El Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (CGAB), que representa a acreedores con aproximadamente 37.000 millones de dólares en títulos de deuda pública, anunció ayer su decisión de retirarse de los grupos consultivos de acreedores establecidos por el gobierno argentino.
La decisión de los acreedores tuvo lugar en momentos en que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, sostenía que “los países del G-7 tienen que aceptar que no hay plata pública para salvar a los bonistas privados” como en la década del 90 y que “las reglas de juego las cambió la comunidad financiera internacional”, no el gobierno argentino (ver nota aparte).
Por su parte, el CGAB señaló a través de un comunicado que los grupos “no son el foro correcto para una negociación significativa de la reestructuración de la deuda” y, por tanto, “no participará más” en ellos.
El Comité integra a acreedores institucionales y privados de Italia, Alemania, Suiza, Austria, Japón, Francia y Estados Unidos que participaron inicialmente en la negociación con grupos consultivos, tal y como proponía el Gobierno, y que ahora rechazan esa fórmula.
Así sigue la puja entre representantes de bonistas y Roberto Lavagna sobre la propuesta oficial de quita de la deuda. El retiro de esas organizaciones del ámbito creado por Economía para conversar sobre el plan Dubai es la respuesta que le dieron a la carta del ministro. En esa misiva, Lavagna los invitaba a visitar la Argentina para, además de hablar de la quita de la deuda, mantengan reuniones con organizaciones sociales.
Lavagna sostiene que los acreedores tienen una visión distorsionada de la situación económica y social del país. “Buenos Aires no es referencia para medir el estado de situación”, piensa el titular del Palacio de Hacienda, indicando que “hay que correrse 40 kilómetros de la Capital para percibir en toda su magnitud la grave crisis social”.
La mayoría de los grupos de acreedores, con los italianos como líderes de la rebelión, están presionando con intensidad a los gobiernos del G-7 y al propio FMI para que apuren al gobierno de Kirchner para que mejore la oferta de reestructuración de la deuda en default.