Volvió la inflación, y con ella volverá probablemente el famoso ajuste por inflación, que pretende conciliar lo que dicen los números con lo que realmente sucede. Es un mecanismo por el cual se llevan los números del balance a los valores vigentes al cierre del ejercicio contable. Impositivamente pretende restar de las utilidades las ficticias, resultantes de las distorsiones que introduce la inflación. Los contadores están felices con la idea porque los vuelve más necesarios, y pueden así soñar con mejorar su suerte y ganar buen dinero. Será en parte por esto que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se dispone a recomendarle al gremio que apliquen el ajuste para los aspectos contables. De este modo, los tenedores de libros confeccionarán un balance con ajuste, para saber si la empresa en cuestión ganó o perdió plata realmente, y otro en valores corrientes para presentar a Impositiva. “Esto de los dos balances es una tradición argentina, que ni siquiera desapareció con la supresión del ajuste”, aseguró una fuente a Página/12. Por de pronto, el CPCE establecería como límite el 8 por ciento de inflación anual: traspuesta esa raya corresponderá corregir las cifras, limpiándolas del efecto inflacionario. Está demás decir que, si ése es el límite, el ajuste está asegurado. Pero el Gobierno no mira con simpatía la cuestión porque se resiste a aceptar por ahora que la inflación volvió para quedarse. De todas formas, tomar una decisión se tornó urgente porque incorporar el ajuste para la determinación del impuesto a las Ganancias constituye un complemento al proyectado impuesto que impulsa el duhaldista Carlos Brown, hoy diputado nacional bonaerense, y pretende gravar por única vez la pesificación de deudas en dólares por parte de las empresas. En un contexto inflacionario, esa conversión de pasivos empresarios de dólares a pesos a una paridad 1 a 1, completamente desbordada por los acontecimientos, generará fuertes beneficios en la medida en que diversos activos suban de valor por la inflación.
Otra iniciativa, propulsada en este caso por Carlos Maestro, propicia ampliar la base tributaria del impuesto a los Bienes Personales, conocido como impuesto a la Riqueza, aunque el proyecto es resistido por el justicialista Jorge Matzkin. Hasta el presente, los accionistas argentinos de sociedades constituidas en el país tributan Bienes Personales por su tenencia accionaria. En cambio, si los accionistas son residentes de otros países y están identificados por obra de la nominatividad accionaria, están exentos. En este caso encuadra la generalidad de los propietarios de las privatizadas, que controlan los servicios públicos en la Argentina. Por tanto, serían sus accionistas quienes se verían directamente afectados por esta reforma.
Quizás esto ayude a entender el empeño de Maestro en la cuestión. Bastaría pensar que la familia Madanes, como accionistas de Aluar, industria situada en la provincia de la que fue gobernador el ahora senador, jefe de la bancada radical, se ve desfavorecida en relación a los dueños de Alcoa, el monstruo multinacional del aluminio. Este trato asimétrico gravita con más fuerza, obviamente, en los sectores capitalintensivos (y la industria del aluminio lo es).
Más allá de estos detalles, el tratamiento preferencial que este gravamen, creado en agosto de 1991, prodiga a los accionistas extranjeros es un ejemplo típico de los criterios con que se manejaba el Gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro de Economía. Por otro lado, la masiva desnacionalización empresaria que tuvo lugar a lo largo de los ‘90 ayuda a explicar la escasa recaudación que alcanzó el impuesto a la Riqueza, pese a que Carlos Tacchi, el recordado secretario de Ingresos Públicos, pronosticara un producido anual de 1200 millones de pesos/dólares, que nunca se alcanzó ni remotamente. A medida que se vendían las empresas argentinas, tanto estatales como privadas, sus acciones pasaban a estar en manos de accionistas extranjeros que,nominatividad mediante, quedaban exceptuados. Tampoco faltaron las trampas. Como explica Leonel Massad, muchos accionistas en negro se libraban del impuesto mediante el ardid de formar sociedades nominativas en paraísos fiscales. Impositiva tomaba el dato y no averiguaba más.
Este tributo se propuso gravar los bienes no productivos situados en el país que pertenecieran a residentes o no residentes, y a los ubicados en el exterior pero de dueños argentinos. Sin embargo, en el caso de las acciones se exceptuó a los extranjeros individualizados. No pareció suficiente asegurarle al capital foráneo igualdad de condiciones: como puntualiza Jorge Gaggero, “le garantizaron jugar con ventaja respecto del nacional”. Cuánto dejó de percibir Impositiva a lo largo de un decenio por esa preferencia es un cálculo que nadie ha hecho. En la actualidad, la alícuota de 0,50% por debajo de 200.000 pesos de patrimonio bruto, y de 0,75 por encima. Si esa frontera no es actualizada, muchos contribuyentes pasarán automáticamente de la tasa menor a la mayor. Esta abarcará previsiblemente al grueso de los accionistas de las privatizadas.
El impuesto a las pesificadas, por su parte, no concita unanimidad entre los expertos. Jorge Macón, por citar un caso destacado, se opone a ese tributo porque la pesificación genera beneficios muy dispares según las características de cada deudor. Tomando un caso extremo, una firma cuyos activos consistieran en créditos contra terceros no habría obtenido ventaja alguna. Ejemplo opuesto sería el de la compañía la totalidad de cuyos activos fuesen físicos, ya que ganarán valor con la inflación, mientras la pesificación planchó sus pasivos.
Otro especialista, que prefirió el anonimato, señalaba anoche a Página/12 que el ajuste por inflación, tal como se aplicó en el país desde la dictadura militar, generó desgravaciones ocultas, ayudando a explicar la ínfima recaudación del impuesto a las Ganancias. “Las empresas grandes escondían utilidades con el ajuste, mientras que las chicas evadían directamente”, afirmó. La clave residió en incluir entre los rubros del balance sujetos a ajuste los bienes de cambio, que en realidad subían de valor con la inflación y no estaban por ende expuestos a sufrir sus efectos, como sí lo sucedía con las cuentas a cobrar y las disponibilidades.