A mediados de octubre el Gobierno lanzó una campaña publicitaria para mostrar los avances en la obra pública alrededor del país durante la primera parte de su gestión. “Empezó el plan de infraestructura más ambicioso de la historia”, remata la voz en off después de ochenta segundos en los cuales se enumera el listado de obras iniciadas durante los primeros diez meses del gobierno de Mauricio Macri. Incluso si se ignoran las “imprecisiones” del relato que presenta como novedosos proyectos que vieron la luz durante el anterior gobierno, el optimista y federal escenario presentado en el spot contrasta con los datos oficiales. El financiamiento estatal para inversiones en las provincias acumula una retracción del 15,5 por ciento interanual entre enero y septiembre. La caída está expresada en términos nominales, 7680 millones de pesos menos que los contabilizados en el mismo período del año pasado, por lo que no dimensiona el efecto de la aceleración inflacionaria sobre el poder de compra de ese fondeo. El otro componente del gasto público destinado a financiar inversiones en infraestructura, aquella porción determinada directamente desde la Casa Rosada, anota un alza interanual de 13,3 por ciento a lo largo de los primeros tres trimestres del año, guarismo que también representa una contracción cuando se contemplan los aumentos de precios.
“La Argentina, según todos los economistas, va a crecer más del 3 por ciento. Veo un proceso de inversión grande, real en el campo. Un avance enorme de la obra pública, donde estaba parado”, pronosticó el presidente Macri durante la última entrevista concedida a La Nación. De hecho, en septiembre los gastos de capital comenzaron a mostrar una incipiente reactivación. En la comparación con el mismo mes del año pasado las erogaciones destinadas a las provincias subieron 3,5 por ciento interanual mientras que el componente de la inversión real directa aumentó 45,0 por ciento. Sin embargo, esa mejora no alcanza para quebrar la trayectoria contractiva y tampoco se tradujo en un repunte relevante en las ventas de insumos y los niveles de empleo en la construcción. El último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ofrece algunos elementos para profundizar la comprensión de ese desempeño. Con caídas acumuladas en los primeros nueve meses del año de entre 9 y 89 por ciento el desplome de la inversión estatal se concentró en los programas para la construcción de viviendas alrededor del país, la urbanización de villas y asentamientos precarios, las obras hídricas, el sector energético, los proyectos de innovación tecnológica y la educación.
La excepción a ese escenario son las inversiones viales para rutas pero, según evidencia el informe de ASAP, la contracción acumulada se extiende sobre aquellas iniciativas para el mejoramiento en localidades rurales y la construcción de infraestructura social como centros de usos múltiples, salas de primeros auxilios, infraestructura hospitalaria y clubes. “Hay una decisión del Gobierno para que el Estado esté más presente”, aseguró la semana pasada el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. El mismo funcionario aseguró dos meses atrás que “vamos a incrementar la inversión en infraestructura. Pasaremos de alrededor de 2 a 6 puntos del PBI, por lo que la inversión en infraestructura pasará de poco más de 10 mil millones de dólares a más de 25 mil millones de dólares en 4 años”.
La escasez en el flujo de recursos para obras en provincias y municipios, conceptos fundamentales para apuntalar las economías regionales, es inédita en la última década. “Mientras que en crisis la de 2009 se observó una vigorosa respuesta anticíclica de la inversión pública frente a la reducción del ritmo de crecimiento, este año la política es enteramente procíclica”, explicó el economista Fabián Amico durante una conferencia realizada la semana pasada en la Universidad Nacional de Moreno (ver aparte). De acuerdo a sus estimaciones para mitigar el impacto sobre el nivel de actividad de la crisis internacional y la sequía, los gastos de capital para obras de infreaestructura crecieron en 2009 entre 50 y 70 por ciento en términos interanuales con niveles de inflación del orden del 15 por ciento.
El comportamiento de la obra pública en 2016 no se explica por una supuesta falta de recursos sino que represente una decisión política. El informe de ASAP es contundente: “las transferencias presupuestarias a provincias y municipios sumaron 77.000 millones de pesos en nueve meses, alcanzando un incremento del orden del 17,6 por ciento. Persiste un muy fuerte impulso en las transferencias corrientes (120 por ciento en nueve meses), contrapesadas por las transferencias de capital (-15,5 por ciento entre enero y septiembre)”. Mientras que las provincias requieren celeridad en las transferencias para gastos corrientes esenciales para el pago de salarios y jubilaciones, el fuerte ajuste en los gastos de capital es justificado desde el oficialismo con una serie de denuncias e irregularidades vinculadas a ese universo durante el anterior gobierno anterior. Explican además que la caída fue por una redistribución presupuestaria entre ministerios y por el pago de las deudas acumuladas.
Dentro de la nueva configuración económica uno de los objetivos del gobierno es lograr una reducción del déficit fiscal que en el marco del ajuste recesivo dispuesto por las autoridades no fue alcanzada. “Hoy el déficit lo estamos cubriendo con deuda. El déficit se cubre bajando el gasto público o con endeudamiento o con inflación. No hay magia. Bajar el déficit es de a poquito, pero es traumático. Nos estamos endeudando para pagar el déficit que no estamos cortando porque políticamente, socialmente, ir más rápido”, lanzó Macri al develar las razones de la contracción del gasto menor de lo pretendida. Sin posibilidad de una revitalización de la inversión privada y ante la ausencia del prometido programa estatal de infraestructura que permita dinamizar la actividad, la verdadera apuesta del Gobierno reside en el ingreso de capitales financieros, el endeudamiento y la apertura comercial, una estrategia que exacerba la vulnerabilidad de la economía argentina.