No había colapso ni crisis energética. No había gasto público ni déficit fiscal desbordado. No había un monto de subsidios imposible de financiar. No había ausencia de inversiones (pública y privada) en el sector energético por el cuadro tarifario. No había graves dificultades en la generación de energía, casi ninguna en el transporte y sí muchas complicaciones en la distribución. No había fuentes inflacionarias importantes provenientes de esos frentes. Había tensiones importantes en cada uno de estas cuestiones que requerían un delicado abordaje político, económico y técnico para evitar una crisis. El macrismo tenía que intervenir con sintonía fina sobre esas tensiones existentes pero no lo hizo y así terminó gatillando una crisis (inflación, tarifas y fiscal) donde no la había.

La persistencia tarea de fomentar la ignorancia con objetivos inconfesables de lobbista del poder económico y consultores del área energética ha distorsionada la capacidad de comprensión social de la cuestión tarifaria y del relevante papel de los subsidios como salario indirecto para trabajadores y jubilados, como ampliación del ingreso disponible para consumo en las clases medias y la consiguiente expansión del mercado interno y como aporte para aliviar la estructura de costos de comercios y además como mejora de la competitividad de la industria. El permanente repiqueteo durante años de un compendio de falsedades ha facilitado inicialmente la aceptación social de la necesidad de la eliminación de subsidios para terminar con el “populismo energético”. Ahora se ha desplegado una política energética que perjudica a la mayoría de la población y a gran parte del comercio y la industria, sectores sociales que quedaron atrapados en un océano de confusiones.

Hubo y hay una distorsión analítica acerca de la herencia energética. El argumento oficialistas dice que no señalarla inicialmente en el relato macrista fue un error. Eso no es cierto porque sí expusieron su posición antes y ahora, como se puede encontrar en archivos los permanentes cuestionamientos a la política energética del anterior gobierno. Ese lamento en realidad es sólo un reflejo de frustración por la resistencia social al tarifazo. Una cosa es el discurso de campaña para ganar elecciones y otra bastante diferente es la gestión de gobierno. Dar por ciertas esas distorsiones interpretativas acerca de la situación energética, que aún continúan siendo amplificadas por muchos, tiene como saldo el estallido de una crisis como la generada por el tarifazo. El presidente Mauricio Macri impulsó un aumento desproporcionado de las tarifas por impericia política, fanatismo ideológico y, fundamentalmente, por la decisión deliberada de transferir ingresos hacia unas pocas y poderosas empresas energéticas, algunas con estrechos vínculos afectivos y económicos con el macrismo.

El cruce de política y negocios, como el existente entre el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su anterior empleador, la multinacional angloholandesa Shell, queda también expresado en la presencia del “consejo de notables” en el gobierno integrado por un grupo de ex secretarios de Energía. Son ocho ex funcionarios que ejercieron ese cargo entre 1982 y mayo de 2003, desempeño que no fue exitoso para mejorar la situación energética del país pero les valió la confianza del mundo empresario.

Cuentas

El departamento de propaganda y realidad virtual del gobierno había desplegado una estrategia del miedo para presionar a la Corte Suprema de Justicia. Convocó a sus estrellas mediáticas para difundir los riesgos para la sociedad que implicaría el rechazo judicial al tarifazo. Lanzó al ministro Alfonso Prat Gay para que advirtiera que se recortarían recursos de la obra pública o aumentaría el endeudamiento para cubrir la necesidad de más subsidios. También invitó a salir al ruedo a las principales autoridades de los bloques oficialistas en Diputados y Senadores, Emilio Monzó y Federico Pinedo, para adelantar que habría más inflación. Como la política de generación de expectativas positivas es central en el gobierno, ahora se enfrentará al desafío de neutralizar las potentes señales de alerta enviadas a los agentes económicos. Utilizar el miedo como herramienta política puede ser efectiva, como demostró el macrismo con la ley de pago a los buitres, pero es riesgosa cuando no se consigue el objetivo.

Prat Gay señaló que el estado de las cuentas fiscales se debilitaría por el fallo de la Corte. Lo cierto es que con el freno al tarifazo no estarán con un estrés mucho mayor que el que ya ha provocado el ministro de Deshacienda con una serie de medidas que generaron una extraordinaria transferencia de ingresos a sectores concentrados. El déficit acumulado hasta este mes, sin señales de reversión debido a la tendencia recesiva en lo que resta del año, será superior al de 2015. El saldo será peor comparado con cualquiera de los dibujos de la herencia fiscal que muestra el oficialismo. Los ortodoxos más optimistas lo ubican en el 6 por ciento del PIB; otros lo estiran hasta el 8 por ciento, sin incluir las transferencias de la Anses y el Banco Central. La cartera de Finanzas había garabateado el 5,1 por ciento de déficit recibido con esa misma metodología, cuestionada hasta por el Fondo Monetario Internacional. A ese desequilibrio de las cuentas públicas se le suma el generado por el Banco Central que va camino a acumular un déficit cuasi fiscal (resultado financiero negativo) de 150 mil millones de pesos, equivalente al 2 por ciento del Producto Interno Bruto.

Esa estimación fue realizada por la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) en su último informe económico. Indica que la política combinada de aumento de las tasas de interés y fuerte absorción de liquidez vía emisión de deuda (Lebac) está provocando un incremento exponencial del costo cuasifiscal, que en su conjunto superará este año el gasto total en subsidios a la energía que se desembolsó en 2015. FIDE señala que los ingresos fiscales están cayendo como consecuencia de la recesión y revela que el mayor desequilibrio se está atendiendo en parte con un aumento del 73 por ciento de las transferencias de utilidades del Banco Central y la Anses al Tesoro, mecanismo de financiamiento que había sido muy criticado por quienes hoy son funcionarios en Finanzas y en el BC.

La cuestión fiscal no es el nudo principal de la economía argentina. No lo era antes y tampoco ahora. Pero lo es para el mundo de la ortodoxia que desembarcó en el gobierno, y para los economistas del establishment entusiasmados con el macrismo. Para ellos los actuales números fiscales son dramáticos pese a que una porción del gasto público ha sido subejecutado. Quienes son más condescendientes hablan de que ese resultado es consecuencia de la herencia recibida y del necesario “sinceramiento”. Otros más rigurosos apuntan al desmanejo fiscal provocado por la pérdida de recursos presentes (eliminación de retenciones, baja de impuestos) y futuros (reforma previsional con pago de juicios y reajuste del haber a una minoría de jubilados). Es en ese contexto de tensión ortodoxa que el freno al tarifazo suma más presión a las cuentas públicas.

El déficit ortodoxo (del Tesoro y del BCRA) no es expansivo en términos del nivel de actividad económica y de mejora de la equidad puesto que es resultado de una impresionante redistribución regresiva del ingreso. La mayoría de las medidas ha conducido a una caída de los ingresos del sector público y no han mejorado la demanda agregada. Además la posibilidad de amortiguar los disparadores recesivos del ajuste con la inversión pública fue anulada en el primer semestre, y ahora el gobierno promete encender ese motor aunque su efecto estaría quedando neutralizado por el círculo vicioso de deterioro que han sumergido a la economía.

La ortodoxia en el gobierno se debate así entre sus postulados teóricos, las necesidades político-electorales y responder a los intereses de las facciones del poder económico. Esa disputa se expresa en descoordinación en la gestión por la división de responsabilidades en el manejo de la economía. El Ministerio de Finanzas y Deshacienda y el Banco Central van maquillando esas tensiones y creciente desequilibrio de las cuentas públicas con una vertiginosa emisión de bonos en pesos y en dólares, festival que puede desplegarse por la herencia del desendeudamiento que ha dejado la pista libre para el baile en la cubierta del macrismo con banqueros.

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