Los planes del Gobierno respecto de un eventual aumento de las jubilaciones quedarán hoy más en claro. El secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, concurrirá esta tarde al Congreso convocado por los diputados de la Comisión de Previsión. El funcionario maneja distintas alternativas de actualización de haberes, que van desde la suba de 20 pesos en las jubilaciones mínimas a la recomposición sólo de los beneficios otorgados antes de 1994. Cada posibilidad implica un esfuerzo fiscal distinto, que es menor en el último caso. Además de las recomendaciones de la cartera laboral, Néstor Kirchner tomará en cuenta la opinión de Roberto Lavagna para tomar una decisión final.
Los jubilados se encuentran entre los sectores más golpeados por el aumento de precios que siguió a la devaluación. Con un superávit fiscal que excede todas las previsiones, al Gobierno se le hace cada vez más difícil demorar una actualización. Por eso comenzó a mencionar que estudia una suba. Los diputados le pedirán hoy a Conte Grand precisiones sobre los planes oficiales.
Página/12 pudo saber que una opción es incrementar sólo las jubilaciones que fueron otorgadas antes de la última reforma previsional, de 1994. En este caso, el ajuste no se limitaría a los haberes mínimos, sino a todos los que fueron concedidos bajo la ley 18.037. Con una visión de caja, esa idea tiene dos ventajas. La primera es que terminaría definitivamente con los juicios al Estado por no otorgar los reajustes que marcaba aquella ley. La segunda, que tiene en cuenta Lavagna, es que el costo fiscal sería menor al de conceder una suba de 200 pesos de la jubilación mínima. La actualización se haría con el Indice General de Remuneraciones –que está determinado por la Ley de Seguridad Previsional– y con el índice que creó la Corte Suprema de Justicia para el caso Chocobar.
Otra opción es aumentar la mínima de 240 a 260 pesos. El costo fiscal en un año rondaría los 500 millones de pesos. Para cubrir ese gasto, el Gobierno debería utilizar una parte del superávit fiscal que está consiguiendo actualmente. Otra fuente de financiamiento vendrá de la suba del tope para los aportes patronales a la seguridad social de los sueldos más altos. El corrimiento del tope, de 4800 a 6000 pesos, le aportaría al Gobierno unos 109 millones de pesos anuales.
El fisco recaudaría 475,9 millones si el tope, en lugar de moverse a 6000 pesos, fuera eliminado de entrada. Pero ése no es el plan de Lavagna. El ministro defiende una supresión gradual, para darlo de baja por completo recién en octubre de 2005. En este momento, en el sector público hay 9684 funcionarios que cobran más de 4800 pesos (con un promedio de 6749 pesos), mientras que en el sector privado ganan más de aquella cifra 55.000 personas (con ingresos promedio de 10.615 pesos).
Además de la cuestión salarial, el Gobierno tiene pendiente la reforma previsional. Lavagna y Carlos Tomada habían avanzado el año pasado en un proyecto de consenso, pero su difusión pública lo abortó. El Gobierno decidió esperar para dar el debate, en parte, porque hay distintas posturas respecto a qué hacer con las AFJP. Lavagna no quiere mover el tema hasta tener cerrado un acuerdo con las administradoras por la reestructuración de la deuda.
Desde otros sectores del Gobierno se muestran más proclives a discutir algunas cosas. La diputada María América González (ARI) presentó ayer un proyecto de ley para que aquellos trabajadores que ingresen al mercado laboral pertenezcan al sistema de reparto, y sólo en caso de opción resulten afiliados a una AFJP. Es decir, al revés de la norma actual. González tiene expectativa de lograr algún apoyo oficial. Desde la creación del sistema privado, 8,5 millones de afiliados a las AFJP, el 50,1 por ciento del total, fueron inscriptos por no ejercer la opción.