sólo su declaración.

Los punitorios desaparecen cuando la regularización se realiza a través de la compra de bonos a tres y siete años. Para suscribir los títulos de corto plazo los interesados tienen hasta finales de septiembre pero quienes se lancen a los papeles de mediano plazo el período se extiende durante todo lo que resta de 2016. La apuesta de la Secretaría de Finanzas, promotora de esos instrumentos, es que los interesados se vuelquen a los bonos a siete años ya que su adquisición exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a tres veces el monto suscripto.

Desde la AFIP aseguran que los avances en su capacidad de investigación e intercambio de información operarán como un estímulo a la regularización para los argentinos que tienen fondos en las principales plazas financieras como Suiza. De todas formas, la Casa Rosada accedió al reclamo realizado desde el sector privado y limitará la capacidad de la Unidad de Información Financiera para cooperar con otras agencias en la investigación de delitos vinculados al blanqueo contemplada en el Artículo 88. También se están terminando de delinear aspectos prácticos en el Banco Central vinculados a las cuentas bancarias especiales donde quienes procedan a blanquear dinero en efectivo deberán colocarlo. Según trascendió, quienes utilicen esa vía quedarán eximidos del impuesto al cheque.

Pago a jubilados

La “reparación histórica” implica declarar la emergencia en litigiosidad provisional. La medida permite al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron contra la Anses por la mala liquidación de sus haberes. Se crea también una Pensión Universal a la Vejez, con la cual podrán jubilarse hombres y mujeres que no tienen todos los aportes a partir de los 65 años, cobrando el 80 por ciento del haber mínimo.