El miércoles 3 de agosto se publicó en el Boletín Oficial una breve resolución en la que el Ministerio de Comunicaciones autorizó a la empresa New Skies Satellites, propiedad de la europea SES, a brindar servicios en el país con el satélite NSS-806 en la posición orbital 47.5 Oeste. Fue una oficialización de algo que ya venía ocurriendo porque ese satélite había sido autorizado a operar en Argentina en agosto de 2000 en la posición 40.5 Oeste y en 2014 fue desplazado de hecho a la posición 47.5. Cuando SES concretó ese corrimiento, lo hizo para poner el satélite SES 6 en 40.5°. Por lo tanto, desde entonces ambos aparatos operan en tándem lo que le permitió a la firma mejorar su capacidad de transporte de señales audiovisuales HD en América del Sur. La resolución oficial generó inquietud entre los especialistas porque avala parcialmente esa maniobra, aunque el SES 6 todavía no esté autorizado a operar en el país, y lo hace apoyándose en una serie de normas que liberalizaron el sector entre fines de los 90 y comienzos de 2000 abriendo lugar a la competencia extranjera, política que entra en contradicción con la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en noviembre del año pasado. La decisión se toma en medio de una silenciosa, pero fuerte presión que vienen ejerciendo desde el sector privado, e incluso desde adentro del gobierno, para avanzar hacia una política de cielos abiertos satelitales que barrería definitivamente la industria nacional vinculada a esa área espacial.

A partir de los compromisos asumidos por el gobierno de Carlos Menen en la Organización Mundial del Comercio, ratificados por las leyes 24.495 de diciembre de 1994 y 25.000 de julio de 1998, Argentina liberalizó sus servicios de telecomunicaciones en noviembre de 2000. La única excepción fue la provisión de facilidades satelitales ya que en febrero de 1993 el gobierno le había adjudicado a un consorcio extranjero un contrato para la provisión, puesta en servicio y operación del sistema satelital nacional y en el contrato se aclaró expresamente que el Estado argentino no autorizaría a terceros prestadores de satélites extranjeros si no existía un convenio de reciprocidad de tratamiento por parte del Estado al que pertenecía dicho prestador.

La liberalización en parte se produjo porque el gobierno incorporó las condiciones para la firma de acuerdos de reciprocidad en el Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales y luego cerró convenios con Estados Unidos, Canadá, México, España, Brasil y Holanda. En los hechos, esos tratados tuvieron poco de reciprocidad y sirvieron fundamentalmente para que consorcios extranjeros pudieran comenzar a brindar servicios satelitales en el país. Un caso extremo es el convenio con Holanda que le permitió a la europea SES comenzar a brindar servicios en el país en agosto de 2000 a través de los satélites extranjeros NSS 803; NSS 806 y NSS-7, pese a que Argentina no brinda ningún servicio satelital en Holanda.

De ese modo, el andamiaje jurídico quedó armado en la década del 90 para facilitar el desembarco de los satélites extranjeros, aunque cada vez que un operador extranjero quiere ingresar en el país necesita que el regulador le autorice los derechos de aterrizaje. Lo mismo ocurre cuando se solicita un cambio de posición orbital. Por lo tanto, siempre hay un margen de discrecionalidad del regulador para autorizar esos pedidos. “El acuerdo de reciprocidad no es suficiente garantía para que cualquier satélite en cualquier circunstancia pueda entrar a la Argentina o un satélite argentino pueda ingresar en otro país del mundo. Por eso el regulador tiene que dictar un acto resolutivo que le da los derechos de aterrizaje a los satélites, basándose en el acuerdo de reciprocidad y en el reglamento de gestión satelital”, aclaró a Página/12, Miguel Ángel Pesado, presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (Fundtic).

-¿Aunque haya un acuerdo de reciprocidad se podría demorar una autorización? -le preguntó Página/12.

-Absolutamente, por ejemplo, se podría cuestionar que la reciprocidad no se cumple y esa es una razón suficiente como para que no se valide la autorización que se le puede haber dado anteriormente. La autorización no es automática.

La decisión del Ministerio de Comunicaciones de autorizar el cambio de posición orbital del satélite de SES NSS-806 haciendo referencia al acuerdo de reciprocidad y obviando cualquier mención a la ley de Desarrollo de la Industria Satelital lo que se hace es convalidar una mayor liberalización en detrimento de la industria nacional. “La decisión política es clara. Si tuvieran la intención de revisar esa política de liberalización, lo que correspondería es ser más cauto en todos los actos administrativos que se adopten hasta tanto no se revea esa cuestión. Lo lógico sería no hacer cosas apresuradas cuando hay una norma que no tiene lógica y se viene arrastrando desde el pasado”, agregó Pesado. El ingeniero de Fundtic advirtió además que la resolución 274 que autoriza el cambio de posición orbital de SES podría ser la punta de lanza de una serie de autorizaciones que están en carpeta. De hecho, el satélite E 117WA de Eutelsat Américas, lanzado hace poco tiempo, cubre Argentina con banda Ku y podría solicitar autorización para operar. Algo similar ocurre con el SES 6 que todavía no está autorizado en Argentina aunque brinda servicios en el resto de Sudamérica rivalizando con Arsat-1 y Arsat-2. “Hay cuatro o cinco satélites muy grandes, con motores eléctricos y grandes cargas a bordo que tienen una capacidad de ancho de banda ampliamente superior a la del Arsat-2. Eso significa que pueden bajar el precio, lo cual no es malo para la gente, pero para la industria satelital argentina podría tener un impacto devastador”, remarcó Pesado.

La especulación que formula Pesado no es casual, pues en el gobierno hay varios funcionarios que vienen presionando para que se implemente una política de cielos abiertos con el objeto de generar mayor competitividad en el mercado de las telecomunicaciones. De hecho, en las últimas semanas en el Ministerio de Comunicaciones estuvo circulando un paper, elaborado en el sector privado, donde se detalla cual es el impacto del enfoque de cielos abiertos en el desarrollo de la banda ancha satelital, ponderando las ventajas en lo que refiere a la baja de precios, pero sin hacer ninguna advertencia sobre el efecto nocivo que podría tener en la industria satelital nacional.

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