El ministro de Energía, Juan José Aranguren, presentó anoche ante un grupo de periodistas, entre los que estuvo Página/12, la propuesta de aumento de los precios del gas que el gobierno llevará a la audiencia pública del 16 de septiembre. El cambio central con respecto al cuadro tarifario que frenó la Corte Suprema es que el precio de gas en boca de pozo que remunera a las petroleras, el cual en abril había subido en promedio para los hogares de 1,29 a 4,72 el millón de BTU (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27 metros cúbicos), ahora se reducirá a 3,42 dólares y luego se actualizará gradualmente cada seis meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. La remuneración prevista para el transporte y distribución no sufrirá cambios con relación a lo ajustado a comienzos de año y recién se evaluarán incrementos en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de octubre. Con el nuevo esquema, que entraría en vigencia el 1º de octubre, la tarifa residencial promedio sin impuestos aumentará un 203 por ciento respecto a los valores vigentes durante el kirchnerismo, pero siempre tomando como referencia la misma demanda. La nueva propuesta no contempla ningún tope. Por lo tanto, si el consumo aumenta, el precio final de la factura subirá más. También hay que tener en cuenta que ese 203 por ciento promedio regirá hasta el 1 de abril de 2017, cuando entre en vigencia una nueva suba del gas en boca de pozo y, probablemente, nuevas tarifas para transporte y distribución decididas en la RTI de octubre. Esto significa que los valores en el próximo invierno serán mayores. Otro dato clave es que el aumento está calculado sobre las tarifas plenas vigentes desde 2014, pero hay usuarios que venían pagando menos por vivir en la Patagonia, donde los precios eran menores, o por estar alcanzados por amparos judiciales. En el primer caso, el aumento será aún más gradual, mientras que la situación de los beneficiados con amparos se resolverá en la audiencia pública.

La intención oficial es cumplir con el fallo de la Corte Suprema que no sólo exigió la realización de audiencias públicas sino también aplicar “razonabilidad” en las subas. Por ese motivo, Aranguren se encargó anoche de remarcar que el precio del gas en boca de pozo subirá menos de lo que se había ajustado en abril. Lo hizo durante una larga y detallada exposición ante un grupo de periodistas que hoy reiterará ante los jefes de bloque de la oposición en el Congreso, los líderes de los gremios energéticos y los defensores del pueblo. El miércoles será el turno de las empresas del sector y el jueves de las asociaciones de consumidores.

La propuesta anulada por la Corte había llevado el precio de gas en boca de pozo de 1,29 a 4,72 dólares el millón de BTU en promedio para el conjunto de los hogares. Ahora, en cambio, subirá a 3,42 dólares en octubre, un 165,1 por ciento, y luego se ajustará de manera semestral trepando a 3,78 dólares en abril de 2017, a 4,20 en octubre de 2017, a 4,69 en abril de 2018, a 5,27 en octubre de 2018, a 5,95 en abril de 2019 y a 6,78 dólares el millón de BTU en octubre de 2019, cuando el subsidio quedaría reducido a cero, salvo para los beneficiarios de la tarifa social. Aranguren señaló ayer que el precio del gas en boca de pozo representa entre el 55 y el 60 por ciento de la factura. Por lo tanto, ahí está la clave de los ajustes. Otro 9 por ciento corresponde al eslabón del transporte, un 12 por ciento a la distribución y el resto a impuestos.

En la propuesta que se presentará en la audiencia del 16 de septiembre, el precio de gas en boca de pozo subirá menos, pero la retribución correspondiente a transportistas y distribuidoras será la misma que se aplicó en abril. El ministro aseguró ayer que, sin contar los impuestos, el aumento respecto a las tarifas plenas vigentes durante la última etapa del kirchnerismo será de 203 por ciento en promedio. Explicó que en el caso de las categorías R1, R2-1, R2-2 y R2-3, que engloban al 56 por ciento de los usuarios, antes el aumento promedio era de 297 por ciento y ahora sería de 237 por ciento con una factura media por usuario mensual sin impuestos de 107 pesos. Los usuarios R3-1, R3-2 y R3-3, que concentran al 31 por ciento de los usuarios, el aumento antes iba a ser de 235 por ciento en promedio y ahora será de 176 por ciento con una factura media mensual de 371 pesos, mientras que los usuarios R3-4, que representan al 13 por ciento restante, antes iban a pagar un aumento promedio de 174 por ciento y ahora pagarán 122 por ciento promedio con una factura media de 953 pesos. Para el conjunto de los residenciales la tarifa promedio sería de 300 pesos por mes sin contabilizar impuestos, los cuales una vez calculados agregarán un monto adicional de entre 20 y 25 por ciento, según la región. Los valores estarán vigentes hasta abril de 2017 cuando volverían a ajustarse por una nueva suba del precio del gas en boca de pozo, sustancialmente menor a la actual, y de los valores de transporte y distribución, que se actualizarán en octubre cuando se lleve adelante la Revisión Tarifaria Integral.

Los aumentos presentados por el ministro de Energía están calculados sobre las tarifas plenas vigentes desde 2014, pero hay un porcentaje de usuarios que venían pagando sustancialmente menos por vivir en la Patagonia o estar beneficiados por medidas de amparo, como en Mendoza, San Luis y algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. En esos casos, las subas porcentuales que llegaron este año fueron superiores al 1000 por ciento. Para evitar una situación similar, la Patagonia tendrá ahora un esquema más gradual de suba del precio del gas en boca de pozo que recién llegará al valor de mercado en 2022, mientras que la situación de los beneficiados con amparos todavía no está resuelta y se analizará en la audiencia pública, aunque es probable que sigan el mismo camino.

Este año también hubo un porcentaje relevante de usuarios a los que les llegó un aumento muy por encima del promedio porque habían sido bonificados en su factura durante 2015 por ahorrar más de un 20 por ciento con respecto al año anterior. A esos usuarios, la anulación que decidió la Corte no les servirá para eludir el ajuste adicional por la pérdida de esa bonificación que les llegará este año. Por lo tanto, en octubre estarán en la misma situación que el resto, aunque luego de haber pagado un aumento porcentual mayor durante este invierno. Aranguren también confirmó que para pymes y comercios no habrá cambios respecto del tarifario vigente desde abril, complementado luego por un tope de 500 por ciento de aumento, porque la Corte Suprema los dejó afuera de su fallo de mediados de agosto.

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