Como ocurriera días atrás, estamos nuevamente frente a una instancia de participación ciudadana, en este caso en relación a la tarifa eléctrica correspondiente a Edesur y Edenor y tiene por objeto evaluar las propuestas para la Revisión Tarifaria Integral (RTI) presentada por esas empresas para el período 2017-2021.

El gobierno nacional tomó decisiones estructurales en materia energética a principios de año por medio de las Resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía. Estableció el aumento del componente eléctrico en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) e indicó al ENRE establecer las nuevas tarifas correspondientes a Edesur y Edenor sin haber llamado a audiencia pública.

Situación semejante se vivió con la tarifa de gas natural, que a diferencia de la tarifa eléctrica tuvo un pronunciamiento judicial de la Corte Suprema declarándola ilegal. Dicho decisorio marcó la obligatoriedad de las audiencias previas a la toma de decisión.

Que aún no contemos con un fallo de Corte en el caso eléctrico es más una cuestión temporal que de factibilidad jurídica ya que los casos son bien parecidos. Esto nos plantea un gran problema. Tanto el Estado como las empresas toman como válido el aumento en el MEM para llevar adelante este llamado a audiencia y posterior confección del cuadro tarifario y con ello buscan legitimar un aumento impugnado judicialmente; por otro lado, plantear aumentos utilizando como base de cálculo esas tarifas ilegales.

En el llamado a audiencia pública, el ENRE puso a disposición las propuestas de ambas empresas, sin más fundamento que sus dichos, donde indican los costos funcionales, cuál es la inversión prevista y finalmente cuánto será lo que pagaremos por el servicio.

Creemos que necesariamente habrá que denunciar la ilegalidad de utilizar como antecedente las resoluciones impugnadas en sede judicial y que cuentan con una sentencia condenatoria en la primera instancia de la Justicia Federal de San Martín. Y con ello también la problemática de que al no contar con datos certeros sobre la instancia conocida como de “generación” es imposible hablar de la razonabilidad de la decisión, principio constitucional que debe tener cualquier decisión administrativa.

Puede que la audiencia pública, así planteada, no logre esclarecer cómo se desarrollan los valores del mercado eléctrico ni cuales son efectivamente las ganancias que tendrán las empresas, dado que esa es la verdadera intención del Gobierno. Pero debemos como ciudadanía apropiarnos de este espacio de debate y no dar por supuestos ni válidos los aumentos, sino exigir y confrontar datos, discursos e intenciones; como también debemos generar la conciencia suficiente para ser veedores de los compromisos de inversión de las empresas y exigir su cumplimiento, dado que el Gobierno está a las claras que no lo hará.

Como dijéramos en la audiencia del gas, hoy tenemos un Estado Nacional cuya política energética está únicamente orientada a generar una renta extraordinaria al sector privado. Pocas dudas quedan que este Estado Pro Empresa ha decidido privilegiar a éstas a costa del pueblo, para que todos los argentinos paguemos por medio de las facturas de servicios públicos márgenes de ganancia que no son justos ni razonables.

Seguiremos estudiando y trabajando para revertir dicha lógica y propender al bienestar general.

* Presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, Cepis.