La sospecha de que la voz de Juan José Gómez Centurión aparece en las escuchas que sustentan la denuncia de sobornos para autorizar la importación de contenedores derivó en su inmediato desplazamiento de la Dirección General de Aduanas. El mayor retirado del Ejército aseguró que las acusaciones “no tienen ningún sustento” y lamentó que el gobierno lo haya separado del cargo sin permitirle “tomar conocimiento de la causa” para defenderse. “Ya soy un cadáver político, porque aunque luego la Justicia verifique que no hice nada malo, ya me sometieron a un fusilamiento público”, evaluó el ex carapintada, a quien el titular de la AFIP, Alberto Abad, le comunicó por teléfono su “separación preventiva”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue quien recibió los audios anónimos, no informó públicamente el contenido de la denuncia –que recayó en el juzgado de Ariel Lijo– aunque contó que después de un primer análisis consultó al presidente Mauricio Macri, quien ordenó ir “para adelante”. Funcionarios y aliados del gobierno nacional se mostraron sorprendidos por la respuesta y por el denunciado, hombre de llegada directa a Macri, aunque respaldaron la decisión de separarlo del cargo.

El Gobierno no informó oficialmente sobre la denuncia, pero sí hubo una amplia difusión de los audios de la presentación judicial que realizó el Ministerio de Seguridad y que llevaron a la remoción de Gómez Centurión. El único comunicado oficial, escueto, de la AFIP, dice que “atento los términos de la denuncia”, Abad decidió la “separación preventiva” de Gómez Centurión “hasta tanto la Justicia instruya los actos correspondientes”, y nombró como director interino a Javier Zabaljauregui, que era subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. “El Ministerio de Seguridad recibió un sobre anónimo con una denuncia en la que se alude a Gómez Centurión y a una persona muy cercana a él”, dijo Bullrich. “El sobre incluía unas grabaciones, no videos, en las que una voz parece verosímil que sea Gómez Centurión”, advirtió. “No tengo una opinión formada sobre la denuncia, no me corresponde (sic), pero sí considero que como funcionarios era nuestra obligación radicar la denuncia”, sostuvo la ministra, que consultó a Macri antes de tomar esa decisión. “La respuesta fue que le diéramos para adelante y que radicáramos la denuncia penal, para que sea la Justicia la que determine si hay algo o no”, dijo.

Según Gómez Centurión, la acusación en su contra sería “una devolución de gentilezas” por su denuncia sobre inconsistencias en el régimen de declaraciones juradas anticipadas de importación por 14.000 millones de dólares. “A alguien le rompí las pelotas y las denuncias no tienen ningún sustento. Pero con mi separación ya soy un cadáver, porque aunque luego la Justicia verifique que no hice nada malo, ya me sometieron a un fusilamiento público”, planteó. “Me enteré en la ruta, manejando. Estaba volviendo de Corrientes y me llamó Abad. Le pedí que me dejaran al menos tomar conocimiento de la causa para defenderme pero ya tenían tomada la decisión”, se lamentó. Agregó que “todavía (el jueves a la noche) no hablé con Mauricio”, en referencia al presidente, aunque “con mi suspensión preventiva ya van a fritarme públicamente durante el fin de semana, así que el daño ya estará hecho”.

Además de Gómez Centurión, en la denuncia aparecen involucrados –según los audios que se hicieron trascender– Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias “Cuqui”, empresario paraguayo ex dueño de Lo Jack; Edgardo Paolucci, director de Aduana en el Puerto de Buenos Aires; Rita María Ailán, jueza en lo Contencioso Administrativo Federal; Gustavo Mariscurrena, jefe de courier del aeropuerto de Ezeiza; Julio César Tizado, empleado de Barreiro Laborda; Federico Tiscornia, hermanastro del ex juez Guillermo Tiscornia y empleado de “Cuqui”; Néstor Orlando Frega, alias el “Turco”, empleado de Barreiro Laborda; Ignacio Allievi, subdirector General de Control de la Aduana y Claudio Minicelli, socio de Barreiro Laborda y cuñado del diputado y ex ministro kirchnerista Julio De Vido.

De las conversaciones con que se acompañó la presentación judicial se desprende la existencia de una operatoria dedicada a lucrar ilícitamente. En uno de los audios se escucha a una de las personas involucradas afirmar que están “haciendo caja” en la Aduana y que generan “un palo por día”. En esas charlas se hace referencia a los contenedores en los que llegan los productos del exterior como “latas” y que por cada una de ellas se sacan 30 mil dólares. “Mil latas son 30 palos. Cortita la bocha. Una caja”, dicen, además de dar detalles de cómo cambian datos aduaneros para poder concretar las maniobras.

Gómez Centurión es un mayor retirado del Ejército que tras el retorno de la democracia participó de los levantamientos carapintadas contra el gobierno de Raúl Alfonsín. “Éramos muy jóvenes y había mucho enojo con la cúpula militar, que no terminaba de reestructurar un ejército que había perdido la guerra”, fue la justificación que esbozó cuando arrancó su carrera política. En su curriculum se presenta como “paracaidista y comando, veterano de la guerra de Malvinas”, donde se desempeñó a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín. Se vinculó al PRO hace más de una década como especialista en cuestiones de seguridad y tuvo una activa participación en la Fundación Pensar, usina de ideas del partido de Macri, donde llegó a liderar un equipo de 28 personas con el fin de capacitarlas en temas de Defensa. En octubre de 2012 el entonces jefe de gobierno porteño lo designó al frente de la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de habilitaciones y clausuras. Cuando Cambiemos ganó la elección nacional su nombre figuró como posible candidato a ministro de Defensa, pero su pasado carapintada generó un fuerte rechazo, que incluyó a dirigentes radicales como Ricardo Alfonsín.