Los problemas contractuales con Aguas Argentinas no son las primeras peripecias en una privatización de este nada inodoro servicio. El episodio inaugural data de fines del siglo XIX, en un escándalo protagonizado por Miguel Juárez Celman, llegado al poder en 1886, y su ministro Wilde, con la banca Baring del otro lado. Esa historia, detalles desopilantes incluidos, fue reconstruida por el ingeniero, físico e historiador Israel “Cacho” Lotersztain, en base a un periódico marxista de la época, El Obrero, cuyo antecesor fue Vorwärts (Adelante), fundado por inmigrantes alemanes socialdemócratas. Lotersztain explicó a Página/12 que los grandes diarios, consustanciados con el poder, se cuidaron de reflejar la verdad de lo sucedido. Pero el 18 de julio de 1891, El Obrero titulaba: “Jaque mate. El ex Presidente Juárez Celman y su Ministro del Interior Eduardo Wilde, denunciados por coimeros”. La denuncia provenía de Londres, la metrópoli. Lotersztain pertenece al CeDinCI, Centro de Documentación e Investigación de Izquierdas en la Argentina, entidad que realiza un valioso trabajo de recuperación histórica.
Juárez Celman había resuelto privatizar Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, las primeras de Sudamérica, pese a la generalizada opinión adversa. Hasta Julio Argentino Roca, ex presidente y líder del oficialista PAN, escribía: “Yo aconsejé en contra pero no me hicieron caso... A estar por estas teorías (privatizadoras) de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la Aduana, al Correo, al telégrafo, a los puertos...”. Como se advierte, las recientes controversias en torno de la cuestión no son muy novedosas.
En junio de 1888 fue entregada la concesión por 45 años a una subsidiaria de la Baring: The Buenos Aires Supply and Drainage Co., a cambio de 21 millones de pesos oro. La casa bancaria –explica Lotersztain– se comprometió a suscribir el empréstito necesario para el pago de esta suma en tres cuotas y para proveer los fondos requeridos para la continuación de las obras. Pero la privatización fue un fracaso.
Lord Baring retuvo especulativamente los títulos recibidos, esperando lanzarlos al mercado a mayor precio porque la Argentina hacía furor. Pero debió hacerlo cuando ya empezaban a llegar a Londres las primeras noticias de la crisis nacional, que estallaría en 1890, desalojando a Juárez Celman. Lord Baring sólo pudo colocar un 35 por ciento de las acciones de la emisión, debiendo afrontar el resto con fondos propios. El Banco de Inglaterra acudió en su auxilio porque su sobreexposición al riesgo argentino lo estaba hundiendo.
Mientras tanto, en Buenos Aires la concesionaria pretendía tarifas más altas y cobrar en divisas tras la devaluación de la moneda local. La concesión tuvo que ser finalmente rescindida. Carlos Pellegrini arribó a un trabajoso acuerdo en 1891 con los ingleses. También entonces la Argentina estaba en default (situación en la que se mantendría técnicamente hasta 1906), por lo que la concesionaria se resistía a recibir títulos a largo plazo.
Los accionistas, dueños de aquel 35 por ciento, sintiéndose estafados, se reunieron en Westminster Hall, recinto con que la Bolsa londinense contaba para esos avatares. El South American Journal envió a cubrir el agitado encuentro. Su cronista contó, en el número de mayo de 1891, que un tal Mr. Burstall preguntó al Honorable H. R. Grenfell, designado por Lord Baring para presidir la empresa, si “las 322 mil libras esterlinas pagadas a Mr. Celman y Mr. Wilde podrían ser recuperadas”.
El interpelado ofreció una ironía por respuesta: “Creo que es lo mismo que preguntar –comparó– si el rey James I devolverá lo recibido por la concesión del New River Canal”. Hete aquí que ese monarca, hijo de María Estuardo y sucesor en el trono de Isabel I, llevaba unos 270 años muerto. Pero la dirección del Journal calificó de “disparate histórico” esa mención, precisando que Jaime Primero había aportado dinero del tesoro real para terminar el canal londinense, de manera que el rey no había sido un coimero sino un socio inversor. En cambio, según el periódico británico, Mr. Celman y Mr. Wilde cobraron por adelantado y en efectivo, sin haber puesto nada.
Aunque 322 mil libras era en aquellos tiempos una suma exorbitante, a nadie podía sorprender en Inglaterra un soborno en Sudamérica, y menos a gobernantes argentinos. Aquí, en cambio, estalló el escándalo cuando por barco llegaron a Buenos Aires unos ejemplares del Journal. El Obrero se preguntó si “la liga oficialista Pellegrini, Roca, Mitre” seguiría “garantizando la impunidad de los coimeros y de los ladrones públicos”.
Juárez Celman, ex catedrático de Derecho en la Universidad de Córdoba, exigió al Journal que se retractara, amenazando a sus redactores con un juicio, que inevitablemente perderían porque “el soborno es siempre indemostrable, pues requeriría para comprobarlo el testimonio de quien pagó, quien a su vez con ello se autoincriminaría”, en cierto modo a la Pontaquarto. Esa cínica defensa del ex presidente implicaba toda una confesión.
“En la Argentina, Mr. Celman, quizá sea indemostrable un soborno –publicó en respuesta el Journal–. Pero le aclaramos que aquí es diferente. Se ha hecho muchas veces y los culpables están en la cárcel.” A su vez, como más tarde el presidente Luis Sáenz Peña se negó a seguir entregando bonos, la casa Rothschild, involucrada con garantías ante el Banco de Inglaterra, pidió al gobierno inglés que despachase navíos de guerra al Río de la Plata. Pero el liberal premier Gladstone rechazó la pretensión: “El gobierno de Su Majestad no intervendrá con las armas para beneficiar a los súbditos que inviertan imprudentemente en el extranjero”. Una temprana versión del moral hazard (riesgo moral).