A raíz de la suspensión del tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires, la distribuidora Edenor envío ayer una carta a la Bolsa de Comercio en la que aseguró que la medida llevará a “poner en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el Mercado Eléctrico Mayorista, la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80 por ciento”. De este modo, la empresa busca presionar a la justicia para que le de luz verde al ajuste, pese a que el gobierno no realizó la audiencia pública que exige la ley como paso previo a la modificación de las tarifas. Junto a los presagios tremendistas sobre lo que podría pasar si no autorizan las subas, resurgieron en los últimos días los cortes de luz. Según el ENRE, el jueves hubo 152.785 hogares afectados por interrupciones en el servicio en numerosos barrios de Capital Federal y Gran Buenos Aires y los problemas continuaron durante el día de ayer.

En la carta enviada a la Bolsa, Edenor aseguró que las cautelares que suspendieron el tarifazo “provocan que el 80 por ciento de los usuarios pasarán a abonar por el suministro eléctrico las tarifas vigentes hasta enero de 2016”, aunque no está claro como se llega a ese porcentaje pues en Capital Federal la suba sigue vigente. La distribuidora aseguró además que para “más de 30 por ciento de los usuarios la suspensión aplica retroactivamente a febrero último, con lo cual recibirán créditos en las próximas facturas de lo abonado en virtud de los aumentos tarifarios entre ese mes y junio pasados. Dichos créditos implicarían que los usuarios sujetos a medidas cautelares retraoactivas no deban pagar su factura de electricidad por aproximadamente 16 meses”. Esa proyección resulta exagerada, pues si la Corte Suprema ratifica la anulación del tarifazo, el gobierno debería convocar y avanzar con un nuevo ajuste, que podría estar vigente en los próximos meses.