Hoy vence la prórroga de 90 días en la ejecución del fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que obliga al país a pagar más de 730 millones de dólares al fondo buitre EM Ltd., e importes menos significativos, alrededor de 200 millones en total, a otros tres fondos. Los representantes legales de la Argentina no pedirán una nueva prórroga y lo más probable es que a partir de hoy comience el proceso de ejecución de la sentencia. Si esto es así, los posibles embargos no serán tarea fácil. La clave será la definición de cuáles son los activos realmente realizables.
Cabe destacar que no pueden embargarse los bienes que el Estado utiliza para su representación sino sólo los activos destinados a una actividad comercial, lo que elimina de la lista a muchos bienes con los que se especuló en su momento, como el Tango 01 o las propiedades en las que funcionan las embajadas, todos excluidos por definición. Incluso la sucursal en Nueva York del Banco Nación, un activo claramente comercial, tampoco podría ser sujeto de ejecución al tratarse de una persona jurídica diferente al Estado argentino. No obstante, en este caso en particular no está demás recordar que se trata de una propiedad alquilada.
Técnicos del Ministerio de Economía discutieron ayer por videoconferencia con los abogados del fondo buitre de Kenneth Dart (EM Ltd.), de Old Castle Holdings y de Macrotecnic, entre otros, la extensión del “discovery” de activos que dispuso el juez Griesa. Se trata concretamente de la cantidad de información que el país debe brindar a los demandantes sobre sus activos comerciales. Los acreedores persiguen que esta información incluya no sólo a los que la Argentina poseería en Estados Unidos sino también en todo el mundo, datos que, por obvias razones, el Estado no está dispuesto a suministrar. A pedido de los demandantes, el juzgado de Nueva York ordenó a principios de noviembre pasado, junto con la prórroga de 90 días, que las partes presenten un cronograma de fechas para concretar el rastreo de los bienes antes del 31 de enero. Los abogados de la Argentina sostuvieron en reiteradas oportunidades que el país no posee activos comerciales en Estados Unidos.
Kenneth Dart, en origen un industrial dedicado a la fabricación de envases plásticos que actualmente reside en las Islas Cayman, compró una serie de Bonos Global 2008, uno de los papeles emergentes del ruinoso megacanje, en noviembre de 2001, cuando todos los analistas internacionales descontaban el default argentino y cuando el precio de mercado de los papeles era mínimo. El valor nominal de la adquisición fue de 595 millones de dólares, en tanto que la demanda judicial fue por 700 millones al sumarse los intereses caídos. La generosidad en materia de ajuste del juez Griesa se tradujo en una sentencia por más de 730 millones, bastante más que los 148,75 millones que EM Ltd. obtendría en caso de aceptar la quita del 75 por ciento propuesta por la Argentina.
Dart es un especialista en ganar cifras millonarias a costa de los países endeudados. Ya lo hizo en Brasil, Ecuador y Rusia. La elección del juzgado de Griesa no fue casual. En 1994 consiguió del juez neoyorquino una sentencia favorable contra Brasil por cerca de 1400 millones de dólares.
Como cabe la posibilidad de que los activos comerciales necesarios para cubrir la sentencia simplemente no existan, los acreedores intentan caminos alternativos. Por ejemplo lograr, a través de la aplicación de la cláusula pari passu, interceptar los pagos que la Argentina envíe al FMI o a cualquier otro acreedor. La aplicación de dicha cláusula veda en la práctica la existencia de acreedores privilegiados, porque obliga a que si se paga a uno, se pague a todos. En una jugada fuerte, el estudio jurídico que representa a la Argentina ante los tribunales de Nueva York, Cleary, Gottleib & Hamilton, pidió a Griesa que se expida sobre la pari passu. La respuesta del juez fue “que no existía caso o controversia para decidir”, con lo que la situación quedó indefinida. Pero entre el requerimiento argentino y la respuesta del juez mediaron algunos movimientos. Si Griesa hubiese considerado que correspondía aplicar la cláusula, los organismos financieros internacionales habrían perdido su carácter de acreedores privilegiados. No extrañó, entonces, que tras el pedido de Argentina, tanto la Reserva Federal como el Tesoro hayan solicitado a Griesa que, en interés del gobierno de los Estados Unidos, a la sazón el principal accionista de los multilaterales, y de la preservación del “sistema internacional de pagos”, no disponga la pari passu.