Con la mirada puesta en las elecciones legislativas del año que viene una de las principales apuestas oficiales para impulsar la obra pública es la ley de Participación Público Privada. La normativa, que mañana podría convertirse en ley, propone “seducir” a los inversores mediante la concesión de beneficios a las empresas que, por ejemplo, podrán actualizar sus contratos por la inflación y dirimir juicios en tribunales internacionales al tiempo que los exime de cumplir con gran parte del marco regulatorio vigente.  
“Vamos a incrementar la inversión en infraestructura. Pasaremos de alrededor de 2 a 6 puntos del PBI, por lo que la inversión en infraestructura pasará de poco más de 10 mil millones de dólares a más de 25 mil millones de dólares en 4 años”, expresó el ministro de Interior y Transporte, Rogelio Frigerio, dos meses atrás. Desde la Casa Rosada aseveran que, para alcanzar esos resultados, es necesario contar con las herramientas previstas en la ley que será debatida mañana en la Cámara alta. 
“La ley es muy importante porque va a poder acelerar el proceso de inversión en infraestructura”, consideró el funcionario hace algunas semanas al precisar que la propuesta “replica en gran medida las experiencias de países que han hecho las cosas bien”. Entre esos países donde “el esquema participación público-privado ha sido sumamente eficaz”, Frigerio enumeró a México, Colombia, Perú y Chile. A pesar del optimismo exhibido por los funcionarios, un informe elaborado por el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis advierte que “en América latina  los esquemas de asociación público-privada (APP o PPP) generaron efectos negativos sobre la distribución del ingreso y la recaudación fiscal”.
De acuerdo al análisis realizado por el economista que coordina la carrera de Economía de la Universidad Arturo Jauretche, la canalización de la inversión pública a través de los esquemas de APP resultó en un incremento del endeudamiento externo por encima de lo necesario, afectó los ingresos fiscales debido a las exenciones exigidas por los inversores externos, los proyectos mostraron mayores costos de ejecución y se incrementaron los pasivos contingentes. “Lejos de lo que se presenta en el debate actual en Argentina, la APP dista de ser una novedad en la región. De hecho, estas iniciativas comenzaron a aplicarse en nuestra región a inicios de los 90 debido a un consenso ideológico que le daba mayor importancia al sector privado por sobre el público. La APP es uno de los componentes del Consenso de Washington”, enfatiza Alvarez Agis.
Por su parte, el ex director de investigaciones de la Internacional de Servicios Públicos, advierte sobre los excesivos beneficios que ofrecen al sector privado el entramado legal impulsado por el nuevo gobierno para incentivar la inversión en infraestructura. “La experiencia de los últimos 15 años muestra que las APP son una modalidad costosa e ineficiente de financiar la infraestructura y desviar la inversión del gobierno de otros servicios públicos. Las asociaciones público-privadas ocultan el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios”, sostiene Hall en un informe publicado el año pasado. Asimismo, el profesor de la Universidad de Greenwhich sostiene que “generalmente las asociaciones público-privadas empeoran las condiciones laborales de los trabajadores y su organización colectiva en sindicatos”.