La Unión Industrial Argentina (UIA) evalúa presentarse como amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Corte Suprema de Justicia, para respaldar el reclamo de cámaras empresarias y sectores productivos por haber sido discriminados del fallo que frenó el tarifazo de gas. El máximo tribunal anuló el aumento para usuarios residenciales, pero la decisión no incluyó a empresas y comercios. La entidad fabril descartó presentarse como demandante porque legalmente estarían imposibilitados de hacer un reclamo conjunto, ante la heterogeneidad de actividades que aglutina. Fuentes de la UIA también reconocen fricciones entre sus socios perjudicados por el tarifazo, principalmente pymes, y los dueños de grandes compañías que se mantienen fieles al macrismo. La UIA participará de la audiencia pública por el gas, prevista originalmente para el 12 de septiembre, reprogramada ayer para el 16 del mismo mes, a las 9 en la Ciudad Autónoma.

La mesa chica de la UIA tuvo ayer reunión de Comité Ejecutivo. El almuerzo contó con asistencia casi perfecta. Sólo se ausentaron dos “pesos pesado”, el titular de FIAT Auto, Cristiano Rattazzi, y el de la Copal, Daniel Funes de Rioja. En el encuentro se analizó “toda la información disponible sobre la política energética necesaria para el desarrollo industrial”, según comunicó la entidad. Para dar ese pantallazo estuvo presente el titular del departamento de Energía de la UIA, Alberto Calsiano, quien detalló el estado de situación e hizo hincapié en los “errores” que cometió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al aplicar el tarifazo. Entre las críticas que hizo Calsiano se destaca el hecho de que Aranguren haya definido un precio en boca de pozo de gas superior a las cotizaciones internacionales.

El otro punto analizado fue el camino legal que transitará la UIA. “El Comité Ejecutivo analizó el impacto del fallo en materia energética y las consecuencias del mismo en el sector industrial. Esta entidad contempla la posibilidad de presentarse como amicus curiae ante la Corte Suprema para aportar toda la información disponible sobre la política energética necesaria para el desarrollo industrial”, detalla el comunicado de la entidad fabril.

Por ahora, todas las acciones legales iniciadas se han realizado de forma individual, pero hay cámaras que buscan la forma de llevar a cabo una demanda colectiva, pese a que el propio fallo de la Corte restringió esa posibilidad. Según explicaron a este diario fuentes de la UIA, se comunicará informalmente a los asociados que, en caso de que decidan ir a la Justicia, contarán con el respaldo de la UIA. Esto es una manera elegante de dar cobertura a sus asociados sin jugarse demasiado en el reclamo y evitar romper lazos con el gobierno nacional. La explicación que ofrece la entidad es que no pueden hacer una presentación judicial porque no hay homogeneidad de sectores, entre los cuales el impacto del tarifazo y el reclamo no es el mismo.

De todos modos, irán a las audiencias. “Se acordó por unanimidad que los equipos técnicos de la entidad participen en la Audiencia Pública que se llevará a cabo el 16 de septiembre, con el objetivo de fijar posición respecto al efecto del cuadro tarifario en el área energética, particularmente en las Pymes industriales. Para la Audiencia Pública serán invitados todos los socios sectoriales y regionales que forman parte de la UIA”, detalla el comunicado.

La audiencia fue reprogramada debido al “notable interés de parte de la ciudadanía en participar”. Según se argumentó en el Boletín Oficial, esta situación obligó al gobierno a postergar cuatro días la audiencia pública para discutir la suba del gas. Al respecto, las asociaciones de usuarios y consumidores presentarán hoy a las 11 un Recurso de Nulidad de la convocatoria de la Audiencia Pública para el 16 por violar la sentencia de la Corte Suprema, que obliga a tratar el valor del Gas en Boca de Pozo y no apenas su traslado al transporte y la distribución. Por su parte, el bloque del FpV en Diputados anticipó que impugnará la audiencia pública, luego de que ayer se rechazara el proyecto presentado en la comisión de labor parlamentaria, el que proponía realizar las audiencias en todo el país y en los tres niveles del servicio: producción de gas, transporte y distribución.