Las entidades que representan a los usuarios de servicios públicos se preparan para plantear sus críticas de cara a la audiencia pública del próximo viernes. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que impulsó el amparo inicial que terminó en la anulación del tarifazo del gas, presentará este lunes una impugnación judicial en La Plata con el apoyo de otras entidades. En cambio, Consumidores Libres, que dirige Héctor Polino, decidió enfocarse en denunciar las irregularidades durante la audiencia y en todo caso pedir a la Justicia su nulidad si el Gobierno no toma en consideración lo discutido. Más allá de las distintas tácticas, la evaluación de parte de las entidades es la misma: el Ministerio de Energía no está cumpliendo con el fallo de la Corte que exige brindar información sobre cómo se forma el precio del gas en boca de pozo.

En su fallo que anuló el aumento del gas, la Corte sostuvo que la “audiencia pública debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución”. Además, los magistrados advirtieron al Gobierno que “la audiencia no es un evento destinado a que se notifique lo ya decidido; ello implicaría convertirla en una formalidad y a los usuarios, en meros espectadores”.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue explícito días atrás en una reunión que mantuvo con las entidades de usuarios. “El Gobierno considera que no está obligado a mostrar cómo se forma el precio de producción del gas”, dijo. En función de esa interpretación del fallo, el Ejecutivo retacea la información destinada al expediente de la audiencia pública. Los datos podrían aparecer apenas antes de la audiencia o, incluso, ese mismo día. Pero esas variantes no cambian el hecho de que el debate sobre el precio del gas en boca de pozo se volverá una formalidad ante la falta de tiempo para el estudio de la información. Este es el núcleo de las críticas de las entidades.

“Estamos trabajando en una impugnación judicial porque el Gobierno no brindó la información sobre el costo del gas en boca de pozo. Esto va a presentarse el lunes en La Plata”, adelantó a este diario Pedro Sisti, abogado del Cepis, entidad que impulsó el amparo que derivó en la anulación del aumento del gas por parte de la Corte. La presentación podría consistir en un nuevo recurso de amparo o en una denuncia sobre incumplimiento de la sentencia de la Corte. Se hará ante el Juzgado Federal Nº4 de La Plata que encabeza el juez Alberto Recondo, quien en su momento rechazó el amparo presentado por el Cepis, aunque luego el caso recibió el visto bueno de la Cámara y posteriormente de la Corte. De todas maneras, Sisti planteó que si la presentación judicial no prospera, el Cepis asistirá a la audiencia.

Por el otro lado, Héctor Polino, de Consumidores Libres, dijo a Página/12 que “la idea es participar de la audiencia y fijar posición. El Gobierno tiene que explicar cómo se fija el valor del gas en boca de pozo. Además, nos parece que el aumento del 200 por ciento es exagerado para un sector importante de usuarios, tiene que ser más gradual y las empresas deben explicar el plan de inversiones. También hay que modificar las condiciones de acceso a la tarifa social para que sea más inclusiva”. “Vamos a plantear todo eso dentro de la audiencia y después se verá cómo actúa el Gobierno. El fallo de la Corte fue claro en el sentido de que el Gobierno no puede hacer caso omiso de la audiencia. En caso de que incumpla el fallo, haremos la impugnación judicial una vez que haya tenido lugar la audiencia”, agregó.

Pedro Bussetti, de Deuco, contó a este diario que su entidad está evaluando qué hacer, si presenta una impugnación judicial previa a la audiencia o si denuncia la situación durante el encuentro y apuesta al pedido de nulidad a posteriori. “Lo cierto es que la convocatoria a la audiencia no responde a lo que pide la Corte y el Gobierno hace lo posible para que no tengamos la información en tiempo y forma, de modo que corresponde una impugnación”, señaló. En tanto, Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, apuntó que “hay acumuladas una serie de irregularidades que marcan que esta audiencia va hacia una impugnación judicial”.