Con el dólar arriba de los 3 pesos, no son pocas las empresas privadas con riesgo de default por sus voluminosas obligaciones en dólares. La nómina de las principales firmas con obligaciones negociables en esa divisa está encabezada por Repsol YPF, secundada por las telefónicas, y le siguen otros nombres como el de Pérez Companc, Sociedad Comercial del Plata o Multicanal. Aunque compartan el status de endeudadas en moneda dura, la suerte de cada una de ellas es diversa y depende también de otras variables de su negocio: si exportan, si tienen acreencias pesificadas o insumos importados. Lo que comparten es el común anhelo de que el Estado las auxilie del algún modo, aunque la alternativa del seguro de cambio ya fue descartada por el equipo duhaldista. No tanto por principio sino por la imposibilidad técnica de compensarlas de los devastadores efectos de la devaluación.
Un estudio elaborado por el equipo de economistas del Instituto de Estudios y Formación (IDEF) de la CTA ordena de modo decreciente a las principales deudoras externas que, en conjunto, suman obligaciones negociables por un monto total de 18.787 millones de dólares. Desde principios de enero, sus compromisos externos medidos en pesos se triplicaron. Y, en muchos casos, las que quisieron en este tiempo de turbulencia honrarlos tuvieron, además, que afrontar la dificultad de no poder girar divisas al exterior.
Claro que el peso relativo que las deudas tienen en los números globales de cada empresa es dispar. Muchas endeudadas pertenecen, al mismo tiempo, al selecto club de las exportadoras, a las que las retenciones que dispuso el gobierno de Eduardo Duhalde no alcanzan a hacer mella en el espectacular aumento de su renta. Otras suman a esa prerrogativa el beneficio de la pesificación de su deuda interna, otra de las medidas oficiales que propiciaron una enorme transferencia de ingresos, básicamente de los asalariados y el Estado a grandes grupos de origen local o extranjero.
A pesar de liderar el ranking de endeudadas en dólares, YPF tiene una situación de privilegio relativo, con deuda pesificada (menor en relación a la externa) y perspectivas de incrementar sus millonarias exportaciones, cada vez más redituables. Siderar, por citar otro caso, tiene una deuda de 140 millones de dólares y depende en gran medida de insumos importados como el carbón y el mineral de hierro. Pero a esto contrapone el bálsamo de haber pesificado 1 a 1 una deuda de 60 millones de dólares (que hoy se hubieran transformado en 180 millones de pesos) y la perspectiva de seguir aumentando sus ventas externas, mucho más lucrativas gracias a la diferencia cambiaria.
Loma Negra tiene compromisos externos por 100 millones de dólares. Pero como su producción está destinada al deprimido mercado interno y sus ingresos son en pesos, Amalia Lacroze de Fortabat deberá apelar a una ingeniería delicada para afrontar sus obligaciones en aquella moneda. Igualmente complicada parece la situación de las privatizadas, que recaudan en pesos y tienen millonarias obligaciones en dólares, aunque, a su favor, un mercado cautivo que resulta prometedor a largo plazo.
Bajo el comando de Jaime Campos, la Fundación Invertir encaró el lobby institucional sobre el gobierno para conseguir un seguro de cambio o mecanismo equivalente, que obligara al Estado a cubrir con fondos propios la diferencia entre la actual paridad y el abandonado 1 a 1. Con menos exposición pública, algunas empresas enviaron representantes al Congreso para persuadir a los legisladores de que se trataba de un auxilio imprescindible para garantizar la supervivencia de muchas de ellas.
Pero el propio Jorge Remes Lenicov se ocupó de convencer de lo contrario a los diputados y senadores oficialistas con un argumento de autoridad: el FMI jamás admitiría que el Tesoro asuma la carga de las empresas endeudadas en dólares, porque eso empeoraría la situación fiscal del paísy convertiría en nulo el estrecho margen para proyectar el repago de la deuda pública.
Finalmente, algunas prominentes figuras empresarias terminaron desechando públicamente el seguro de cambio. Es el caso de Oscar Vicente, vicepresidente ejecutivo de Pérez Companc, para quien el Estado debería integrar a las endeudadas a la comitiva oficial de renegociación de la deuda externa. Bajo ese paraguas, las empresas tendrían los beneficios de quita y mayor plazo que conseguiría el Estado.
Las posibilidades individuales de renegociar sus pasivos también son diversas. Muchas empresas, cuyos activos se devaluaron tan dramáticamente como el peso, presumiblemente claudicarán ante la oferta de alguna firma extranjera, acentuando aún más la trasnacionalización de la economía. Otras posiblemente cedan a la presión de sus bancos acreedores, que podrían apelar a la capitalización de sus acreencias. “Lo más factible es que comience una ola de fusiones y compraventas, como ocurrió en México y en Brasil en situaciones similares”, pronostica el economista de la Cepal Bernardo Kosacoff para quien, aún en la peor de las debacles, Argentina no deja de ser una oportunidad de negocios para muchos.