Con muchas prevenciones y en medio de sendos conflictos en cada uno de sus países, los presidentes de Argentina y Bolivia suscribieron ayer el convenio que habilita la importación de cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas desde el país del Altiplano, con una vigencia por seis meses pero prorrogable. El gobierno argentino empieza a sufrir las consecuencias de un conflicto con las empresas a las que les interrumpirá el suministro este invierno por falta de gas. El gobierno boliviano, a su vez, enfrenta una dura y ruidosa oposición a la venta de gas al exterior. Las prevenciones provinieron del lado boliviano, que precisamente para calmar las críticas requirió como condición la “prohibición expresa” de derivar el hidrocarburo a terceros países, en implícita e indisimulable alusión a Chile. Con el acuerdo ya firmado, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró con entusiasmo que “no faltará gas durante el invierno en los hogares” y que habrá “fluido para todos”.
La importación de gas de Bolivia sólo resuelve parcialmente el problema de abastecimiento a los centros urbanos, que no sólo está dado por la oferta del fluido sino también por la falta de capacidad de transporte. El límite de los cuatro millones de metros cúbicos de importación diaria está dado, primero, por la capacidad de transporte del gasoducto de Refinor (controlada hoy por Repsol YPF) que va de Pocitos a Campo Durán, que está en pleno proceso de restauración para ponerlo en servicio. Pero también existe un límite de bombeo desde Salta hacia el sur, pasando por Tucumán, dado que no hay en esos tramos capacidad suficiente en la red troncal de TGN como para transportar un volumen mayor.
La condición básica reclamada por el gobierno boliviano fue que el gas que le vende a la Argentina no sea reenviado a Chile. En la práctica, no sucederá así, pero en los hechos el incremento de oferta por importación liberará gas argentino que permitirá cumplir –al menos en mayor medida que si no existiera esa compra al exterior– con los compromisos de exportación al país trasandino. Incluso, esta operación podría ser concretada por las propias empresas productoras que tienen, a la vez, obligación de inyección de gas para el mercado doméstico y contratos de exportación a Chile. Estas firmas podrían comprar el gas boliviano para cumplir con el abastecimiento interno y, a su vez, seguir exportando su propia producción. Las autoridades bolivianas, bajo presión de los grupos de oposición que objetan la venta de gas a la Argentina, prometieron controlar que ello no ocurra.
Al mismo tiempo que Carlos Mesa, presidente de Bolivia, iniciaba su visita a la Argentina, aumentaban las protestas en La Paz. Un grupo de dirigentes indígenas fue detenido, mientras que la principal fuerza de oposición, el MAS –encabezado por Evo Morales–, y la Central Obrera Boliviana, la COB, ratificaban su rechazo a la postura del gobierno.
Kirchner sostuvo que los acuerdos firmados entre Argentina y Bolivia “inauguran una nueva etapa de cooperación e integración más plenas”. Mesa destacó que el envío de gas “responde a un requerimiento objetivo de la Argentina” y va en respuesta a la “solidaridad que tuvo Argentina con su país” cuando, en la década del ’90, prorrogó el acuerdo de compra de gas boliviano “pese a que la demanda estaba ampliamente abastecida”.
El gobierno argentino asumió el compromiso de controlar que el destino de los volúmenes de gas objeto del convenio sea el mercado doméstico “en vista de la escasez del fluido que se encuentra sufriendo”, para lo cual dictará las reglamentaciones correspondientes. En ningún caso el gobierno argentino autorizará, desde la Cuenca Noroeste, la exportación de gas natural a terceros países de una cantidad superior al promedio histórico de los 90 días anteriores a la fecha de suscripción del convenio.
El convenio establece también que tendrán prioridad de exportar e importar el gas aquellas empresas que a la fecha de suscripción hayan manifestado intenciones firmes de realizar estas operaciones.
Una particularidad del contrato es que YPFB, empresa residual remanente de la privatización de la petrolera estatal boliviana, será la encargada de la operación (“agregadora” en los términos del contrato), comprando el gas a las productoras bolivianas y vendiéndolo luego a las empresas argentinas interesadas. El precio al que venderá Bolivia es de 98 centavos por millón de BTU, el doble del vigente durante el congelamiento y pesificación de tarifas para el gas argentino. Sin embargo, aquel valor está muy próximo al que se fijó como meta de los ajustes al precio que se propondrán en la audiencia pública del 6 de mayo.
YPFB ofrecerá el gas disponible a las empresas que operan en Argentina con autorización para comercializarlo. Según el acuerdo, “tendrán prioridad las empresas que al momento de la suscripción de este convenio hayan manifestado intenciones firmes de importar gas natural de Bolivia”. Conforme a los trascendidos, esa prioridad ya se la adjudicó Repsol YPF.