Cuando está próximo a cumplirse el cuarto aniversario de la puesta en marcha de la Defensoría del Público creada por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), un grupo importante de organizaciones vinculadas a la comunicación y la educación se sumó para expresar su reconocimiento a la labor desplegada por el organismo y para pedir, al mismo tiempo, la continuidad en su cargo de la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, cuyo mandato finaliza el próximo 14 de noviembre. Entre las entidades que expresaron formalmente su respaldo se cuenta la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Popular y Alternativa, varias carreras de comunicación nucleadas en  FADECCOS (Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y Periodismo), el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Prov. de Buenos Aires (SUTEBA), el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo (COMECUCO), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC). La determinación acerca de la continuidad de Ottaviano o su eventual reemplazo está en manos de la Comisión Bicameral de seguimiento de la LSCA y Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).
La Defensoría del Público inició su labor el 14 de noviembre de 2012 a partir de su creación por la LSCA. Una de las principales tareas de la institución ha sido la de visibilizar el derecho a la comunicación tanto frente a los medios de comunicación como ante el Estado. Por sus acciones la Defensoría fue distinguida recientemente con el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva” por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Si bien este tipo de organismos de defensa del público existen en otros países, su puesta en práctica en la Argentina significó un aporte sustancial en materia de derechos ciudadanos de la comunicación. No obstante que en su modalidad actual deviene de la LSCA aprobada durante el gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner, la idea de la figura del “defensor del público” se remonta en la Argentina a 1988 cuando apareció en una propuesta de ley elaborada por Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE), un organismo creado por el entonces presidente Raúl Alfonsín y al cual se le encomendó elaborar un proyecto de ley de radiodifusión que sustituyera a la norma puesta en vigencia por la dictadura militar.
Además de recibir reclamos, consultas y denuncias provenientes de todo el país y de promover el derecho a la comunicación, la Defensoría alentó la participación y el debate y desarrolló una tarea pedagógica en la formación crítica de las audiencias. Una muestra de la recepción que ha tenido la labor de la Defensoría queda plasmada en un total de 9.162 reclamos, consultas y denuncias recibidas hasta el 31 de septiembre pasado y referidas a 10.853 temáticas diferentes. Los reclamos o consultas crecieron un 35 por ciento entre 2012 y 2016.  
Como parte de la misma tarea el equipo profesional de la Defensoría hizo audiencias públicas para recoger las opiniones de los distintos públicos ciudadanos, elaboró guías para la cobertura responsable de diferentes temáticas, resolvió las presentaciones recibidas, entregó becas para la formación de especialistas en comunicación no sexista, realizó talleres, seminarios y cátedras; trabajó con instituciones del Estado, organismos públicos, organizaciones internacionales; asesoró la creación de radios comunitarias, recorrió todo el país y capacitó audiencias.
  También como respuesta a las demandas y reclamos recibidos la Defensoría del Público produjo recomendaciones varias destinadas a los medios y a los periodistas, como parte de la labor pedagógica vinculada al ejercicio de la comunicación. Entre otras iniciativas se generaron recomendaciones sobre el “tratamiento en los medios de comunicación audiovisual de violencia contra las mujeres”; para “abordajes mediáticos sobre niñas, niños y adolescentes extraviados o que han abandonado su domicilio”; “sobre cobertura de temas de salud y ambiente en medios públicos” y acerca de “abordajes sobre LGTTTBIQ para medios audiovisuales”.
El organismo a cargo de Ottaviano elaboró además siete “guías para la cobertura periodística responsable” como resultado de 39 mesas de trabajo generadas con ese fin. De estas guías se difundieron 23.000 ejemplares. A través del programa “la Defensoría va a la Escuela” se vieron favorecidos 735 niños, niñas y adolescentes de 28 establecimientos educativos de todo el país. Otro de las programas, titulado “la Defensoría va al Barrio” permitió llegar a 288 participantes a través de 39 talleres.  
Por otra parte comunidades campesinas, de pueblos originarios y medios comunitarios también recibieron respaldo de la Defensoría para iniciar o consolidar sus iniciativas de comunicación audiovisual mediante la formación y la capacitación. Todo lo anterior deja en evidencia que además de su función de contralor respecto de la actuación de medios, periodistas y el Estado respecto de la comunicación, la Defensoría eligió también desarrollar una tarea positiva de educación y promoción de derechos.
Para recorrer el país se creó la “Defensoría Móvil” que cuenta con un estudio de radio, de televisión, biblioteca, espacio de toma de reclamos, consultas y denuncias y la posibilidad de dictar clases para 40 personas.
Dado el desarrollo de la experiencia la Defensoría se  convirtió en fuente de consulta y asesoramiento para instituciones afines de otros países latinoamericanos y fue seleccionada como el representante de la región ante Defensorías de otros continentes y organizaciones internacionales de derechos humanos. La Defensora del Público de Argentina, Cynthia Ottaviano, fue electa por sus pares como presidenta de la Organización Interamericana de Defensores y Defensoras de las Audiencias (OID) y organizó dos encuentros, uno en Buenos Aires y el otro en Cartagena (Colombia). Desde mayo de 2014, Ottaviano forma parte del comité directivo de la Organization of News Ombudsmen (ONO).