De cara a la audiencia pública para analizar la suba de tarifas para remunerar a las concesionarias Edesur y Edenor, la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera) pidió al gobierno nacional que le condone la deuda que mantienen las empresas con Cammesa, administradora del mercado mayorista controlada por el Estado. Se trata de unos 21 mil millones de pesos que las distribuidoras pretenden que el Gobierno incluya en el Presupuesto en un régimen por el cual el Estado se haría cargo de la deuda de los privados.
Argumentan que el retraso tarifario les habría impedido pagar la energía mayorista. Edesur y Edenor van por todo: tarifas altas y estatización de la deuda. Los especialistas advierten que hay situaciones muy heterogéneas entre las distribuidoras y que hace falta realizar una auditoría en el sector.
Durante la jornada de hoy tendrá lugar la audiencia pública, en donde se efectuará una revisión tarifaria integral para las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor. En principio, está en juego el aumento tarifario del año próximo, que se montará sobre facturas que este año crecieron un 470 por ciento en promedio sin haber pasado por la audiencia pública prevista por ley. Edesur exige un aumento tarifario en promedio del 76,3 por ciento para los usuarios residenciales mientras que Edenor reclama subas más moderadas. Ese será el incremento para remunerar el servicio de distribución, que apenas explica el 40 por ciento de la boleta. El resto quedará definido por el aumento del precio de la energía, que se espera que sea todavía mayor. Además, las empresas plantean que recién dentro de cinco años el servicio eléctrico quedaría normalizado.
Las empresas dejaron en claro su pedido, ahora el Gobierno decidirá en qué grado convalida las exigencias de los privados, previo paso por la audiencia pública. En este contexto de negociación, las distribuidoras de todo el país corrieron el arco deliberadamente: enviaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una nota con fecha del 14 de septiembre firmada por el presidente de Adeera, Carlos Bulacio, en la cual piden que el Estado les condone la deuda que mantienen con Cammesa.
 Adeera agrupa a 47 empresas distribuidoras, desde Edesur, Edenor y Edelap hasta empresas provinciales y cooperativas que operan en ciudades del interior. La entidad pretende que el Gobierno incluya las deudas de las distribuidoras con Cammesa –generadas en las compras impagas de energía eléctrica– dentro de un régimen de estatización de pasivos previsto en el artículo 15 del proyecto de ley de Presupuesto para 2017. En ese apartado se prevé que el Estado se haga cargo de las deudas de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa que opera Yacyretá. Las distribuidoras adeudan unos 21 mil millones de pesos por esa causa. Como Cammesa debía pagarle la energía a las compañías generadoras y transportistas, el descalce financiero de la firma estatal mayorista creció fuertemente en los últimos años. Si el Gobierno no aprueba el pedido, lo más probable es que el sector ingrese en un esquema de refinanciación.
 El argumento de las compañías es que el retraso tarifario en relación a la inflación durante el kirchnerismo impidió a las empresas tener el flujo de caja suficiente para afrontar los pagos mayoristas. Además, las firmas sostienen que este año no pudieron cerrar un plan de regularización de su situación patrimonial, a causa de los fallos judiciales que frenaron el cobro de las boletas de luz que venían con el aumento. El tema viene en carpeta desde comienzos de año, cuando el Gobierno pidió a las empresas que presenten un programa de normalización.
 La situación entre las distribuidoras es heterogénea. En principio, el retraso tarifario de Edesur y Edenor no se replicó en el resto del país. Además, hay casos en los que, en una misma provincia, hay empresas que no pagaron a Cammesa en los últimos años y otras que sí. Por eso, expertos opinan que cualquier medida, incluso el refinanciamiento, debe estar acompañada por una profunda auditoría del sector.