Olocco, Montamat, Apud, Aranguren, Aráoz, Lapeña, Devoto y Guadagni ayer en el despacho del ministro.

–Ministro, ¿se va a convocar finalmente a la audiencia pública que anunció el lunes? –le preguntó Página/12 a Juan José Aranguren ayer durante una reunión que realizó en su despacho con periodistas y de la que participó el grupo de ex secretarios de Energía para manifestarle su apoyo público al Gobierno.

–Bueno, algunos consideraron que era una audiencia trucha, en particular el periodista que me hace la pregunta –replicó el funcionario con una sonrisa cómplice en respuesta a la tapa que publicó este diario el martes, aunque enseguida confirmó que la convocatoria a esa “audiencia informativa ad hoc”, como él mismo la denominó el lunes, quedó oficialmente desactivada apenas cuatro días después. “En todo caso, el plenario de las cuatro comisiones donde voy a asistir el martes es una cuasi audiencia pública”, agregó luego, en referencia a la exposición que realizará en el Congreso en respuesta al pedido de interpelación que solicitó la oposición.

Aranguren convocó a los periodistas al mediodía a su despacho para anunciar que buscará negociar un Acuerdo Federal Energético con el apoyo de los ex secretarios de energía que se enfrentaron al kirchnerismo durante los últimos años. Allí estuvieron Emilio Apud, Daniel Montamat, Jorge Lapeña, Alberto Devoto, Alieto Guadagni, Julio César Aráoz y Raúl Olocco, quienes pasarán a integrar un Consejo Consultivo Federal permanente para trabajar en la búsqueda de consensos para el establecimiento de políticas energéticas de mediano y largo plazo junto al Estado Nacional. Una vez hecha la presentación, Página/12 le preguntó por la “audiencia ad hoc” que el gobierno había prometido convocar entre martes y miércoles a través de una resolución como un gesto a la Corte Suprema para tratar de que le de luz verde al tarifazo. “En lo que tiene que ver con el costo de producir gas o electricidad, lo único que tiene que asegurar el ente regulador es que sean precios de mercado, pero no existe el requerimiento de hacer una audiencia pública. Sí existe la obligación para lo que tiene que ver con el transporte y la distribución como parte de un proceso de revisión tarifaria integral. Por eso cuando políticos, ONG y periodistas dijeron que había que hacer audiencia pública nosotros dijimos que no teníamos nada que ocultar. Podemos hacer una audiencia pública y la llamamos informativa para diferenciarla de la que vamos a hacer en octubre, aunque el mismo lunes las asociaciones de consumidores dijeron que no era suficiente. Por otra parte, a la audiencia hay que convocarla con veinte días de anticipación, pero como la Corte aparentemente va a tomar decisiones la semana próxima la audiencia quedaba para muy tarde. En todo caso, el plenario de las cuatro comisiones donde voy a exponer el martes es una cuasi audiencia pública”, sostuvo el ministro.

Cuando decidió avanzar con los aumentos, el gobierno descartó la convocatoria a audiencias públicas porque quería aplicar los nuevos cuadros tarifarios cuanto antes y las audiencias iban a demorar el cumplimiento de ese objetivo. Esa fue la decisión política y después se buscó la mejor manera de justificarla. En lo que refiere a los precios mayoristas de la energía eléctrica y del gas, Aranguren sostuvo a comienzos de año, como reitero ayer, que no hacía falta convocar a audiencia porque el segmento de la producción está desregulado.

A su vez, cuando le tocó explicar porque tampoco se había hecho audiencia cuando se avanzó con la modificación de los cuadros tarifarios que aplican las distribuidoras, el ministro respondió que en ese caso sí se habían hecho audiencias, pero a mediados de la década pasada. El argumento fue que el tarifazo no era consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) sino de una “adecuación transitoria” que continuaba con una negociación contractual iniciada en 2003 y que todavía no había concluido porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa. “La audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”, aseguraron los abogados del Ministerio de Energía ante la Justicia. En el caso del gas, por ejemplo, según el relato oficial, la audiencia se hizo el 6 de mayo de 2004. El asombroso argumento fue rechazado por la Cámara Federal de La Plata y las subas quedaron anuladas.

Para tratar de revertir esa situación, el lunes Aranguren anunció que realizarían una “audiencia ad hoc”, pero solo para informar sobre los precios en el eslabón de la generación, porque las audiencias para discutir las tarifas de transporte y distribución ya fueron convocadas para octubre, aunque evitó aclarar que esa audiencia de octubre no es para analizar los aumentos que aplicaron a comienzos de año sino para avanzar con la RTI que determinará las subas para el año próximo.

La “audiencia ad hoc” recibió numerosos rechazos porque sería solo informativa y se la quería utilizar para convalidar el tarifazo de manera retroactiva por lo que finalmente se la dejó de lado al tiempo que se incrementó la presión sobre la Corte Suprema para tratar de que el máximo tribunal avale lo hecho sin necesidad de realizar ese simulacro de audiencia.

A su vez, se decidió buscar apoyo político y en ese contexto se sumaron los ex secretarios de Energía para respaldar el accionar oficial, algunos de los cuales ahora son funcionarios, como es el caso de Jorge Lapeña, que se desempeña como director de la estatal Enarsa, y Daniel Montamat, que es director de la petrolera YPF. Todos coincidieron en la necesidad de que el precio de la energía refleje los costos para incentivar la llegada de inversiones privadas e incrementar la producción, pero en la mayoría de los casos evitaron respaldar la decisión del gobierno de no convocar a audiencias públicas antes de haber avanzado con lo aplicación de los aumentos.

–¿Usted hubiera hecho la audiencia pública? –le preguntó Página/12 a Jorge Lapeña.

–No me preguntes eso porque no te voy a contestar –retrucó el ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín.

El único que se animó a respaldar el accionar oficial en ese punto fue Daniel Montamat, ex secretario de Energía de Fernando de la Rúa. “Yo sé que el señor ministro recibió un paciente energético en una profunda crisis. Era un cáncer y frente a los cánceres hay que proceder con urgencia. La audiencia pública se va a hacer en octubre porque no se podía hacer antes sino el paciente iba a tener que seguir sobreviviendo con un tarifario que no garantizaba la sustentabilidad energética”, aseguró.

Por último, Aranguren reconoció que si la Corte Suprema decide no autorizar la aplicación del aumento de hasta 400 por ciento en luz y gas de manera retroactiva, el gobierno incrementará los subsidios para garantizar la prestación de los servicios. “El plan de contingencia son los subsidios y los más pobres terminarán subsidiando a los más ricos”, concluyó.