Aún el Gobierno no adoptó una postura definitiva, pero de alguna manera empezó a crear el clima: está en estudio la posibilidad de prorrogar la vigencia de la doble indemnización por despido. Así lo admitieron, en forma coincidente aunque por separado, el ministro de Trabajo y el jefe de Gabinete. La reacción empresaria oponiéndose a la posible medida también estaba en la cuenta: Daniel Funes de Rioja (UIA), Carlos de la Vega (Comercio) y Osvaldo Cornide (CAME) hicieron oír su protesta con argumentos tan remanidos como carentes de sustento: el supuesto aumento de los costos laborales.
La doble indemnización, vigente desde enero de 2002 –cuando fue decretada en paralelo a la declaración de la Emergencia Económica, no bien Eduardo Duhalde asumió la Presidencia–, intentó evitar que los empleadores le hicieran pagar la crisis a sus planteles mediante el argumento del despido. A dos años de aquellas circunstancias, los empresarios consideran superada la situación entonces vigente y reclaman dejar de lado dicho remedio.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, sostuvo ayer que la doble indemnización “no sirve para nada y lo único que genera es una distorsión que amilana a las pymes para tomar nuevos empleados”. “La empresa que anda mal despide igual y lo importante es que se conozca una fecha concreta del levantamiento del régimen”, agregó el empresario.
Para Daniel Funes de Rioja, jefe del Departamento Laboral de la UIA, la prórroga “no se justifica ni por la evolución de la oferta de empleo ni por la de los salarios”. “Mantener la duplicación sería un incremento cada vez mayor de los costos laborales y, además, la ley que va a entrar en vigencia (de reforma laboral, votada esta semana) ya encarece los costos indemnizatorios. Si bien no se aplica a los nuevos contratos, el empleador lo piensa dos veces antes de contratar, porque teme que lo haga en el futuro”, sostuvo.
El titular de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, apuntó que “las condiciones que exigieron la doble indemnización han desaparecido”. “Creo que es una medida que impide reacomodarse a algunas empresas que necesitan hacer cambios, pero no hay un peligro de que se produzcan cesantías masivas porque las empresas están teniendo más empleados y no menos”, consideró.
Con números en la mano, el abogado laboralista Héctor Recalde sostuvo que la situación no es tal como la pintan los dirigentes empresarios. “En 2002 hubo 550 mil despidos y en 2003, 300 mil, así que tengo miedo de que si levantan la barrera nos pise el tren”, ilustró. El asesor de la CGT-Moyano defendió la alternativa de una prórroga y dijo que “sólo en la medida que vaya bajando la desocupación hay que salir de este sistema”.
“Está probado que las inversiones vienen cuando hay negocios y no se guían por el costo laboral. Además, el costo laboral en Argentina es uno de los más bajos del mundo”, opinó, refutando a los voceros empresarios. A su juicio, “la situación se va a normalizar cuando los empresarios dejen de tener el 45 por ciento de sus empleados en negro y el 60 por ciento de la masa salarial en negro” y no cuando se derogue el beneficio para los empleados despedidos.
Tomada no ocultó sus dudas sobre el estado del sector privado en materia de despidos. “Todavía no hay una decisión al respecto, se está haciendo un relevamiento bastante fino (detallado)” para conocer si hay situaciones que podrían derivar en despidos colectivos. Si existe esa eventualidad, “se frena con la doble indemnización”, postuló el titular de la cartera laboral.
El ministro admitió que “si el horizonte fuera alentador, se vería alguna salida” de la doble indemnización pero “si, en cambio, la suma de los datos sobre empleo da que hay más despidos, eso llevaría a una prórroga”. “Primero vamos a recoger los datos y luego lo vamos a conversar con el Presidente”, quien tomará la última decisión, precisó Tomada.Alberto Fernández, por su lado, confirmó que el Gobierno está analizando la cuestión.